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El ministro consejero de la
embajada paraguaya, Sergio Bestard, presentó ayer el exhorto de extradición,
más dos carpetas con los antecedentes de Rojas y Barrios, en la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Palacio San Martín. Apenas unas horas más
tarde, la Cancillería mostró sus rápidos reflejos: remitió la
documentación al Juzgado federal de Criscuolo, quien quedó a cargo del
trámite de extradición. Este magistrado dictó hace unos días el
arresto preventivo de Rojas, basándose en la orden de captura
internacional librada por el juez de instrucción de Paraguay Jorge Bogarín.
Según la Justicia de ese país, Rojas y Barrios son los presuntos
homicidas de Luis María Argaña, vicepresidente paraguayo asesinado el 23
de marzo de 1999.
Los presuntos partícipes del
atentado contra Argaña fueron descubiertos hace unos días en la
provincia de Buenos Aires. Rojas estuvo un mes detenido en una comisaría
de La Matanza por un delito común, mientras que Barrios fue arrestado el
lunes 28 de febrero en la localidad de Laferrère. Los dos tenían pedido
de captura internacional. Habían sido delatados por Pablo Espeche, hasta
entonces el único detenido por el crimen del vicepresidente paraguayo.
Rojas y Barrios están alojados en la alcaidía del Departamento Central
de Policía. Según sus abogados, recibieron varias amenazas de muerte:
"Si vuelven a Paraguay, saben que sus días están contados".
La espontánea autoinculpación
de Espeche alimentó algunas sospechas: fuentes vinculadas a la causa
afirman que le habrían ofrecido sólo dos años de prisión más un millón
de dólares por adjudicarse la responsabilidad del crimen. Peña Alvarez
cree que sus defendidos son inocentes. "No les da el perfil para ese
tipo de delito --explicó ayer a Página/12--.
A través de estos pibes se va a demostrar que todo esto es trucho."
Peña Alvarez y Stinfale defendieron también a Lino Oviedo, presunto
autor intelectual del asesinato de Argaña, pero no admiten suspicacias.
"Nosotros estamos seguros de que Oviedo no tuvo nada que ver con eso.
Quieren llegar a una solución rápida, como (en el caso Cabezas) fue
Pepita La Pistolera", acusó Peña Alvarez.
Las recientes gestiones entre
Asunción y Buenos Aires parecen allanar el camino para la extradición.
El miércoles pasado el presidente paraguayo Luis González Macchi y
Fernando de la Rúa conversaron sobre el tema, y hace unos días la
embajadora de Paraguay Leila Rachid visitó a Federico Storani para
transmitirle el "agradecimiento del presidente González Macchi"
por la detención de los dos sospechosos. El Gobierno quiere superar el
malestar que provocó el rechazo de la extradición de Oviedo por la
Cancillería menemista.
"Habiendo independencia de
poderes, no tendría que haber incidencia del Poder Ejecutivo en el Poder
Judicial", respondió ayer el abogado Peña Alvarez cuando fue
consultado por este diario. Informe: Martín Piqué
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