Por Miguel Bonasso
Mi nombre es Nadie y Nadie me llaman
mi madre, mi padre y mis compañeros todos.
Homero (La Odisea)
Copiar lo que se ve
en las series, o en el cine norteamericano, suele provocar resultados
desastrosos en estas latitudes: el primer Testigo de Identidad Protegida
de la Argentina (TIP Número 1) es hoy un fantasma sin identidad real ni
fraguada, sin trabajo y sin un peso en el bolsillo, marcado por los
narcotraficantes que denunció (y por los policías bonaerenses que son
cómplices de esos delincuentes). Un NN de la �joven democracia� que
no sólo debe temer macabras venganzas del inframundo, sino también del
destino común de millones de argentinos acorralados por la miseria.
Porque el próximo 10 de marzo, si el falso José Velázquez no paga los
tres meses de alquiler que debe, irá a la calle con toda su familia. Y su
denuncia, que sirvió para meter presos a cuatro distribuidores de droga,
no le habrá significado a él más que pérdidas y sufrimientos. Ni
siquiera la satisfacción moral de un reconocimiento por parte de los
miembros de la sociedad o los funcionarios del Estado, sino la sospecha
-bien criolla por cierto� de que no es un ciudadano valeroso, que fue a
fondo en el cumplimiento de esa carga pública que es el testimonio, sino
un �buche� a lo Carlos Redruello, un vivillo en busca de una
recompensa. Muchas veces un periodista debe internarse en escenarios
sórdidos, pero pocas llega a toparse con un caso límite como el de este
ex policía de 45 años, al que el Estado le robó el núcleo mismo del
alma humana: el derecho a ser alguien, con nombre y apellido.
Alguien dice que lo pueden matar
Era un hombre de mediana a baja estatura, ni gordo ni delgado, vestido
de manera humilde pero pulcra, con un rostro común de rasgos regulares,
similar al de muchos paisanos de nuestra campaña. Llevaba en la mano una
carpeta amarilla, repleta de papeles, que llamó la atención del
periodista de Página/12, como si su cubierta sin rotular anunciara por
sí misma una historia inverosímil. El desconocido se acercó al
periodista que estaba por dar una charla en la Villa Mitre de Mar del
Plata y le pidió hablar cinco minutos a solas. Con voz firme, sin
estridencias ni falsos dramatismos, dijo simplemente que lo podían matar,
que necesitaba ayuda urgente. La carpeta contenía una larga lista de
reclamos administrativos y judiciales que este cronista se comprometió a
leer, antes de armar una cita. No parecía un mitómano, ni un pillo y por
su obligatoria inmersión en el anonimato, tampoco podía sospecharse que
buscara notoriedad. Esa misma noche el periodista leyó los documentos de
la carpeta, se tomó algunos días para confrontar los datos con algunos
antiguos funcionarios que aceptaron hablar off the record y una tarde
marchó a Mar del Plata a encontrarse con el falso José Velázquez. El
TIP 1 trabajaba como sereno (ya no trabaja más) en un piringundín que
Raymond Chandler hubiera envidiado como escenario. Su primera aclaración
era innecesaria por obvia: trabajaba allí �en negro�, a causa de la
falta de papeles.
Preservado por el estruendo combinado de vasos y botellas, las risotadas
de los parroquianos y la cumbia a todo dar, el hombre que podía morir
contó su historia.
Narcos y narcos-policías
El falso José Velázquez está por cumplir cuarenta y cinco años y
está unido con una mujer de 53. Se casó a los 16 y tiene una vasta
prole: cinco hijas y un varón. Las chicas mayores ya están casadas y le
han dado seisnietos. Un gigantesco familión al que resulta difícil
mover, trasplantar y cambiar la identidad en una de esas jugadas tipo FBI
que resultan vistosas en los thriller y salen mal en la realidad. José
nació en 1955, cuando triunfaba el golpe militar contra Perón, en el
seno de una familia humilde y peronista. En 1977, a los 22 años, ingresó
en la Policía Bonaerense, de la que se fue como cabo �pidiendo la baja
voluntaria� cinco años más tarde. Luego hizo changas varias, puso un
kiosco y (hace pocos años) un mercadito de verduras, que le significó
hipotecar la casa que habitaba. Todo iba relativamente bien hasta que, en
julio de 1996, se enteró de la existencia de una vasta organización que
vendía drogas en diferentes barrios de Mar del Plata. Alguien muy cercano
a José había descubierto accidentalmente un importante depósito de la
banda y ese descubrimiento podía comprometerlo seriamente con los
delincuentes. Aterrado, lo comentó con el falso Velázquez. Y éste
decidió ponerse a investigar, para luego presentar una denuncia sólida
ante la Justicia. Según lo que dice el ex policía lo hizo por dos
razones que suenan menos retóricas que el �servicio a la patria o la
sociedad� invocado en sus escritos: para proteger a esa persona tan
cercana y, en segundo lugar, por una real vocación detectivesca.
La investigación le llevó cincuenta días, en los que anduvo �husmeando
y preguntando por ahí� para ir recopilando datos certeros. También
observó, de manera directa, que los narcos se encontraban por las noches
con policías de la Brigada de Investigaciones que teóricamente debían
reprimir el tráfico de alcaloides. �Yo los vi conversar. No vi el
momento en que les daban la coima, pero supe por alguno de esos tipos que
les pasaban plata�. En esos días también se entrevistó con oficiales
que habían sido sus jefes en la Bonaerense y seguían en actividad.
Quería chequear con ellos la información que iba recolectando para no
�cometer una falsa denuncia�. Algunos de esos policías ya eran
comisarios y �según José� �gente sana�. Ellos le confirmaron �que
todo estaba digitado desde la misma Jefatura (que entonces ocupaba el
comisario Pedro Klodczyk) y que había un sistema de recaudación,
perfectamente tarifado, que incluía �drogas, juego clandestino,
prostitución, desarmadero de autos y otros delitos� y que, parte de esa
recaudación (un 20 por ciento) �iba para los políticos�.
Cuando se presentó ante el fiscal Federal Jorge Gutiérrez, pudo contarle
algunas cosas interesantes que justificaban una investigación judicial:
cada veinte días la organización traía a Mar del Plata entre 80 y 100
kilogramos de marihuana, que se depositaban en un chalet de apariencia muy
humilde en el Barrio Parque Camet. Adonde concurrían los �distribuidores�
a buscar sus respectivas cuotas.
El testigo se ofreció a colaborar con la Fiscalía y sólo puso una
condición: que los procedimientos �los llevara a cabo la Policía
Federal, la Gendarmería o la Prefectura, pero nunca, la policía de la
provincia de Buenos Aires�. Si se lo encargaban a la Bonaerense, no
daría ningún dato, �porque iba a ser cadáver�. Actuó, entonces, la
Federal y en un allanamiento detuvo a dos miembros de la banda y
secuestró unos 13 kilos de marihuana. Otros dos narcos fueron capturados
días más tarde. El procedimiento dio origen a la causa 11.514 y provocó
movidas a nivel policial: se intervino la Regional Mar del Plata y se
relevó a todos los comisarios. El fiscal Gutiérrez, entusiasmado, le
dijo a su colaborador espontáneo: �¿Qué le parece? Algo se
consiguió?�. Pero el antiguo cabo conocía el paño y replicó: �Mire,
esto no sirve para nada, porque en la policía ya se sabe que cuando un
comisario se porta mal lo trasladan, para seguir con el negocio en otro
lugar. No es un castigo, es un salvoconducto�.
El primer conejillo de Indias
Entonces llegaron las amenazas. Que no le impidieron al falso
Velázquez colaborar, durante siete meses, con otro fiscal en una
investigación aún más peligrosa sobre el narcotráfico en Mar del
Plata. De testigo de identidad protegida, Velázquez se iba deslizando
peligrosamente hacia la figura del �agente encubierto�. Pronto la
adrenalina que andaba buscando se encarnó. Alguien lo fue a ver y le dijo
�que se dejara de joder si no quería que lo cortaran�. Era un
delincuente, �porque los policías corruptos no amenazan �dice
Velázquez�, directamente ejecutan�. Pero sabía que detrás de los
�camellos� estaban los que ejecutan. En setiembre de 1997, los narcos
atrapados en el procedimiento de la Federal fueron llevados a juicio por
el Tribunal Oral de Mar del Plata que preside el juez Roberto Falcone.
Velázquez, aún con su identidad real aunque oculta, era el testigo
principal. En vísperas de prestar declaración recibió una carta de los
narcos desde la cárcel, firmada con nombre y apellido, donde le
advertían que se callara la boca y �se fuera al norte� para evitarse
problemas. Esta vez no era una amenaza verbal, sino una prueba y una
grosera demostración de impunidad. El testigo presentó la carta ante el
Tribunal Oral y, el 10 de noviembre de 1997, los jueces decidieron
ampararlo en el marco de la nueva ley 23.737, que en su artículo 33 bis
crea la figura del testigo de identidad protegida para casos relacionados
con el narcotráfico. De acuerdo con la ley ordenaron al Ministerio de
Justicia que se hiciera cargo. El titular era, entonces, Raúl Granillo
Ocampo y el viceministro, Guillermo Ocampo.
El TIP Número 1 viajó a Buenos Aires diez días más tarde con custodia
de la Federal. En la Capital tuvo que aguardar en un hotel hasta que el 5
de diciembre lo recibió el subsecretario de Justicia, Eduardo Martínez,
un hombre muy amable que le explicó los alcances de la ley y lo que
podía hacer el Estado por él: le proveerían una nueva identidad, una
casa donde vivir con su familia y un trabajo o medios hasta que pudiera
ser autosuficiente. También, curiosamente, le pidió paciencia porque �los
señores legisladores� habían omitido un pequeño detalle: la
asignación de fondos para crear la oficina de testigos de identidad
protegida. Falencia que persistió hasta abril de 1998, cuando el
presidente Carlos Menem firmó el decreto reglamentario número 262/98 que
estableció un presupuesto de cinco millones anuales para la oficina.
En esa reunión inaugural, fuente de incontables malentendidos y quejas,
el TIP 1 le explicó �al señor subsecretario� que la colaboración
con la Justicia le había significado andar escondido, perder el mercadito
de frutas y verduras, la cuenta corriente en el Banco de la Provincia y no
poder cumplir con la hipoteca de la casa que sería rematada. También le
explicó que, si debían sacarlo de Mar del Plata para preservar su vida,
quería viajar solo y no con su vasta prole; que él prefería en ese caso
que la vivienda no se la dieran a él sino a su esposa en Mar del Plata.
Según TIP 1, el señor subsecretario estuvo de acuerdo, porque ese
temperamento reducía la complicación de cambiarle la identidad a todos
los miembros de la familia. Naturalmente, debe existir un acta de esa
reunión, pero Página/12 no tuvo acceso a ella porque todos los
documentos relacionados con testigos de identidad protegida se guardan
(lógicamente) en el más riguroso de los secretos.
El caso es que acordaron que el TIP 1 regresara a Mar del Plata a estar
con su familia mientras se solucionaban los problemas presupuestarios. En
enero todo quedaría solucionado. Nadie �ni los jueces ni los
funcionarios� le habían explicado al testigo, las terribles mutaciones
-sociales y psicológicas� que implica un cambio de identidad.
La odisea de nadie
Sería tedioso enumerar todos los agravios que TIP 1 fue juntando y los
descargos de los funcionarios que tuvieron a su cargo la operación, como
el ex juez federal José Nicasio Dibur, titular de la oficina en el
gobierno anterior, para quien el falso Velázquez se convirtió en un
personaje conflictivo, con excesivas pretensiones, al que se había
otorgado una ayuda material apreciable.
Para empezar, al TIP 1 le dieron un DNI notoriamente defectuoso, carente
de documentación complementaria imprescindible para trabajar, como el
certificado de nacimiento y los nombres de los falsos progenitores. A
partir de enero, el flamante José Velázquez empezó a presionar al
Ministerio de Justicia para que le dieran la vivienda prometida a su
familia. La cosa se fue alargando y en un segundo viaje a la Capital, en
abril de 1998, tuvo una áspera discusión con Dibur. En el interín, el
testigo ya había recurrido en queja al Tribunal Oral de Mar del Plata. En
junio un funcionario de apellido Arbasetti le comunicó que el ministerio
le entregaría a la familia un departamento en comodato por un año y que
después debían comenzar a pagarlo, porque habían resuelto no comprarles
casas a los testigos. TIP 1 firmó la notificación, pero se quedó
pensando que no le habían dado una casa sino �un plan de vivienda�.
En junio consiguió que lo trasladaran a Mar del Plata y se presentó en
el tribunal a quejarse, a pedir que se suspendiera el programa de
protección hasta que no le cumplieran lo prometido. En el intervalo
pidió dinero para un arma y un chaleco antibala. En agosto de 1998,
logró que le pagaran un subsidio mensual de 1030 pesos hasta que
consiguiera trabajo, lo que se mantuvo durante un año y medio. Lapso
durante el cual siguieron los desacuerdos. En diciembre de 1998 �siempre
según el relato de TIP 1�, Dibur y otro representante del Ministerio de
Justicia acordaron frente al Tribunal Oral que le asignaran entre 8 y 10
mil pesos para empezar a pagar una casa en Mar del Plata para su familia.
Las cuotas restantes debería absorberlas �Velázquez� cuando tuviera
trabajo.
Pero el testigo debía irse a vivir a Rawson a una vivienda que le
entregaría el ministerio. Dibur le preguntó entonces si no podía
ponerse en el acta que llevaría a su familia a Rawson y el testigo
aceptó, pero reiterando que no podía presionarlos para que dejaran Mar
del Plata, porque su esposa, para la cual todo esto había sido una
sorpresa y �un balde de agua fría�, no quería separarse de los hijos
y los nietos. Cuatro meses más tarde, mientras arreciaban ya los amparos
ante diversas instancias judiciales como la Defensoría, Arbasetti le
comunicó a TIP 1, que se alquilaría una vivienda para su familia en Mar
del Plata, pero que él debía de viajar de inmediato a Rawson. El testigo
se negó (recordando la promesa hecha en diciembre), y en agosto el
ministerio lo intimó a viajar. Como no lo hizo, el Tribunal Oral de Mar
del Plata, a pedido del ministerio, lo excluyó del programa de
protección. El caso quedó archivado, con una circunstancia inverosímil:
cuando reclamó que le restituyeran su DNI original, con el nombre
verdadero, se lo negaron. Y así sigue, con una identidad falsa. No puede
votar, ni trabajar legalmente. Es un morfo civile que sigue presentando
amparos, quejándose porque no le asignaron defensor oficial y denunciando
�por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público�, a los hombres con los que litigó y ya no manejan su caso.
Harto de ser un fantasma, recorre los tribunales (exponiéndose cada vez
más) en busca de una reparación que podría concluir en un juicio contra
el Estado. Esperando que alguien, tal vez mañana lunes, le abra una
pequeña puerta a la esperanza.
American beauty
El sistema del testigo de identidad protegida comenzó a aplicarse
en Estados Unidos a comienzos de los años �70. En la actualidad hay
unos 400 casos nuevos por año. Los legisladores argentinos copiaron
el esquema sin tomar demasiado en cuenta las diferencias de nuestro
derecho con el norteamericano. Como ocurre, por ejemplo, con el
derecho a la identidad que en nuestro país es muy fuerte y se hizo
trágicamente presente a partir de la lucha de las Abuelas de Plaza de
Mayo para recuperar a sus nietos usurpados por los represores que
viven con identidades que no corresponden a su familia de sangre. La
copia, en cambio, no sirvió para incorporar las cosas correctas que
tiene el sistema norteamericano: amplios recursos, custodias
especiales, tratamiento psicológico de los testigos a los que se les
debe cambiar la identidad y, sobre todo, esa larga entrevista previa
que tienen con el candidato a TIP en la que le advierten acerca de los
cambios profundos y en gran medida traumáticos que va a sufrir su
vida para poder conservarla. Pero aún allí hay problemas serios y
graves quejas de abandono por parte de muchos testigos que son
confinados en villas de cemento, como el Fuerte Apache de nuestro
país.
En la Argentina, el sistema nació con la Ley 23.737 (artículo 33
bis), reglamentada por el Decreto 262/98 de Carlos Menem y está
referida únicamente a causas vinculadas al narcotráfico. La oficina
se inició con un presupuesto anual de cinco millones de pesos que se
fueron reduciendo primero a tres, luego a dos hasta llegar a la cifra
actual que sería mucho menos de un millón. Escasos recursos para un
presupuesto muy difícil de establecer, porque quienes dan la orden de
�proteger� son los jueces y el Ministerio de Justicia debe hacerse
cargo sin saber cuántos testigos le enviarán los tribunales. Dejando
de lado a �José Velázquez�, cuyo caso quedó archivado, hay en
este momento seis testigos bajo protección. Si se les agregan las
respectivas familias, se trata de 32 ciudadanos enfrentados a una
situación límite. |
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