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"Recién
puedo expedirme en esta causa porque durante dos años envié oficios a
las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación (se refiere a
Alberto Pierri), para que abran la declaración jurada de Bussi y se
determine dónde fijó domicilio. Nunca lo hicieron hasta hace pocos días",
se quejó ayer el magistrado tucumano cuando explicó por qué demoró
tanto tiempo en determinar si le correspondía a él o a los tribunales
porteños investigar la falsedad ideológica.
Recién hace dos semanas, el
actual titular de la Cámara baja, Rafael Pascual, accedió al pedido del
magistrado por el cual determinó que el ex gobernador había dado una
dirección de Buenos Aires a pesar de ser diputado por Tucumán. Esta es
la razón por la que Maturana decidió inhibirse de continuar con la causa
por entender que el delito se cometió en otra jurisdicción.
Todo comenzó cuando en febrero
de 1998 la fiscal suiza Carla Del Ponte confirmó la existencia de cuentas
bancarias a nombre de varios militares argentinos en ese país. Varias de
ellas pertenecían, y pertenecen, a Bussi. Todo esto derivó en la
apertura de una causa por enriquecimiento ilícito. Maturana solicitó
entonces la remisión de la declaración jurada de Bussi que entregó al
Parlamento cuando fue diputado. La intención era determinar la coherencia
entre los bienes declarados y los realmente pertenecientes. Cuando en una
sesión especial del Congreso se concretó la apertura del sobre, se
confirmó que las cuentas bancarias de Suiza no estaban registradas.
Inmediatamente se inició una causa por falsedad ideológica que recayó
en el juzgado de Servini. Pero en su momento la jueza se declaró
incompetente. Entonces remitió el expediente a Maturana ya que consideró
que existían razones de conexidad entre el presunto delito investigado y
el enriquecimiento ilícito, que sigue en manos del magistrado tucumano.
Con respecto a esta última
causa, Maturana está esperando que se resuelva el recurso de casación
que presentó la defensa del anciano general luego de que la Cámara
Federal de Apelación rechazara la recusación que habían presentado
contra el juez. En caso de que la respuesta fuera negativa, los abogados
de Bussi prevén dilatar más el tratamiento de la causa ya que presentarán
un recurso de queja.
En cuanto a la desaparición de
la menor Mónica Alarcón, de 2 años de edad, ocurrida en marzo de
1977 en Tucumán, el juez anunció que la causa se reactivará a
partir de la semana próxima cuando cite a los querellantes a ratificar la
denuncia. Por otro lado, Maturana se encontrará con Bussi el próximo 14 de este mes, de no mediar otra triquiñuela maquinada por los abogados del dictador. Ese día el juez lo interrogará sobre el destino final de los restos de los ex comandantes del ERP, Mario Santucho y Benito Urteaga, desaparecidos en 1976. Bussi habría expuesto el cuerpo embalsamado de Santucho en 1979, cuando se inauguró un Museo de la Subversión en Campo de Mayo, estando el entonces general a cargo del destacamento.
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