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"No
puedo gastar tanta plata en los viejos. La necesito para la economía."
Es decir, para aumentar la productividad y generar crecimiento. Este
sería, palabras más o menos, el pensamiento actual de José Luis
Machinea, en claro conflicto con sectores políticos de la Alianza y
determinando, de este modo, una parálisis en las iniciativas
oficiales. Como mínimo, y dado que las reformas que se están
discutiendo tendrán aspectos impopulares, nadie movería ninguna
pieza en los dos próximos meses, a la espera de que queden atrás las
elecciones porteñas. Pero ninguno le quita de la cabeza al equipo
económico que el nuevo sistema jubilatorio es demasiado generoso con
quienes se retiran, y excede las posibilidades del país. En cuanto a
la arremetida contra las AFJP para que disminuyan sus comisiones, las
noticias son entre malas y pésimas, como se verá más abajo.
Aunque fue desechada la idea de suprimir la Prestación Básica
Universal para las futuras jubilaciones, existe el propósito de
reducirla, probablemente de los 200 pesos actuales a 150. Un objetivo
obvio es fiscal: achicarle de ese modo el gasto al Estado, que es el
que paga la PBU en todos los casos. Sin embargo, también se querría
redistribuir parte del dinero ahorrado para darle siquiera algo a la
masa de excluidos del sistema. En Economía piensan que la PBU es
mucha plata (todo es relativo, se sabe) para pocos, porque sólo entre
30 y 40 por ciento de la actual población activa reunirá los
requisitos legales para percibirla.
Sobre la manera concreta de
incorporar más trabajadores a la lista de futuros beneficiarios, hay
un repertorio de propuestas pero ningún proyecto delineado. Por
supuesto combatir el negreo, pero también flexibilizar el mínimo de
años de aportes, hoy establecido en 30. Otros proponen ir a una PBU
universal, que ampare a todos los trabajadores que alcancen cierta
edad, independientemente de los aportes, dado que hoy el sistema se
financia fundamentalmente con impuestos generales. Esta clase de
variante fue siempre rechazada por los analistas que defienden los
intereses obreros porque rompe la relación entre el salario y la
jubilación, ruptura que en la Argentina ya fue casi completamente
consumada.
Otro ovillo al que se le
busca alguna punta es el de la reimplantación de la movilidad de los
beneficios, hoy congelados. Desechada la indexación por costo de
vida, prohibida por ley, se explora alguna forma barata de terminar
con el congelamiento y así tener algo simpático que anunciar. Pero
como en el Gobierno hay conciencia de que la nueva reforma previsional
acarreará bastantes costos políticos, ya que serán más las malas
noticias que las buenas, se prefiere postergar toda novedad, incluso
las buenas, porque en su momento servirán para aliviar el impacto.
El paquete incluirá, como
se sabe, un aumento en la edad jubilatoria de las mujeres, aunque sea
llamativa la encarnizada discusión entablada en torno de una cuestión
a la que el régimen de capitalización quita sustento. En un sistema
de cuentas individuales, donde cada trabajador autofinancia su
jubilación, ¿por qué imponerle una edad precisa para el retiro? Ya
hoy admite la ley la prejubilación cuando el afiliado haya reunido
suficiente plata, aunque el Estado no le pague su parte hasta que
alcance la edad legal. Uno de los aspectos curiosos del régimen
vigente es que crea la figura del semijubilado, que lo es para el
sistema privado pero no para el público.
Todos recordarán, hablando
de buenas noticias, la promesa de lograr una reducción del 10 por
ciento en las comisiones de las AFJP. Más tarde se habló de
porcentajes menores. Pero, en la realidad, la rebaja nunca tuvo lugar,
y ahora se cree más posible que las comisiones suban aún más sin
haber nunca bajado. La fuente del aumento sería el seguro de
invalidez y muerte, que es obligatorio para cada afiliado y le cuesta
actualmente alrededor del 1 por ciento de su sueldo. Ese costo podría
dispararse al 1,5 por ciento por el encarecimiento de los reaseguros
(coberturas que a su vez toman las compañías aseguradoras). Los
reaseguradores dicen haber perdido plata el año pasado con estas pólizas.
Así las cosas, en lugar de
presionar hacia una reducción de las comisiones (más del 3 por
ciento del salario), el Gobierno deberá esforzarse por evitar que
suban. En los hechos, la medida concreta que tiene en sus manos para
abaratarlas sigue colgada en el alero. Consiste en asignar los
indecisos a la AFJP que les resulte más económica, para la
correspondiente franja de ingresos. Ahora parece que esta decisión
quedará postergada hasta la futura reforma.
Esta debería ocuparse de
una cuestión crucial, desatendida hasta el momento: qué ocurre
cuando el trabajador llega al momento de jubilarse, toma el dinero
reunido en su cuenta de capitalización y se lo entrega a una compañía
de seguros de retiro (casi todas están vinculadas a las AFJP) para
obtener una renta vitalicia. A partir de esa instancia, asume riesgos
incalculables, el más dramático de los cuales es que la aseguradora
se funda.
Hasta ahora no sucedió nada
de esto, pero es lógico que en una primera etapa no surjan problemas
porque las compañías reciben fondos enteros y pagan pocas rentas.
Las dificultades pueden sobrevenir más tarde, cuando se multipliquen
los perceptores. Es algo similar a lo que, se dice, ocurrió con las
cajas estatales, que al principio se vieron inundadas de dinero, que
fue desviado a otros fines.
La impresión de los
expertos es que las compañías no están sometidas a un control
riguroso por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y
que pueden estar gestándose serios problemas a futuro al fallar la
supervisión sobre las reservas, sobre la calidad de los instrumentos
financieros en que éstas son invertidas y la valuación de esos
activos.
Sin necesidad de llegar a situaciones traumáticas, los nuevos
jubilados se están viendo afectados por la falta de transparencia en
las condiciones de los seguros que contratan. Uno de los vicios
detectados es la utilización de tablas de mortalidad que la
subestiman, con lo cual exageran las esperanza de vida del jubilado y,
consiguientemente, le encogen la renta mensual.
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