Por Raúl Kollmann
 Desde
la cárcel, el principal imputado en el caso AMIA, Carlos Telleldín,
amenaza con patear el tablero. Según trascendió, el armador de la
camioneta trucha que explotó frente a la mutual judía pediría declarar
nuevamente cuando la causa llegue al tribunal que va a llevar adelante el
juicio oral del caso. Esto ocurrirá en los próximos diez días. En esa
declaración Telleldín dirá que el juez Juan José Galeano le pagó
400.000 pesos por su testimonio y el de cinco personas más, supuestamente
mostrará pruebas de ese pago �sucursal donde depósito el dinero,
testigos� y se echará atrás en su acusación a los policías
bonaerenses. Argumentará que tuvo que mentir porque no tenía otro camino
que inculparlos: de lo contrario, además de no recibir el dinero,
hubieran detenido a su familia. Hombres de su entorno, en cambio, le
sugieren a Telleldín que se acoja a la Ley del Arrepentido, manteniendo
su versión. En la elevación a juicio (ver aparte), el juez Galeano le
abre expresamente la puerta para acogerse a esa ley, algo que suena mucho
a una sugerencia dirigida a Telleldín para que no cambie su versión. El
gran problema que afrontará el tribunal oral es que la causa está tan
mal investigada �algo que reconoce Galeano en su escrito� que las
pruebas recogidas no son concluyentes y no es fácil saber cuándo
Telleldín dice la verdad y cuándo miente.
Hasta el momento, la causa AMIA se mueve en la siguiente hipótesis:
 Carlos
Telleldín tenía en su poder una Trafic que armó con partes robadas y en
el marco de una vasta banda.
El armador de
autos truchos era extorsionado por policías bonaerenses, entre ellos el
ex comisario Juan José Ribelli, en ese entonces en Lanús, y lo oficiales
de la Brigada de Automotores de Vicente López. Esa extorsión está
probada en forma abrumadora. Les pagaba para que lo dejaran seguir con sus
actividades ilícitas.
Telleldín
primero declaró que en el fin de semana del 10 de julio de 1994 vino una
persona con boina y acento centroamericano, con un documento falso a
nombre de Ramón Martínez, y le compró la camioneta pagando 11.000
dólares.
Un año
después del atentado, Telleldín cambió su versión y reconoció que en
verdad ese fin de semana los policías lo apretaron; él no tenía dinero
y les pagó con la Trafic.
La clave del
caso es quién les entregó la camioneta a los terroristas. En la primera
versión, un hombre no identificado, el de la boina. Esto complica más a
Telleldín, porque la historia parece poco verosímil y él aparece
directamente encubriendo a los terroristas. En la segunda versión, los
policías bonaerenses serían los que entregaron la Trafic a los que
pusieron la bomba, pero las pruebas no son concluyentes: es el testimonio
de Telleldín, el de dos integrantes de su banda, la certeza de que lo
extorsionaban, una cifra sideral de dos millones y medio de dólares que
Ribelli blanqueó en esos días y algunas escuchas telefónicas.
En realidad, el problema mayor es que, como no se sabe casi nada sobre el
atentado �dónde se armó la camioneta, quién proveyó los explosivos,
quién hizo el trabajo de inteligencia previa y, menos aún, quién
manejó la camioneta hasta incrustarla en la AMIA� es muy difícil
hilvanar toda la etapa previa, la que engloba a Telleldín y los
policías, con el paso final del ataque.
En la elevación a juicio, Galeano reconoce expresamente que tuvo apenas
ocho personas de la División Protección al Orden Constitucional de la
Policía Federal trabajando en el caso y que además cometieron
irregularidades y maniobras que provocaron resultados calamitosos en la
pesquisa; que la SIDE aportó poco y lo que aportó son generalidades
sobre las cuestiones internacionales, que Migraciones fue un fracaso, que
nohubo previsiones para evitar ese segundo atentado, que la Bonaerense
saboteó la investigación y hasta llevó a cabo planes para sembrar
pistas falsas y que ni el propio Galeano ni el aparato judicial tenían
experiencia y medios para abordar la investigación del atentado.
Es una confesión dramática, que a casi seis años del atentado deja
planteado el interrogante de por qué el juez Galeano, el estado argentino
y los dirigentes de la comunidad judía no pusieron el grito en el cielo
en su momento y hasta hostigaron a Memoria Activa que permanentemente
planteó la escasa voluntad política que existía para investigar el
caso.
Lo cierto es que se llega al siguiente resumen de la situación, expresado
también en la elevación a juicio:
Dice Galeano: �En esa reconstrucción de la verdad debo reconocer que la
copiosa instrucción desarrollada, con aportes propios, de organismos
nacionales e internacionales de seguridad e inteligencia, no ha permitido
unir aún con la fuerza necesaria los diferentes puntos de sospecha, de
manera de construir un tejido sólido que permita identificar y traer a
juicio a los autores directos del atentado. Sólo se han reunido probanzas
respecto de criminales y policías que, asociados en un ilegal comercio,
han abonado el terreno para que esto suceda�.
| Spinosa Melo, testigo estrella
Los policías bonaerenses imputados en el caso AMIA pidieron esta
semana que sean llamados a declarar el ex presidente Carlos Menem, el
ex embajador Oscar Spinosa Melo y el ex recaudador de la campaña
presidencial de Menem Mario Rotundo. En el escrito, presentado por el
letrado José Manuel Ubeira, se acompaña una entrevista realizada por
la periodista de este diario, Susana Viau, a Spinosa Melo en la que
éste afirma que �el atentado contra la AMIA pudo haber sido un
vuelto por promesas incumplidas por Carlos Menem a los sirios que
aportaron al financiamiento de la campaña proselitista del 88�.
En un nuevo diálogo con este diario, Spinosa Melo reiteró todo lo
dicho en esa entrevista y se manifestó dispuesto a declarar. En
concreto, el ex embajador vuelve a relatar un viaje a Damasco en el
que Menem les pidió dinero a los sirios. �Delante mío les ofreció
darles un reactor nuclear si llegaba al gobierno. Fue en una reunión
con el vicepresidente sirio Haddam Halim, en su residencia vacacional.
Yo, cuando terminó el encuentro, le dije a Menem que no iba a poder
cumplir porque los norteamericanos e israelíes iban a poner el grito
en el cielo, pero él me dijo que no me preocupara, que ya se iba a
arreglar. En ese viaje participó una persona que yo no conocía y que
se llamaba Haddad, igual que el dueño de la empresa que depositó un
volquete frente a la AMIA antes del atentado. ¿Por qué no
investigaron eso?�
�La verdad que lo suyo es más bien una hipótesis. ¿No hay un
aporte de datos concretos?, preguntó este diario.
�Efectivamente es una hipótesis. Yo creo que las promesas
incumplidas como ésa no fueron gratuitas. Le digo más. En esa misma
campaña estuvimos en Roma y allí Mario Rotundo y Menem tuvieron una
reunión con los libios de Muamar Kadhafi. También se habló
entonces, en los que estábamos en el círculo cercano a Menem, que
Kadhafi puso dinero, unos 25 millones de dólares, a cambio de la
promesa de construir el misil Cóndor con ellos. Esa pudo ser otra de
las razones del atentado. Aquí toda la causa estuvo destinada a
exculpar a los sirios, exculpar al traficante de armas sirio Monzer Al
Kassar y tirarle la responsabilidad al país que yo creo tuvo menos
que ver, Irán.
�¿Va ir a declarar?
�Sí, claro. No me gusta que me llamen por pedido de unos policías
que yo sé que son delincuentes, pero es hora de que en esta causa se
busque la verdad en serio. Me parece bien que Menem y Rotundo también
vayan. |
| Botones de muestra
Las características de la investigación del caso AMIA pueden
ejemplificarse con algunos botones de muestra recientes:
En julio
de 1999, el ex agente de inteligencia Mario Aguilar Rissi le entregó
al ministro Carlos Corach un video en el que un testigo de
importancia, Wilson Dos Santos, se ofrece a declarar. El brasileño
había anticipado el atentado contra la AMIA a principios de julio, en
tres consulados de Milán. Han transcurrido ocho meses y Dos Santos,
buscado durante cinco años, todavía no declaró. Se le echa la culpa
a Brasil, al ex ministro Corach o simplemente a la lentitud habitual
de los procesos judiciales, pero lo cierto es que en ocho meses no se
pudo concretar una medida que podría ser importante.
También
el año pasado, la Cámara Federal ordenó hacer una reconstrucción
de los momentos previos al atentado. Es decir, ubicar a los testigos
en sus lugares, para ver si efectivamente pudieron ver lo que dicen
que vieron, hacer el recorrido que supuestamente hizo la Trafic,
verificar movimientos y trayectorias. También pasó más de medio
año y la reconstrucción no se hizo. |
EL ESCRITO DEL JUEZ ADMITE
ERRORES Y MANIOBRAS EN LA INVESTIGACION
209 páginas de errores y mala fe
Las
doscientas nueve páginas con que el juez Juan José Galeano mandó la causa
AMIA a juicio oral incluyen un reconocimiento impresionante de las
ineficacias, trabas, maniobras y complicidades de la investigación. Gran
parte del escrito trata de justificar las deficiencias de la pesquisa y a
simple vista le da la razón a la denuncia que viene formulando Memoria
Activa desde hace años y que presentó ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Paralelamente, hay un resumen de las pruebas,
algunas sólidas, otras débiles, que sustancian la acusación contra Carlos
Telleldín y los policías bonaerenses. El juez Galeano sintetiza de esta
manera el comportamiento de distintas instituciones del Estado argentino.
Se caracterizó
el atentado contra la Embajada de Israel, en 1992, como un hecho aislado y
no hubo preparación ni previsión de ningún tipo frente a la posibilidad
de un segundo ataque.
El Departamento
Protección al Orden Constitucional (POC) de la Policía Federal era el
organismo supuestamente especializado en aquel entonces en cuestiones de
terrorismo. �Toda esa estructura demostró carecer del conocimiento
necesario para proyectar una investigación. Tampoco existían prevenciones
frente a un nuevo atentado�.
Galeano sugiere que
hubo una especie de pacto de no agresión entre el POC y la Bonaerense, es
decir que los primeros no iban a investigar a los segundos. Se reconoce que
el POC puso en comisión a ocho personas, sin siquiera un vehículo, para
profundizar la pesquisa.
Se detectaron
irregularidades increíbles como la desaparición de pruebas de máxima
importancia: cintas de escuchas telefónicas, agendas, un llavero y otros
elementos. �El POC no acercó antecedentes o hipótesis de trabajo serias.
Pudo haber actuación negligente, pero también intención de destruir
elementos de prueba�, concluye el juez.
El magistrado
indica que esta situación obligó a la creación de la Unidad
Antiterrorista, que comanda el comisario Jorge Palacios. Claro que eso se
hizo tres años y medio después del atentado.
Respecto de la
SIDE, a la que Galeano trata con más benevolencia, se señala que �tenía
información sobre las actividades de grupos minoritarios de elementos
fundamentalistas�, pero que no las supo o pudo plasmar en pruebas
judiciales. Uno de los mayores logros que se señala en el escrito es que la
SIDE detectó los llamados que hacían policías federales a uno de los
empresarios que compró la Trafic, Alejandro Monjo, advirtiéndole que le
iban a allanar la casa.
Sobre la
Dirección Nacional de Migraciones se dice que no evidenció eficacia alguna
y que aún hoy es casi imposible recabar datos sobre quién entra y sale del
país. Se sugiere que no hubo voluntad de colaborar.
El capítulo
sobre las maniobras de la Bonaerense es descomunal. Detalla los testigos
falsos que le presentaron, las conexiones de esos testigos con el imputado
comisario Juan José Ribelli o con la cúpula de la fuerza; muestra las
vinculaciones con militares carapintadas y las distintas tramas puestas en
marcha para desviar la causa. Son páginas y páginas de pruebas
contundentes sobre ilícitos, extorsiones y pruebas truchas.
El escrito de
Galeano demuestra palmariamente que en la Argentina no hay control alguno
sobre los explosivos que circulan por el país y que Fabricaciones Militares
no cumple con las fiscalizaciones.
Para colmo, se
señala que la empresa Movicom entregó un informe equivocado en el cual
decía que los celulares del ex comisario Ribelli .diez en total-. estaban
funcionando en la zona de la casa de Telleldín el día que el armador de
autos supuestamente entregó la Trafic a los policías. Ese informe resulto
falso. El corolario que le da el juez a todo este panorama es que �no se
ha podido aunar los puntos de sospecha y traer a juicio a los autores
directos del atentado�. �La investigación se encaró -.sostiene
Galeano-. con falta de personal, especialización, ámbito de trabajo,
traducción confiable, medios técnicos y tantos otros, a los que cabe sumar
las deficiencias estructurales de la Nación�.
La conclusión que se saca leyendo el escrito es que el Estado argentino no
le dio importancia a la pesquisa. En el atentado de Oklahoma 5.000 agentes
del FBI participaron de la investigación; en los ocurridos contra las
embajadas norteamericanas en Africa, se llevaron mil investigadores a
Tanzania y mil a Kenya. Se interrogaron 10.000 personas en los primeros
cuatro días. En la Argentina, todavía no se terminó de tomar declaración
a los heridos del atentado y el entrecruzamiento de las llamadas
telefónicas -.el Excalibur-. no se concluyó. Y han pasado casi siete
años.
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