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Un juez desestimó las denuncias por cobro de coimas. Otro procesó a Guillermo Laura por falso testimonio. Pero el autor del "Proyecto 10" ratificó sus denuncias ante Página/12 y reiterará los cargos.
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La denuncia original contra
Dromi por supuesto cobro de coimas en la adjudicación de concesiones
viales por peaje fue formulada por Roberto Azaretto y Luis Montes de Oca.
Posteriormente se agregó a la denuncia las imputaciones formuladas por
Guillermo Laura en un libro publicado en septiembre pasado.
"Veinticuatro horas después que presenté mi libro, el Estado
nacional se suma a la causa como querellante: esto significa que el propio
gobierno convalidó las denuncias", se atajó Laura.
"La investigación
judicial fue muy superficial, limitada a los aspectos formales de los
expedientes --señaló Laura a este diario--, pero no profundizó sobre
los hechos vinculados con el pago de sobornos. Yo agregué (como prueba)
nueve grabaciones (de conversaciones telefónicas con funcionarios y
empresarios actuantes en la licitación), pero los responsables
reconocieron su voz, aunque dijeron que la grabación había sido editada
(compaginada con frases sueltas). Pero el juez no tomó otras medidas para
determinar su veracidad. Podría haber pedido pericias técnicas, ordenar
careos, pero no hizo nada. No ha habido real voluntad de investigar."
El fallo del juez Canicoba negó
los hechos denunciados, y Dromi dio su propia interpretación sobre la
intención de Laura. "El había elaborado por su propia iniciativa el
llamado Proyecto 10 para la construcción de 10 mil kilómetros de
autopistas con el aumento de 10 centavos por litro de combustible --señaló
en una nota dirigida a este diario--, lo que de concretarse le hubiera
significado la ganancia de sumas millonarias en honorarios. Como su
propuesta fue cuestionada por la Cámara Argentina de la Construcción y
el FMI, y descartada por la Cámara de Diputados y la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Privatizaciones, intentó reflotar su iniciativa
atacando el sistema de peaje, al autor de las concesiones viales (Dromi) y
al ingeniero (Eduardo) Baglietto, presidente de la Cámara." Para que
esa iniciativa prosperara, era indispensable que se cayeran las
concesiones por peaje. Laura, ante los argumentos que le adjudican
intereses personales en sus denuncias, respondió: "Tengo 32 años de
actividad en el ámbito vial y de la obra pública, no se puede asociar mi
interés por tener carreteras o buenos caminos con estas denuncias".
Laura fue procesado por falso testimonio por sus imputaciones a
Dromi de haber sido beneficiado con compras de la Comisión Nacional
Protectora de Bibliotecas Populares a una editorial de su propiedad.
Liporaci consideró falsas esas imputaciones, en base a los dichos de
testigos y auditorías contables. Pero Laura no se baja de sus denuncias,
aunque los testigos --incluso los que él presenta-- le sigan jugando en
contra, y deba recurrir a defensores de oficio, a sueldo del Estado. No
porque le falten recursos: cobra una jubilación de privilegio, por su
paso por la función pública durante la última dictadura. "Toda la investigación de Liporaci se hizo en torno a un nombre de fantasía, Editorial Ciudad Argentina, que es de Dromi, pero ni siquiera está inscripta --dijo ante Página/12--. Cuando vimos esto, lo denunciamos al juzgado e informamos que las ventas se realizaron a través de la distribuidora Flamboyan, pero la causa ya estaba cerrada. Elevé una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, porque además se determinó que la Conabip carece de respaldos documentales por las compras de libros, para lo cual contaba con un presupuesto de 4 millones de pesos anuales. El juez se basó en testimonios verbales, pero no se le presentó documentación. Ahora pedimos una investigación en serio."
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