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"Nuestras proyecciones
indican que se va a retirar entre 3,5 y 4 por ciento de los empleados en
condiciones de acceder al beneficio", calculó Nicolás Gadano,
subsecretario de Presupuesto. En total, en la administración pública
trabajan 255.700 personas. Pero como el sistema de retiros voluntarios
excluye al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, a los
funcionarios de la SIDE y a quienes puedan jubilarse dentro de los próximos
tres años, aquella cantidad se reduce a unos 100.000 agentes.
Esta iniciativa, instrumentada
para "una mayor eficiencia y racionalización del gasto público",
se complementa con otras impulsadas por el Gobierno, como la posibilidad
de darles movilidad a los agentes públicos y la cancelación de las
deudas con proveedores y jubilados con plazos que van desde los 10 a los
16 años, puntos incluidos en el proyecto de emergencia económica que ya
está en el Congreso.
Los empleados de la
administración pública central podrán inscribirse en el retiro
voluntario entre el 3 y el 30 de junio. De ser aceptado ese pedido, el
agente dejará su puesto el 31 de agosto. Para quienes tienen tareas en
los organismos descentralizados, la inscripción estará abierta durante
todo setiembre y dejarán de trabajar el 30 de noviembre. Cada organismo
dispondrá de 30 días corridos para aceptar o rechazar las peticiones.
"La prioridad es mantener a los empleados eficientes", remarcó
Gadano. Para hacer frente a este programa, en el Presupuesto se destinaron
unos 200 millones de pesos.
Además de los retiros en la
planta permanente, el Gobierno viene impulsando bajas entre los
contratados. Según ATE, el gremio que nuclea a los estatales, en lo que
va del año cayeron 8000 contratos. Gadano reconoció que en Economía ya
se ahorraron un 25 por ciento en sueldos de contratados. "El sistema
de retiros va camino al fracaso. La gente quiere trabajar, aunque es
verdad que las presiones serán muy fuertes para que la gente se
inscriba", dijo a Página/12 Juan González, secretario general de ATE. El personal que se desvincule no podrá volver a la función pública durante cinco años. Si lo hace, tendrá que devolver la parte de la indemnización por el tiempo que le falta para cumplir con ese período. El salario promedio en la administración pública es de 1252 pesos, aunque casi la mitad cobra menos de 1000 pesos mensuales. Y dos de cada tres agentes se llevan menos de 1500 pesos cada mes.
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