Por Horacio Verbitsky
 La
insistencia del presidente Fernando De la Rúa en reclamar al Senado el
ascenso de la lista completa de oficiales del Ejército firmada por su
antecesor Carlos Menem, pese a los graves cargos que pesan sobre varios de
ellos por crímenes aberrantes contra personas detenidas y a la conmoción
que ello ha causado entre los organismos defensores de los derechos
humanos y en algunos sectores de la Alianza, se vincula con la historia
personal del jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni, y de quien lo
precediera en ese cargo, Martín Balza. También se relaciona con la
investigación judicial en curso sobre la Operación Cóndor. Durante el
anterior gobierno radical parte de la dividida oposición justicialista
votó en contra del ascenso de los militares acusados por violaciones a
los derechos humanos pero el ex Presidente Raúl Alfonsín presionó sobre
el bloque oficialista y consiguió que fueran aprobados. En cambio, de
1989 a 1999 el bloque justicialista desoyó las presiones del ex
presidente Carlos Menem y sumó su voto al de la oposición radical para
dejar en el camino a los impugnados, como en los casos de los marinos
Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón y del teniente coronel Carlos
Villanueva. Comienza ahora el tiempo de prueba para el gobierno de la
Alianza y, dentro de él, para el Frepaso, cuyo líder, el licenciado
Carlos Alvarez, preside el Senado. Este miércoles la Comisión de
Acuerdos tratará los pliegos impugnados.
El caso que más interesa a los dos últimos jefes del Ejército es el del
teniente coronel Aldo Héctor Martínez Segón, alias Chancaca, acusado
por torturas y asesinatos en El Chaco, cuando el interventor militar en
esa provincia era el general Antonio Facundo Serrano. La hija del
interventor, María Inés Serrano, es la esposa de Balza. Brinzoni, con el
grado de capitán, fue secretario general de aquella intervención
militar. El caso más notorio que involucra al Chancaca Martínez Segón
es la masacre de Margarita Belén. En la madrugada del 13 de diciembre de
1976 un grupo de detenidos políticos fueron extraídos de la Unidad
Penitenciaria 7 de Resistencia, y trasladados a la cárcel de máxima
peligrosidad de Formosa, por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7
y la Subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides. El día en que
se decidió el traslado, primero se ordenó cavar fosas en el cementerio
de Resistencia. El ex diputado radical Víctor Marchesini que estuvo preso
junto con ellos declaró que a uno lo crucificaron durante 48 horas.
Según Marchesini los colocaron en la alcaidía entre una doble fila de
policías que los apalearon hasta dejarlos sin sentido. Luego los subieron
a los vehículos para ser rematados. En dos camiones militares a los que
acompañaba un patrullero de la policía del Chaco fueron conducidos hasta
un descampado en el que se los ejecutó alegando un intento de fuga
durante el traslado.
La Cámara Federal de la Capital, que condenó por el horrendo episodio al
ex dictador Jorge Videla, dijo que la versión oficial no era verosímil y
que los detenidos �fueron muertos por las fuerzas encargadas de su
traslado�. El ex miembro de la Conadep Edwin Tissembaum transmitió a
los jueces los detalles de la confesión brindada en su lecho de muerte
por el parapolicial Eduardo Pio Ruiz Villasuso, quien había sido herido
por un oficial de la policía del Chaco. Tissembaum grabó su testimonio
en la sala de terapia intensiva, ante un médico y un escribano que
certificaron su lucidez. Según su relato los muertos a golpes fueron
diecisiete hombres y cuatro mujeres. Entre los participantes en la masacre
mencionó al entonces teniente primero Chancaca Martínez Segón. Ruiz
Villasuso también nombró entre los �responsables� al ex interventor
militar en El Chaco, general Facundo Serrano, el suegro de Balza.
La semana pasada, el diario �El Norte� del Chaco publicó una carta
abierta a la comisión de Acuerdos del Senado firmada por un grupo de
exmilitantes, quienes solicitaron que Martínez Segón no fuera ascendido
sino pasado a retiro. La carta menciona el informe final de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia, que
investigó los hechos y sindicó a Martínez Segón �de haber practicado
torturas, apremios físicos y psicológicos e instigado dichos apremios.
Asiduo concurrente a la Brigada de Investigaciones de la Policía del
Chaco y participante de los procedimientos que allí se realizaban. Es
también mencionado participante en actividades represivas, detenciones,
traslados, y en la participación de interrogatorios y apremios ilegales.
Podemos asegurar que dichas sesiones de interrogatorios eran con el uso
constante de picana eléctrica, golpes, submarino y simulacro de
fusilamiento�, afirman. En el mismo artículo el diario �El Norte�
recuerda que �Brinzoni es otro conocido de los chaqueños tras su paso
por el gobierno del interventor militar, general Antonio Facundo Serrano,
al ocupar durante un período la secretaría general de la gobernación,
cuando era capitán�.
Según el candidato paraguayo al premio Nobel de la Paz, Martín Almada,
quien descubrió en Asunción los archivos de la represión en el cono
sur, Resistencia fue en aquellos años la sede argentina de la Operación
Cóndor. El juez federal Claudio Bonadío, quien lleva una causa por ese
plan de coordinación represiva entre dictaduras, se propone interrogar
sobre el tema a Brinzoni, en función de su cargo actual. Ante una
solicitud de Bonadío al Ejército sobre los manuales y reglamentos
militares de aquella época, su secretario general, Eduardo Alfonso,
respondió que no existían ejemplares. A raíz de ello el juez resolvió
citar a Brinzoni, quien pidió el privilegio de declarar por escrito. Aun
antes de recibir el cuestionario judicial, Brinzoni puso en duda la propia
existencia del plan Cóndor al preguntarse en una declaración pública
�si es que alguna vez ha existido�. También negó conocer al respecto
más de lo que ha leído en la prensa, y agregó que �cuando era
capitán, por esos años, no tenía idea de lo que era�.
No puede atribuirse tal ignorancia a que Brinzoni haya sido un joven
oficial indiferente a los acontecimientos políticos. Según su propio
relato, en febrero de 1976 se presentó ante el comandante de la brigada
de Corrientes, el general Cristino Nicolaides, ante quien dijo haber
argumentado que un golpe de Estado �era innecesario y contraproducente�
y que �la continuidad de la lucha antiterrorista que el gobierno
constitucional había puesto en marcha tiempo atrás no exigía un
gobierno militar�. Esa declaración formó parte de la confrontación
entre Nicolaides y la cúpula del Ejército a raíz de la causa sobre la
apropiación de hijos de desaparecidos. Nicolaides declaró ante el juez
Adolfo Bagnasco que cada comando conservaba documentación sobre lo
sucedido y que era hora de pedírsela a Balza. El Ejército, luego de una
inusual reunión de mandos en Campo de Mayo que duró diez horas, en enero
del año pasado, negó esas afirmaciones y dio a conocer las órdenes de
incinerar la documentación, impartidas por el propio Nicolaides.
Brinzoni escribió su testimonio contra Nicolaides, que difundió en mayo
de 1999. En el mismo texto, practicó una insólita reivindicación de
otro de los procesados en la misma causa que Nicolaides, el ex dictador
Benito Bignone. Luego de la hecatombe en la guerra de las Malvinas,
Nicolaides en nombre del Ejército designó a Bignone para desempeñar el
Poder Ejecutivo. Esas húmedas historias de fantasmas han dejado su
impronta en la actual conducción castrense, a la que le resulta más
fácil proclamar que practicar la ruptura con aquel pasado. �Doy fe de
los valores éticos y morales del coronel Bignone, mi jefe de Cuerpo de
Cadetes del Colegio Militar de la Nación cuando yo era oficial instructor
con el grado de teniente primero en 1971 y 1972. Soy testigo de sus
convicciones de entonces: la subversión era un problema de solución
policial, no militar, y sé de su negativa férrea a instruir a los
cadetes en técnicasantiterroristas como algunos, en aquel entonces,
pretendieron�, escribió Brinzoni, quien hoy es partidario de revisar
las leyes de defensa y de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas
puedan volver a intervenir en cuestiones policiales. Ese presunto dechado
de ética que sería Bignone es responsable de la desaparición de dos
soldados que prestaban servicios a sus órdenes en el Colegio Militar, y
sobre sus variables convicciones acerca de métodos de formación de
oficiales prestó testimonio el también ex dictador, general Alejandro
Lanusse. En el juicio de 1985 Lanusse recordó una discusión que sostuvo
en Campo de Mayo con Bignone y con el también general Santiago Omar
Riveros. Según Lanusse, �Riveros pretendió recriminarme o retarme por
mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por
izquierda, agregando que gracias a ellos yo vivía. Le dije: hay
oportunidades en que es preferible no vivir, general Riveros�. Cuando
�los ánimos se caldearon entre ambos, Bignone, propio de su
personalidad e idiosincrasia, pretendió mediar con muy poca felicidad por
cierto y dijo: mi general, yo hasta el año pasado pensaba como usted,
ahora he cambiado de forma de pensar. Lo lamento, general Bignone; con la
misma franqueza le digo entonces que hasta el año pasado yo tenía un
concepto del general Bignone y que ahora no lo mantengo, y además
recuerdo que no sé si en la época suya pero sí en la época actual, que
por ahí hay procedimientos ordenados en el Colegio Militar en los cuales
algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados y eso lo hacen
pasando por la guardia donde hay cadetes; y les pregunto a ustedes y les
pido que reflexionen, no que me contesten a mí, si eso es una forma de
educar a los oficiales del futuro�.
| Un experto
Aunque cursó el Liceo Militar, De la Rúa no es un experto en la
materia. El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, nunca se
ocupó de otra cosa que no fuera la Economía. El único especialista
de la línea de mandos responsable de los pliegos del terror es el
secretario de Asuntos Militares, licenciado Angel Tello. Su
adscripción a los denominados sectores progresistas de la UCR no le
ha impedido mantener excelentes relaciones con algunos de los
personajes más sórdidos de la dictadura militar. Uno de ellos es el
general (R) José Teófilo Goyret, interventor militar en el diario La
Opinión cuando la dictadura lo confiscó luego de secuestrar a su
propietario, Jacobo Timerman. Goyret es profesor de Estrategia en la
Maestría de Relaciones Internacionales organizada y dirigida por
Tello en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
El director del diario Ambito Financiero, Julio A. Ramos, quien de
progresista no tiene un pelo, describió en su libro Los cerrojos a la
prensa, el desembarco de Goyret en La Opinión: �Los momentos
posteriores a la intervención fueron dramáticos. Requisaron, en
horas de la madrugada, uno por uno los escritorios y agruparon en el
centro de la redacción todos los elementos considerados �pecaminosos�,
como revistas políticas, poemas de amor, fotos con políticos, algún
libro pornográfico, alguna carta y decenas de efectos personales que
un periodista puede guardar en su escritorio. Como si fuera un acto de
exorcismo, reunieron todos esos papeles y los quemaron en el patio del
diario. �Recuerdo cuando el general Goyret se puso junto a la mesa
de los secretarios de redacción y al mejor estilo militar dijo, con
voz seca y fuerte: �¡Acérquense!�. Los periodistas nos miramos
en los escritorios sin saber qué hacer. ¿Supondría ese militar que
éramos soldados conscriptos? Lentamente nos fuimos acercando al
militar que improvisó una breve alocución patriótica.� Dos días
después de la intervención militar se aplica un insólito principio:
�Quien fue jefe en La Opinión del comunista Timerman tiene que ser
también comunista y, por lo tanto no puede seguir siendo jefe�. Me
llamaron y me dijeron que dejaba, por lo anterior, de ser jefe de la
sección Economía�. |
Los otros
El Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) hizo conocer a la Comisión de Acuerdos del Senado
su preocupación por las presiones del Poder Ejecutivo y cuestionó la
afirmación de Brinzoni de que �no se envió ningún pliego sobre el que
pudieran suscitarse dudas o cuestionamientos en pruebas concretas�. El
CELS recuerda que la actividad del Estado Terrorista �fue realizada en
forma clandestina, secuestrando a miles de personas que fueron llevadas a
centenares de centros de detención que no figuraban en listados oficiales y
acerca de cuyo funcionamiento las Fuerzas Armadas nunca dieron ninguna
información�. Las leyes de punto final y de obediencia debida y los
indultos a procesados impidieron que culminaran los juicios dirigidos a
determinar �la responsabilidad individual de cada uno de los acusados. Si
muchos de los militares cuyos ascensos hoy impugnamos no han sido condenados
en sede penal, ello se debe solamente a la sanción de esas leyes y
decretos. Es por ello que en estos casos no puede hacerse valer, en un
ámbito político como esa comisión de acuerdos, una supuesta presunción
de inocencia que sólo rige en sede penal. Por el contrario, estamos
convencidos de que debido a la metodología del terrorismo de Estado debe
existir una presunción política en el sentido inverso y deben ser los
propios involucrados y las Fuerzas Armadas las que deben demostrarle a los
senadores y a la sociedad toda la inocencia de los sospechados�. Además
de Martínez Segón, el CELS aporta elementos sobre otros oficiales cuyo
ascenso demanda De la Rúa:
 Justino Mario
Bertotto, como jefe del Grupo de Artillería 4 intervino en la exportación
ilegal de armas hacia Ecuador y Croacia. El fiscal Carlos Stornelli
solicitó su procesamiento por malversación de bienes del Estado.
Rafael Mariano
Braga, MI 8.447.824. Mencionado como represor en Jujuy en el legajo 1106 de
la Conadep. Según el legislador radical Normando Alvarez García, Braga
encabezó el pelotón que irrumpió en su casa el 21 de agostode 1976 y
secuestró a su hermano Julio Rolando Alvarez García. Integró también las
patotas que secuestraron en su domicilio, el 24 de noviembre de 1976, al
dirigente gremial Carlos Eulogio Villada y el 20 de junio de 1976 del
Ingenio Ledesma a la señora Eulogia Cordero de Garnica y a sus hijos
Domingo Horacio Garnica y Miguel Angel Garnica; ella fue liberada, sus hijos
permanecen desaparecidos (Expedientes 11a, 21G y 1V, todos de 1984, de la
Legislatura jujeña, elevados a la Cámara Federal de Tucumán y al Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas).
Eduardo Daniel
Cardozo. Incluido en el listado de represores del CELS, con el grado de
teniente, con desempeño en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército.
Estaba procesado por los secuestros de Francisco Escamez (ocurrido el 27 de
octubre de 1976), Garay y Gonil. Beneficiado con la ley de obediencia
debida.
Alejandro
Guillermo Duret, MI. 10.525.335. Con el alias de Porra es mencionado en los
legajos 0676, 2297 de la Conadep. En 1994 fue designado para comandar el
grupo de Artillería de Neuquén en el que fue asesinado el soldado Omar
Carrasco. �Esto no es Auschwitz, ni Treblinka, ni Sobibor�, dijo,
molesto, al negar que se hubiera inundado de ex profeso la cisterna para
borrar pistas.
Pedro Carlos
Florido, Capitán de fragata, abogado, MI 7.598.712. Una carta enviada a las
Madres de Plaza de Mayo, que ellas remitieron al CELS para que verificara
los datos, indicó que Florido �durante 1976 tuvo un papel protagónico y
trágico en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. En los años
1977 y 1978 estuvo en la ESMA en donde participó activamente como Florindo
o el Negro en los grupos de tareas. Como abogado que es, tuvo participación
en el cambio de dueños de propiedades y automotores y actualmente entre
bambalinas es quien arregla los entuertos judiciales de la Armada con los
jueces federales que se avienen a no investigar más allá de lo conveniente�.
El ex detenido-desaparecido Víctor Melchor Basterra, secuestrado en 1979,
fue asignado al sector Documentación de la ESMA, donde se falsificaban
documentos de identidad. Durante el juicio a los ex Comandantes de 1985,
Basterra identificó en una foto �al oficial de la Armada al que le
decían Florido o Florindo. Era abogado e iba periódicamente. Según
escuché en conversaciones asesoraba legalmente al grupo de tareas �,
dijo. En diálogo con este diario, Basterra agregó que Florido era una de
las tres personas que le obligaron a falsificar pasaportes, entre ellos
cuatro destinados a Licio Gelli. Con uno de esos documentos fue detenido en
Cannes. Este diario confirmó en el edificio de los tribunales federales de
Retiro que en la actualidad el capitán abogado Florido actúa junto con
Sergio Vargas como enlace de la Armada ante los jueces. Un funcionario
judicial suministró el teléfono que Florido deja a los jueces para que le
comuniquen cualquier novedad sobre los expedientes que interesan a la
Armada, por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad:
4317-2301.
Eduardo Víctor
Jordán. Este oficial de inteligencia fue procesado por encubrimiento en el
asesinato del soldado Carrasco, aunque luego fue sobreseído. Fue quien
dirigió la investigación paralela que condujo a la condena de Ignacio
Canevaro, Christian Suárez y Víctor Salazar.
Rodolfo Sergio
Mujica, MI 10.963.753. En el legajo 5144 de la Conadep se denuncia su
actuación durante la guerra sucia en Catamarca. Los denunciantes afirman
que luego de un secuestro por personal sin uniforme llegó la tropa legal al
mando de Mujica y saqueó la vivienda. �A las máquinas fotográficas y la
filmadora las llevan con el objeto de ser estudiadas, según consta en el
acta que me dejan, para ser devueltas una vez realizada la investigación,
las cuales nunca me fueron entregadas hasta la fecha�, declaró la tía
del secuestrado.
Oscar Nicolás
Quiroga, quien era subdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero y
estaba a su cargo en el momento del estallido. Su esposa yun grupo de
misioneras debían visitar la fábrica con una imagen de la virgen a las
nueve de la mañana de aquel 3 de noviembre de 1995. Pero el riojano Quiroga
la llamó por teléfono poco antes para desaconsejar la visita. Las
explosiones se iniciaron a las nueve y diez. Fue procesado por estrago
culposo calificado y luego sobreseído.
Alejandro
Aquiles Richetta, MI, 6.054.592, legajo 7594 de la Conadep. Un ex conscripto
declaró que durante su período de instrucción realizado en 1979 en la
Prisión Militar Córdoba él y otros miembros de su sección mientras
hacían salto de rana casi caen dentro de una serie de pozos profundos
cubiertos de pasto que los ocultaban. En presencia de Richetta un suboficial
comentó: �Menos mal que no se le cayó ningún milico, porque allí
tenemos quemados los restos de los subversivos�.
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