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Página/12
reveló hace una semana la increíble historia de esa controversia, que
también alcanza a compañías privatizadas de los sectores eléctrico y
gasífero. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y
Salta demandan a empresas de todos esos rubros deudas impositivas por la
impresionante cifra de 3 mil millones de dólares.
El ministro busca transformar
una situación de debilidad en otra de la que pueda obtener beneficios.
Empresarios petroleros confirmaron a este diario que se entrevistarán con
Machinea, quien a su vez ordenó a sus asesores elaborar un informe
detallado de la situación que enfrenta a las compañías con las
provincias antes mencionadas. Si bien el diferendo es entre distritos del
interior y empresas privadas, el Estado nacional quedó involucrado por
ser garante de inversiones extranjeras. La disputa ha crecido tanto en
intensidad que la firma estadounidense Enron, controlante de
Transportadora de Gas del Sur, inició un juicio contra la Argentina ante
un tribunal internacional para exigir una indemnización de 500 millones
de dólares, y otras empresas podrían seguir sus pasos. El argumento de
Enron es que se está violando la cláusula del Tratado de Protección de
Inversiones que garantiza a las empresas no sufrir discriminación
tributaria. De allí que la posición del Gobierno en esa disputa sea muy
comprometida.
Las Cámaras de Comercio de los
Estados Unidos, España, Bélgica y Chile se reunieron la semana pasada
con el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía, Roberto
Eilbaum. Fueron a expresarle su "profunda preocupación" por las
derivaciones que está tomando el caso y a advertirle que podrían seguir
sumándose causas contra la Nación ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). El organismo
depende del Banco Mundial, y es al que recurrieron Enron y Endesa para
demandar al Estado. En el caso de esta última firma, la querella es por
3,5 millones de dólares, a raíz de una deuda impositiva que exige cobrar
Neuquén por operaciones de su controlada Hidroeléctrica Chocón.
Carlos Riva, funcionario de la Cancillería, fue el representante
del Estado argentino en la audiencia que la semana pasada tuvo lugar en
Washington, sede del Ciadi, por el inicio de las actuaciones de la causa
planteada por Enron. El funcionario fue convocado por el procurador del
Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, quien requirió toda la documentación
sobre el conflicto con las provincias. El jefe de los departamentos
legales de los organismos del Estado también citó a la misma reunión
--el próximo jueves-- a los funcionarios de Economía Miguel Bein
(secretario de Programación Macroeconómica y Regional), Juan Carlos Gómez
Sabaini (secretario de Política Tributaria) y Roberto Eilbaum, y a los
fiscales de las provincias del sur y del norte argentino. En ese
encuentro, cada parte expondrá su posición y marcará el inicio de las
negociaciones para buscar una solución al diferendo antes de que la
sangre llegue al río. HISTORIA
SECRETA DE UN CONFLICTO ECONOMICO MILLONARIO Por
D.C.
El Superior Tribunal de Neuquén
le dio la razón al gobierno provincial, y el fallo quedó en firme cuando
la Corte Suprema de la Nación dictaminó que la causa no era de su
competencia. Otro antecedente en favor de la aplicación de la teoría del
"contrato entre ausentes" para cobrar el impuesto fue la
ratificación de lo actuado por Neuquén por la Comisión Federal de
Impuestos, el organismo que regula la aplicación de tributos en los
distritos del interior, de acuerdo con lo que manda la Ley de
Coparticipación entre la Nación y las provincias.
Con esos precedentes, otras
provincias comenzaron a exigir el pago del impuesto a los Sellos. Además
de las petroleras, las empresas demandadas por Neuquén, Santa Cruz,
Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y Salta son las dos transportadoras y
las nueve distribuidoras de gas, cuatro hidroeléctricas y varias
contratistas de todas esas compañías. En total, la supuesta deuda
impositiva se estima en 3000 millones de pesos.
"Las provincias tienen una
bomba atómica que hasta ahora no han utilizado, que es emitir una orden
de ejecución contra las compañías", graficó el empresario
consultado por Página/12.
A pesar de que los distritos del interior mantienen abierta la puerta de
la negociación --tanto con las empresas como con el Estado nacional--, la
posibilidad latente de exigir el pago complica seriamente a las empresas.
Sus auditores externos les vienen reclamando que previsionen las deudas
eventuales en sus balances. Si lo hubieran hecho, muchas de ellas no habrían
registrado ganancias el último año, con lo cual los costos por los créditos
que toman se habrían encarecido notablemente.
Al gobierno nacional le
preocupa que, a pesar de las gestiones que realizó la administración
anterior y las negociaciones que mantuvieron las provincias y las compañías,
el conflicto fue ganando en intensidad. Enron y Endesa ya apelaron a un
tribunal internacional y otras empresas amenazan con hacer lo propio.
"Se puede generar un clima adverso para nuevas inversiones", señaló
a este diario un funcionario de Economía.
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