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proyecto DE LA ONU PARA LA REFORMA POLICIAL Y DEL SISTEMA JUDICIAL
Un plan para los uniformados

Dos investigadores de la ONU acaban de entregar al Gobierno un detallado informe con propuestas para reformar a la Policía Federal. Página/12 adelanta sus puntos principales, que incluyen una drástica �limpieza� interna o externa, debilitar las brigadas y eliminar �kioscos� y burocracias.

La prioridad es eliminar la corrupción y los abusos a los derechos humanos en comisarías.
Los expertos también recomendaron mucha más transparencia y la obligación de publicar medidas policiales.


Por Sergio Kiernan

t.gif (862 bytes) Después de meses de entrevistas con policías, jueces, funcionarios y ciudadanos, dos expertos en seguridad de las Naciones Unidas presentaron un informe sobre �el problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires�. Al contrario de otros estudios sobre el tema que circulan entre funcionarios, este informe �pedido por la ciudad a la ONU en carácter oficial� presenta una completa batería de medidas a tomar en el corto y el largo plazo, y señala no sólo las responsabilidades de la Policía Federal sino también las de un Poder Judicial paralizado por el papeleo, la rutina y la falta de prioridades. Graymond Martin, un veterano ex policía norteamericano (ver reportaje) e Ignacio Gariboldi marcan tres prioridades: acabar en serio con la corrupción y el abuso a los derechos humanos de la policía (ver recuadro) cambiando la cultura de complicidad y silencio que la hace posible; mejorar la eficiencia de las investigaciones eliminando papeleo y pérdidas de tiempo en el área policial y judicial; y hacer que los uniformados se ganen la confianza de los ciudadanos y �vuelvan a ser parte de la comunidad, no algo aislado y separado�.
La propuesta de los especialistas de la ONU se torna especialmente clara, dura y estricta con el tema de la corrupción policial y del abuso a los derechos humanos. El desafío, según las recomendaciones, es que en lugar de �mano dura� existan �manos limpias�. Y con la mayor claridad y sin ambigüedades, los autores afirman que la iniciativa de limpiar los altillos corresponde a los policías, si es que se quieren ganar el derecho moral de opinar. Es que una organización que no persigue �afanosamente� a sus delincuentes internos �hipotecó su reputación, su credibilidad y su valor para la comunidad�.
Martin y Gariboldi, prácticos, admiten que la Policía Federal no ordena a sus subordinados que se corrompan o golpeen a los detenidos. Pero señalan sin vueltas que estas conductas sólo florecen �bajo las condiciones de complacencia que nacen de la complicidad�. Y cómplice es todo policía que sabe de estas conductas y no hace nada para denunciarlas. Los que la cometen son llamados �perversos que renegaron de su responsabilidad mientras violan normas éticas, morales y legales que juraron defender�. Prácticos, los autores conocen las excusas que dan los policías coimeros y abusadores: que nadie entiende realmente qué duro es el trabajo policial, que no ganan lo suficiente, que unos pesos sueltos no dañan a nadie, que los reglamentos son tecnicismos que se pueden ignorar. A quienes usan esas excusas, los definen como �perversos llorones�.
La propuesta en esta área es que la policía gane �capital político� y restaure su moral interna pasando por �el dolor� de erradicar las sombras que la manchan. Las medidas propuestas son:
  Crear una unidad especial con amplios poderes para erradicar la corrupción y el abuso de poder, situada fuera de los edificios policiales para que ciudadanos y efectivos se sientan más seguros al denunciar.
  Proteger a los testigos y denunciantes, investigando vigorosamente toda amenaza o atentado.
  Revisar los reglamentos internos para promover las denuncias contra malos policías, castigar duramente a quienes mientan o presionen testigos, cuidar que los denunciantes no sean punidos con excusas de mala conducta.
  Castigar a los superiores de los corruptos hasta por no haber percibido que había corrupción, con la sola excepción de los que denuncien los hechos.
  Crear un juzgado especial dedicado únicamente a estas causas, que pueda recibir denuncias anónimas.
  En todos los casos, dar la máxima publicidad a los casos.
Para mejorar la calidad del trabajo policial, los autores aconsejan:
  Una revisión total de la manera en que trabajan los efectivos (horarios, francos) y los destinos que reciben (escritorio, trabajo activo).
  Un censo detallado de las dotaciones, para asignar más agentes a las comisarías, particularmente entre los 8000 destinados a administración y servicios auxiliares.
  La rejerarquización del planeamiento en la fuerza, con la obligación de relacionarse con todos los departamentos y de preparar planes a corto y largo plazo de reforma, que sean publicados y debatidos.
  La obligación de los comisarios de presentar planes locales, por barrio, discutidos con los vecinos y publicados para su debate.
  Una mejora radical de la capacidad de recolectar información y hacer estadísticas, creando una red informática que interconecte todas las dependencias y permita trazar un mapa del crimen.
  Realizar una encuesta entre policías, para preguntarles cuáles son sus principales problemas laborales, qué soluciones proponen y qué necesidades materiales tienen.
  Darle a cada efectivo un equipo de comunicación, de modo de eliminar las �paradas� y poder volver a las rondas a pie.
  Crear un comité que reúna policías, empresarios, universitarios y funcionarios para revisar la escala salarial de los policías, premiando su capacitación y buenos antecedentes, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.
  Subsidiar la vivienda de los agentes, de modo que puedan vivir en la Capital, donde trabajan.
  Revisar el sistema disciplinario interno, controlarlo y hacerlo transparente para evitar persecuciones personales, venganzas y favoritismos. Revisar radicalmente los programas de estudio policiales.
  Publicar y transparentar todos estos actos y debates que siguen siendo secretos, de modo de romper las barreras que permiten ocultar la corrupción y los abusos.
Una cifra que Graymond y Gariboldi destacan es que el 78 por ciento de los porteños se rehúsa terminantemente a pagar más impuestos para mejorar la seguridad pública. �Esto refleja la imagen de incapacidad de la policía de combatir eficientemente a la delincuencia,� escriben, �y la baja estima que la gente tiene para con la policía�. Esta catástrofe de relaciones públicas tiene consecuencias materiales en la cuestión de seguridad: no existe el flujo de información necesaria. Ni las víctimas se molestan en hablar con los policías y apenas un 30 por ciento de los delitos es denunciado, generalmente como una formalidad para cobrar seguros. El informe recomienda enérgicamente crear comités que sienten cara a cara a policías y vecinos para �humanizar y hacer real� a la fuerza frente a la comunidad. El objetivo es doble. Por un lado, desarmar la sensación de �víctimas� que los autores encontraron entre los policías entrevistados, que dijeron abrumadoramente que �nos culpan injustamente por todos los problemas de inseguridad� y se sienten �chivos expiatorios de la clase política�. Por otro lado, hacer que los civiles entiendan que el problema de la seguridad no es algo exclusivamente policial.
Finalmente, las críticas relaciones entre la Policía Federal y el gobierno de la ciudad son señaladas como otra traba para la reforma. El cambio de status de Buenos Aires creó de hecho una ambigüedad que no se define y que genera una gran inseguridad sobre el futuro de la fuerza. Inseguridad que se multiplica por 33.000, el número de efectivos de la Federal que no saben qué será de ellos, y que hiere el orgullo de una institución que no quiere �rebajarse� a ser una policía municipal o provincial.


Enterrados por el papeleo

El Poder Judicial también es criticado en el informe como �un cuello de botella� cuyos funcionarios clave, los jueces, �no parecen estar prontamente accesibles�. En la resolución de un crimen, el tiempo de respuesta y la rapidez de la investigación son elementos clave. El sistema argentino no permite que los policías investiguen casos, lo que hace crucial que fiscales y jueces estén prontamente disponibles. La �enorme cantidad de papelerío� paraliza el sistema. Los puntos más críticos son:
  Las causas son asignadas a los jueces según jurisdicción: no existen juzgados especializados y experimentados en áreas específicas que aceleren las causas.
  Los acusados de crímenes menores tienen que esperar meses o años hasta que el juez termine con casos más importantes. Con el sistema actual, si la policía hiciera un esfuerzo mayor por detener más criminales, no habría lugar para encerrarlos ni jueces que investiguen.
Para destapar el cuello de botella, los autores proponen una serie de reformas limitadas:
  Crear un protocolo standard de investigación, una suerte de planilla que reemplace, por lo menos en las primeras instancias, los inmensos legajos actuales.
  Crear juzgados especiales, comenzando por uno que investigue solamente casos de corrupción policial y abusos a los derechos humanos.
  Hacer de la corrupción de funcionarios públicos un delito federal y crear un juzgado especial para tratarlos.
  Trazar un mapa del papeleo, que detecte los documentos innecesarios. Evitar que la policía pierda tiempo en trámites como recibir denuncias por pérdidas.

 

�Los policías tienen que mostrar que mejoraron�

Por S. K.

Graymond Martin, experto en seguridad, contratado por la ONU para estudiar a la Policía Federal. Graymond Martin tiene un par de convicciones muy arraigadas que van contra la corriente: que sanear un departamento de policía no es tan imposible como parece, y que la culpa de la corrupción, la violencia y la inoperancia es más de la sociedad que la tolera, del Estado que la apaña y del Poder Judicial que no hace su trabajo que de los policías. �No es que sean niños inocentes,� aclara en su acento sureño, de vocales largas, �y cada policía que delinquió debe ser castigado. La mayoría no son corruptos, pero ven que no tienen apoyo: si denuncian, pierden�. Martin parece esos policías que se ven en las películas: no cuesta imaginárselo siendo duro, tiene mucha, mucha calle, no parece haber aceptado un dólar fuera de lugar en su vida. Entró en el departamento de policía de Nueva Orleans en los años 60, �cuando daba vergüenza andar de uniforme por la calle y les tenías que ocultar a las chicas lo que hacías�. Años después, estudió ciencias policiales (una carrera que sí existe en EE.UU.) y acabó siendo el piloto del saneamiento de su departamento de policía, una historia que le contó a Página/12 en octubre de 1999. En su último viaje a Buenos Aires y tras �horas y horas� de hablar con policías y con civiles, como asesor de la ONU, le entregó al gobierno de la ciudad sus recomendaciones para reformar a la Federal. En esta entrevista, explica por qué piensa que la tolerancia cero es un error mayúsculo (ver recuadro) y por qué está convencido de que los policías argentinos sí quieren cambiar.
�¿Qué es exactamente lo que está haciendo para la ciudad?
�Estoy evaluando el rol de la policía, del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional en la provisión de un servicio de seguridad a la población. Hablo con ciudadanos, con ONGs, con policías en la calle, con la estructura de mando de la policía, con líderes políticos, para discutir cómo lograr el servicio que la gente quiere.
�Usted trabaja para la ciudad, pero la ciudad no tiene una fuerza propia de policía. ¿No es una contradicción?
�No es un problema, excepto que la estructura organizativa es un poco confusa para el análisis. De todos modos, yo fui contratado por la ONU para evaluar los problemas de seguridad que tiene la ciudad, cuya policía es federal, aunque hace tiempo que se discute algún tipo de transferencia.
�¿Cuál es el principal problema de la Federal? ¿Cuál es su prioridad?
�Yo no creo que la policía sea una causa significativa de los problemas de seguridad. Y tampoco creo que sea un factor importante en solucionarlos. Lo único en que son muy efectivos es en controlar los síntomas del problema que crea la sociedad. Yo creo que el principal problema con que tenemos que lidiar es el cascarón que hay alrededor de la policía. Hay que quebrar ese cascarón, pero sin que se vuelque y se arruine lo bueno que esté adentro. Para hacerlo, tiene que haber mejor comunicación entre el gobierno, los policías y los ciudadanos para determinar qué tiene que hacer la policía. Los policías muchas veces reciben señales confusas: �queremos mano dura, pero no queremos que toquen los derechos de nadie�. Estar entre estos polos demanda que se use un alto grado de discreción y de sentido común. Para tener personal que tome decisiones acertadas sobre cómo servir al público, hay que educarlo, entrenarlo y sobre todo darle la visión necesaria, que es que hay que lograr una mejora en la calidad de vida por una reducción de la criminalidad. Arrestar a alguien, meterlo en la cárcel, investigar no son fines en sí mismos, son herramientas con las que se mejora la calidad de vida bajando el índice de criminalidad. Hay que crear un proceso de inclusión: la policía no puede decidir lo que tiene que hacer, se lo tienen que decir los políticos, que reciben el mensaje de los votantes.
�¿Usted piensa que la Federal en realidad no tiene una misión asignada?
�El pueblo argentino ha dicho que quiere agencias de seguridad públicas con poderes mucho más restringidos, por los abusos de poder. Esto hace que la policía se cierre sobre sí misma y no trate de crear soluciones. Evidentemente, que el público les saque poderes porque dice �basta� no es gratificante. Hay un gran debate sobre estas limitaciones en este momento, un debate en que el público y los políticos tienen que comprometerse. Y no debería haber reacciones exageradas: una de mis recomendaciones es que haya un debate en el que ninguna posición sea descartada como irracional.
�Usted estuvo hablando con policías argentinos, algo que poca gente puede hacer. ¿Qué piensan, qué sienten?
�Creo que quieren ser mejores, quieren hacer más, quieren más poder para trabajar. Creen que el público no les tiene demasiada confianza...
�Creen bien.
�Y... sí. Ese sentimiento es muy desmoralizador. Vamos, todo el mundo quiere ser querido, respetado y escuchado.
�¿Y para ser queridos están dispuestos a parar de aceptar coimas, pegarles a los presos y abusar de su autoridad?
�Una de mis recomendaciones es que la policía dé el primer paso, que muestre que está preparada a participar de un proceso democrático librándose de la corrupción, los abusos a los derechos humanos y de los agentes que no pueden adaptarse a esto. Esto lo tienen que mostrar ellos.
�Usted les dijo eso a los policías; ¿qué cara le pusieron?
�Su reacción es que los casos de corrupción y abusos son vastamente exagerados, que hay mucha buena gente en la fuerza y que les gustaría que se bajara el tono de las críticas, así pueden demostrar que pueden hacer un buen trabajo. Yo creo que en ambos lados hay puntos de vista válidos, pero creo que hay que tener en cuenta que más allá de que uno crea o no que hay corrupción o abusos a los derechos humanos, la policía tiene que hacer algo al respecto. Y lo que tiene que hacer es eliminar los hechos que dan pie a estas acusaciones. Lo que los policías tienen que decir es �si estas acusaciones son un hecho, vamos a solucionar el problema con vigor, y si son una ficción vamos a probárselo�. Esto es lo que la gente quiere oír, no que nadie va a hacer nada.
�¿Y los policías entienden esto?
�¡Sí! Y se lo digo con todo vigor: ¡Sí! No le digo que todos y cada uno de los policías quiere eliminar la corrupción y los abusos, pero sí que la vasta mayoría quiere estar orgullosa de su organización, no quiere ser visto como un opresor o un coimero.
�¿Esto se lo dijeron a usted en la cara? ¿Cana a cana?
�Sí.
�¿En serio? Es alentador, pero difícil de creer.
�Escuche el tono de voz con que se lo digo. Yo estoy convencido de que ustedes tienen un tremendo núcleo de gente buena, pero.... es como un mal matrimonio, nadie es feliz, nadie se atreve a irse. La solución pasa porque cada uno diga lo que hizo, deje atrás la historia, se comprometa a empezar de nuevo. El otro lado de la moneda es que, si alguien hace mejor las cosas, hay que tratarlo mejor. No digo que hay que darles a los policías todo lo que pidan, pero sí que hay que ser sinceros y hablar de eso también. La discusión tiene tres lados: el público tiene que decidir qué quiere pagar; la policía, cómo va a trabajar; el gobierno, cómo va a estructurar este proceso.
�¿Quién echa a los corruptos? ¿Los policías?
�Ellos tienen que tener la opción de hacer una purga. Yo creo que en la fuerza hay gente buena que cuando ve un acto de corrupción o un paliza da vuelta la cara. No participa, pero se calla. Para cambiar esto hay que preguntarse qué les pasa a los que denuncian a los corruptos. Como sociedad, ¿cómo tratamos a los que denuncian? Como batidores. Si hacenalgo bueno hay que tratarlos bien, hay que decirles que cumplieron con su deber y cumplir nosotros el nuestro. Hay que crear un ambiente donde el que denuncia sepa que va a ser protegido, que no va a perder su trabajo. Hasta recompensarlos. Pero los castigamos por hacer lo correcto. Limpiar la corrupción desde afuera sería la fase dos. Si la policía no lo hace, mi recomendación es que se nombre un oficial de Justicia especial para investigar y se cree una unidad especial de policía para hacer nada más que investigar y encarcelar corruptos.
�Si me roban el auto, es casi seguro que no lo voy a ver más porque, más allá de corrupciones diversas, los policías no saben hacer su trabajo...
�Hay fallas que tienen que ver con la tradición y las costumbres del sistema judicial argentino, que es burocrático y lleno de papeles. Y hay cosas que hace la policía, como investigar casos que saben que no se van a resolver y escribir informes de cien páginas. Si uno tiene diez policías y hay veinte crímenes por día, hay que elegir con cuidado cuáles investigar, y hay que dejar de hacer cosas, como tomar denuncias de extravíos, que se siguen haciendo por tradición.

 
Contra la tolerancia cero

Graymond Martin se indigna cuando le hablan de tolerancia cero, una filosofía de la seguridad que detesta y considera peligrosa. �Creo que el trabajo policial se mejora por la discusión democrática y la tolerancia cero corroe este debate�, explica. �La policía debería tener la capacidad y el permiso para actuar con discreción, de modo de mediar y solucionar los problemas de una comunidad, lo que hace que la gente y el policía sean aliados, se unan. La tolerancia cero le quita esta libertad al policía y lo obliga a salir y arrestar a todo el mundo. Cuando uno está asustado quiere que la cana salga y arreste a los otros, pero tarde o temprano uno termina entre �los otros�, arrestado. Con tolerancia cero al policía se lo juzga por el número de detenidos, pero la real medida del éxito es que no haya crimen�.
�La tolerancia cero es una manera autocrática de mantener el orden. No discuto que el número de crímenes puede bajar rápidamente, pero eso no es todo. ¿Qué se hace con los arrestados, dónde los ponen? Ni hablar del potencial de crear tensión entre la comunidad y los policías. Yo creo que la tolerancia cero tiene aspectos válidos, pero no les sirve a todas las ciudades, todo el tiempo. Si lo que usted quiere es vivir seguro detrás de las rejas de su casa, lo suyo es la tolerancia cero. Si usted quiere un barrio agradable donde se pueda caminar, entonces es más complicado. Y yo no creo que, por su historia reciente, los porteños quieran ver a la policía arrestando más gente que antes. Primero la policía tiene que mostrarles que ya no hay corrupción ni abusos a los derechos humanos�.

 

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