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El magistrado consideró que
"se encuentra probado que existieron sendas órdenes de investigar a
los periodistas que se ocupaban de los temas de seguridad aeroportuaria y
licitaciones de los aeropuertos y de organizaciones no gubernamentales de
Mujeres en Lucha". Sin embargo, indicó que no se trataría del
delito de espionaje porque "no se habría perjudicado la seguridad de
la nación". El objeto procesal del caso fue la realización de
tareas de inteligencia sobre los periodistas Sergio Moreno y Carlos Rodríguez
de este diario, Rolando Barbano, Alcadio Oña y Hernán Firpo de Clarín,
Adrián Ventura y Roberto Solans de La Nación, y José
Totah y Dolores Olveira de El Cronista.
El Departamento III de
Inteligencia II de la Fuerza Aérea buscó datos sobre los periodistas que
"elaboraron en diversas oportunidades artículos donde se realizaban
críticas a la seguridad aeroportuaria y/o a las privatizaciones (de los
aeropuertos)", tal como consta en la OPI elaborada por los aviadores
espías. El acto por el Día de la Mujer que organizó el Movimiento de
Mujeres en Lucha el 8 de marzo de 1997 también fue monitoreado. La
Regional Capital de Inteligencia de la Fuerza Aérea elaboró un documento
que reprodujo las peticiones y las consignas de esa manifestación, además
de recolectar los panfletos que arrojaron las agrupaciones políticas que
las acompañaron. Las pruebas
La revelación efectuada por Página/12
generó una crisis en la Fuerza Aérea que, ante el escándalo, puso en
disponibilidad a los oficiales implicados y ordenó un sumario
administrativo, que posteriormente aportó en la autodenuncia judicial que
efectuó una vez conocidos los resultados del sumario interno. El caso fue
delegado por Cavallo al fiscal federal Miguel Angel Osorio encargado de la
investigación y, en un tramo de la pesquisa y por disposición del
magistrado, estuvo a cargo de la causa. Además de las declaraciones
testimoniales e indagatorias, Osorio pidió y encabezó los allanamientos
efectuados en el Edificio Cóndor y en la Regional de Inteligencia de la
Capital Federal. En esos operativos, los investigadores secuestraron
diversa documentación entre la que se encontraba un bibliorato que contenía
el registro de las órdenes de información de los años 1997 y 1998. Y
allí estaba la orden 057/97 en la que se lee "antecedentes
periodistas", destino "R.I.C.F. (Regional de Inteligencia
Capital Federal), de fecha 9 de setiembre de 1997 y originado en el
departamento III de Inteligencia.
Tras los allanamientos, los
investigadores pudieron comprobar que las actividades de agrupaciones
estudiantiles y políticas también fueron monitoreadas por la Fuerza Aérea.
En otra carpeta hallaron referencias a la agrupación Quebracho, Patria
Libre y otras, que habían participado de una reunión que se realizó en
la Facultad de Derecho en homenaje a Ernesto "Che" Guevara. Esos
nombres estaban acompañados de una "S". "S de
subversivos", explicó el comodoro Huberto Tullián, nuevo jefe de
Inteligencia, cuando le preguntaron qué significado le daban los
aviadores de guerra a esa letra. También había gran cantidad de recortes
periodísticos referidos a políticos. Pero encontraron biblioratos con
signos de haber sido arrancados, y en algunos estantes faltaban casi todas
las carpetas. "Limpiaron casi todo", expresó un testigo del
operativo. En la Regional Capital secuestraron las copias de la página de
Internet que relata el juicio por genocidio que lleva adelante el juez
español Baltasar Garzón. "Lo bajamos para ver si está involucrada
la Fuerza Aérea en ese proceso", fue la increíble explicación del
oficial en cuyo escritorio fue hallado este material. Los testimonios
Los periodistas que prestaron
declaración testimonial manifestaron que participaron en investigaciones
relativas a la seguridad aeroportuaria o a las licitaciones de
aeropuertos. Llamado a declarar, el coautor de esta nota --autor, a la vez
de la investigación que inició el escándalo-- aseguró que "pudo
advertir ruidos en el teléfono y tuvo la sensación de ser seguido".
Y aportó los originales de los facsímiles publicados.
En sus declaraciones indagatorias los aviadores habían argumentado
que no reconocían la
Cuando los funcionarios
judiciales le mostraron a López una fotocopia de la OPI en cuestión, el
comodoro dijo que no podía precisar si era la misma que había ordenado
confeccionar. "Pero sí dispuse que el agente Cid me pasara en limpio
una nómina de columnistas y periodistas de determinados medios",
explicó. Luego relató que fue a ver al brigadier Vanden Panhyusen, pero
no tuvo suerte porque su superior no aprobó la iniciativa, por lo cual se
"limitó a hacer sondeos propios". Y agregó que los datos
obtenidos como consecuencia de su iniciativa "fueron destruidos por
no resultar de interés". De hecho, el agente civil Jorge López
aseguró ante la Justicia que destruyó la documentación faltante del año
1997 por orden de su superior, el comodoro que lleva su mismo nombre y
apellido.
El brigadier José Vanden Panhyusen, ex jefe de Inteligencia de la
Fuerza Aérea, negó haber violado la Ley de Defensa que prohíbe a esos
organismos tomar como hipótesis de trabajo las cuestiones de política
interna. "Como había una intensa campaña en contra de la fuerza se
juntó material periodístico para ver si los que escribían sobre estos
temas estaban capacitados para hacerlo", fue la respuesta con la que
el militar intentó explicar la existencia de la OPI. El ex jefe de la
Regional de Inteligencia de Capital Federal, vicecomodoro Salvador Ozán,
declaró que el organismo a su cargo "normalmente busca información
relacionada al estado anímico de la familia aeronáutica".
El agente civil Gustavo Cid
--que se desempeñaba como analista de información-- aseguró que los
documentos publicados por Página/12
fueron originados en el Departamento III y que su única participación
fue pasar en limpio el borrador que le dio el comodoro López. El juez le
creyó y le dictó la falta de mérito porque consideró que "no ha
tenido intervención alguna en la ejecución de las órdenes". Los procesamientos
La mayor parte de la investigación estuvo dirigida por el fiscal
Osorio. "Esta decisión ajustada a derecho es gratificante porque la
sociedad necesita fallos que demuestren que las instituciones
funcionan", opinó ante Página/12 sobre el procesamiento dictado por
Cavallo. El brigadier Panhyusen había pedido precisiones sobre su situación
procesal porque estaba en espera de designación para funciones de
servicio efectivo. Los uniformados no pueden estar más de un año en
situación indefinida: o se les asignan funciones o los someten a una
Junta de Calificación. Cuando estalló el caso, todos los implicados
fueron pasados a disponibilidad y sancionados con un mes de suspensión.
El llamado a indagatoria y el procesamiento fue la respuesta que Panhyusen
no hubiera querido escuchar.
Cronología * 23 de noviembre de 1998:
Página/12 publicó en exclusiva los detalles del espionaje interno
que había hecho la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea sobre las
actividades de nueve periodistas, entre ellos Sergio Moreno y Carlos Rodríguez
de este diario. Todos ellos habían escrito notas durante 1997
relacionadas con la seguridad y la privatización de los aeropuertos. El
artículo estuvo acompañado por el facsímil de la OPI (Orden de Pedido
de Información) número 057/97 referido a la prensa, y por el parte de
información 0318-0 con la descripción detallada de todo lo que hizo el
Movimiento de Mujeres en Lucha durante el acto del Día Internacional de
la Mujer, en marzo de 1997. * 24 de noviembre: el jefe de la fuerza, brigadier general Rubén
Montenegro, se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y
separó a los responsables del espionaje: el brigadier José Vanden
Panhyusen, jefe II de Inteligencia, y el comodoro Jorge Alberto López,
jefe del Departamento III de Inteligencia II.
* Al mismo tiempo Montenegro ordenó un sumario
interno, tras el cual fueron sancionados cuatro de los militares
implicados con suspensiones de no más de 30 días de arresto. La mayoría
reconoció que hicieron espionaje con el objetivo de detectar la presunta
existencia de una "campaña contra los intereses nacionales".
Domínguez había asegurado que no tomaría ninguna medida hasta no
conocer el resultado de la investigación interna. Nunca hizo nada. * 30 de noviembre: la Fuerza Aérea se
autodenunció y presentó a la Justicia el contenido del sumario interno. * 10 de diciembre: fue allanado el edificio Cóndor y la
Regional Buenos Aires de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Apareció la
prueba de la existencia de la OPI polémica. Y documentación referida a
"subversivos" y políticos. * 15 de diciembre: el Movimiento de Mujeres en Lucha protestó
ante Montenegro por el seguimiento, y vinculó el hecho a la sorpresiva
presencia del torturador Héctor Vergez en una manifestación que
realizaron en San Pedro, a mediados de noviembre. * Fines de diciembre: el brigadier Vanden Panhyusen presentó un
escrito ante Urso en el que niega ser responsable del espionaje. * Durante 1999: fueron citados los testigos y los imputados.
La causa pasó al juez Gabriel Cavallo porque Jorge Urso decidió
desprenderse de ella en "compensación" por otro expediente que
había recibido con anterioridad. Cavallo delegó la instrucción en
Osorio. Panhyusen intentó sin éxito recusar al fiscal.
* 2 de marzo de 2000: el magistrado procesó a los imputados por
abuso de autoridad, salvo al agente Cid que obtuvo la falta de mérito. Maurette debe explicar por qué eligió a GUNS
Por
Adriana Meyer y
Maurette es el principal
referente político de Ruckauf en el peronismo porteño desde que el ex
vicepresidente decidió pasarse de distrito e incursionar en la política
bonaerense. En febrero, el nombre Maurette volvió a la arena política
luego de que su nombre sonara para secundar a Gustavo Beliz, en tiempos en
que el titular de Nueva Dirigencia negociaba un acuerdo con Antonio
Cafiero. Según fuentes del PJ Capital y de ND,
Maurette le fue sugerido durante una cena por Ruckauf a Beliz pero
éste, preocupado por alejarse de cualquier figura menemista, declinó la
oferta.
Maurette es hoy presidente de
la Fundación Banco Provincia. La fundación cuenta con un presupuesto de
más de 700 mil dólares, se dedica a promover todo tipo de
emprendimientos culturales, como certámenes de teatro y artes plásticas.
También ayuda a personas que necesitan fondos para trasplantes y, según
aclararon en la administración Ruckauf, "no recibe donaciones, ya
que funciona con los fondos que le gira el banco".
Cuando firmó el contrato con
GUNS, Maurette era secretario de Coordinación del Ministerio del
Interior. Por seis meses de servicios de vigilancia le pagó unos 350 mil
pesos a la agencia del hombre que cuidó durante la década de su
gobierno, noche y día, a Carlos Menem. Parte de las dependencias del
ministerio se habían mudado al edificio de 25 de Mayo al 100, que
pertenecía al Banco Nacional de Desarrollo, y a partir de ese momento los
hombres de Ruckauf empezaron a detectar pequeños robos. Para Maurette,
esa empresa era una de las mejores en seguridad y la eligieron por eso.
Pero lo hicieron por contratación directa. "No se puede llamar a una
licitación en un tema que tiene que ver con la seguridad del
ministerio", argumentó en marzo del '94. Quizás utilice el mismo
razonamiento cuando se siente frente al juez Urso, dentro de pocos días.
Cuando el caso llegó a los medios, Ruckauf lo llamó a Maurette, quien se
atajó diciendo que "si hubiera sabido de esta vinculación (con
Armentano), habría vetado a la empresa".
En
septiembre de 1998 debió dar explicaciones ante la Justicia el director técnico
de GUNS, comisario Fausto Mingoranze, quien se considera mucho más que el
socio de Armentano. Más tarde fueron convocados a indagatoria Alicia
Lepera, la esposa de Armentano, y su hijo mayor, Leonel Armentano. Ambos
sostuvieron que no formaban parte del directorio al momento de la
contratación. El juez aún no decidió su situación procesal.
Si bien Urso se ocupó de la
responsabilidad tanto de la empresa beneficiada como de los funcionarios
que la contrataron, en su lista de indagados --que desde el comienzo de
marzo están desfilando por su despacho de la avenida Comodoro Py-- no
figuran ni Ruckauf ni Armentano. "Maurette tenía autonomía
suficiente para decidir y firmar ese contrato", explicó a Página/12
un importante funcionario judicial. Por eso su jefe político no resultó
imputado. Cuando lo interroguen los investigadores podría establecerse si
la iniciativa fue propia o recibió alguna sugerencia al respecto.
En cuanto a Armentano, no
resulta fácil probar que puso a sus familiares como testaferros, aunque
lo haya reconocido ante la prensa.
El decreto 1172/88 dispuso que no pueden estar vinculados con las
agencias de seguridad privada aquellos que "pertenezcan al personal
en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, instituciones
policiales, penitenciarias o que revisten en la administración pública
nacional, provincial o municipal". El comisario de Menem estaba en
actividad y pertenecía a la Policía Federal, pero no pareció
preocuparle demasiado esta disposición. "Ya sé que no puedo tener
una agencia, pero usted comprenderá que con 1400 pesos por mes nadie
puede vivir; es por eso que la agencia figura a nombre de mi esposa y de
mi hijo mayor", se justificó en agosto de 1993 ante la revista
Noticias. Poco es lo que puede hacer la Justicia ante esto. De hecho, los
imputados en la causa son sus familiares, además de los funcionarios que
acompañaron a Maurette en su paso por Interior. Sin embargo, el
reconocimiento de haber violado un decreto debería haber originado otro
proceso judicial.
GUNS cuenta con 1000 agentes y
no tuvo como cliente exclusivo al Ministerio del Interior. También se
ocupaba de la seguridad de la Secretaría de Medio Ambiente durante la
gestión de María Julia Alsogaray, de la Caja de Ahorro, de las Galerías
Pacífico, del canal estatal ATC, del Sindicato de Empleados de Comercio,
de algunos grandes supermercados y ofrece perros de la agencia
subcontratada Segurcán. Además, en 1995 cobró 575.095 pesos por prestar
servicios a la Jefatura de Gabinete, según consta en el Presupuesto
nacional.
Armentano conoció a Carlos
Menem en 1988, cuando le asignaron la custodia del entonces candidato
justicialista. En marzo de ese año sobrevivió al grave accidente del avión
Cessna que intentó despegar en La Rioja y a partir de ese momento
sellaron una estrecha relación. Fue Armentano quien le entregó al ex
presidente el reloj que alguien le robó a su hijo cuando agonizaba en el
helicóptero.
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existencia del facsímil publicado por este diario porque carecía de
sello y firma. "Sin eso, no es un documento porque no existe",
adujeron. Pero el juez señaló que surge de la pesquisa que habitualmente
los partes de información no llevan sello ni firma. De todos modos, los
imputados reconocieron que realizaron el seguimiento. El ex jefe del
Departamento III de Inteligencia de la Fuerza Aérea, comodoro Jorge
Alberto López, admitió que quería conocer la idoneidad de quienes
escribían sobre temas aeronáuticos porque estaba preocupado por una
supuesta campaña mediática de "acción directa para
desprestigiar" a la fuerza. Y argumentó que eso "generaba
incertidumbre en los operadores de tierra, las tripulaciones en vuelo y en
los mismos pasajeros que volaban asustados". En el sumario interno
que hizo la Fuerza Aérea, López había reconocido ante sus superiores
que "hubo una reunión de coordinadores en la cual se analizó la
preocupación sobre una campaña que podría afectar a la defensa nacional
y queríamos obtener datos sobre quienes escriben las notas para
determinar si tienen intereses ajenos a nuestro país". 