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FINALIZO EL MOTIN EN MENDOZA SIN VICTIMAS
Y la sangre no llegó al río

Los reclusos que el viernes tomaron 20 rehenes con la intención de fugar, lograron un compromiso del Gobierno para mejorar las  condiciones de detención. Actuó un equipo especial de mediación.

Uno de los últimos rehenes liberados por los amotinados, después de que se firmó el compromiso


Por Pedro Lipcovich
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Sin sangre, y con un acta de compromiso que admite serias deficiencias en las condiciones de detención en la Penitenciaría de Mendoza, terminó el motín que había empezado el viernes a la noche. En la tarde de ayer los presos liberaron a sus últimos rehenes, y diez cabecillas de la rebelión fueron trasladados a otras cárceles "porque su vida no estaría garantizada por parte del personal penitenciario", según explicó a este diario el subsecretario de Justicia de la provincia. En las negociaciones debutó un un equipo especializado provincial, que utilizó técnicas procedentes de los Estados Unidos, pero, más allá de esa eficacia, el gobernador de la provincia, Roberto Iglesias, dijo anoche que "aceptamos los pedidos de los reclusos en relación con una mejor administración de la política penitenciaria".

  El motín se había iniciado el viernes a las 21, cuando un grupo de detenidos aprovechó que en la cárcel tenía lugar un espectáculo folclórico, que integraba la celebración de la Fiesta de la Vendimia, para irrumpir, disparando al aire con una pistola 9 milímetros, y apoderarse de 20 rehenes: nueve agentes del Servicio Penitenciario provincial y 11 civiles, incluyendo un chico de 10 años que fue liberado horas después.

  Los reclusos tomaron el control de los pabellones centrales del penal. La cárcel fue rodeada de inmediato por fuerzas policiales de la provincia y, desde el sábado, por 225 gendarmes que llegaron desde Buenos Aires. No está claro cuántos de los 1400 reclusos alojados en la cárcel (con capacidad para 560) adhirieron al motín. Fueron incendiadas y destruidas la panadería, la carpintería y la capilla.

  Inicialmente, los amotinados solicitaban vehículos, armas y chalecos antibala para que veinte de ellos pudieran huir. Ayer a las 8.15, el subsecretario de Justicia mendocino, Alejandro Salomón, informó que los amotinados habían depuesto esas exigencias: "Hay algunos reclamos en cuanto a mejoras carcelarias, cuyo cumplimiento no presentaría mayores inconvenientes". Poco después de las 9, uno de los cabecillas anunció a un canal de televisión local: "Hemos desistido (de la fuga) y lo que queremos son garantías". A mediodía quedaban doce rehenes, seis guardiacárceles y seis civiles.

  Las negociaciones eran conducidas por un equipo denominado GRIS, que debutó en esta oportunidad: "Está integrado por policías en actividad, policías retirados de Mendoza: quien los formó hizo un curso en los Estados Unidos, y cuentan con conocimientos de psicología y elementos modernos de comunicación y escucha", explicó a este diario una fuente de la gobernación mendocina. Las tratativas culminaron fuera de la cárcel, para lo cual dos de los líderes de la revuelta --Alberto "El Cordobés" Savorolowsky y Emilio Fraile-- fueron retirados del penal y vueltos a ingresar.

  El acuerdo alcanzado reconoce la demora en el cumplimiento de los traslados de presos con buena conducta a una unidad de régimen menos riguroso, admite un insuficiente control judicial de las condiciones de detención y la deficiente atención médica de los presos (ver recuadro).

  Ayer, a las seis de la tarde, fueron liberados los últimos rehenes. Pocos minutos más tarde salían los diez cabecillas del motín, que serán alojados en otras cárceles "porque en la Penitenciaría su vida no estaría garantizada, ni por parte de los otros internos ni por parte del personal penitenciario", según explicó a este diario el subsecretario Salomón.

  A las 19.30, Roberto Iglesias, gobernador de la provincia de Mendoza, anunció que el motín había finalizado: "En la negociación, hemos dejado actuar a los que tienen el profesionalismo que se requiere", dijo.  Iglesias dijo que "aceptamos los pedidos de los reclusos en relación con una mejor administración de la política penitenciaria", y aseguró que "no vamos a cortar el régimen de visitas porque empeoraría la situación: los penados necesitan la apoyatura de sus familiares". Prometió también dar curso "a los pedidos de los reclusos de traslado a establecimientos por razones de residencia, para lo cual empezaremos las negociaciones con otras provincias y con la Nación".

  Iglesias destacó que "la política de seguridad de la provincia, consensuada con distintos partidos políticos, sigue intacta". Sin embargo, denunció "el incumplimiento" que "en cuatro oportunidades puso en peligro la vida de los rehenes". Prefirió dar razón de sus palabras "cuando demos explicaciones en la Legislatura", aunque anticipó que "cuando se abren otros mecanismos de negociación, se producen otros problemas".

  Salomón, en diálogo con Página/12, vinculó las crípticas palabras del gobernador con la presencia de los medios de comunicación: "Mientras negociábamos con los internos, ellos tenían aparatos de televisión  y veían cómo las cámaras mostraban el despliegue de las fuerzas de seguridad. Además, como tuvimos que darles teléfonos celulares para comunicarse con nosotros, los utilizaron para hablar con canales de televisión de la provincia, que empezaron a trabajar como si fueran negociadores: eso nos desgastó muchísimo".

 

Los puntos del acuerdo

Por P.L.
"Que al momento de efectuar la requisa (finalizado el motín) esté presente el periodismo y personas que garanticen", decía el petitorio sobre el que se estableció el acuerdo que puso fin a la revuelta. Anoche, el subsecretario de Justicia mendocino, Alejandro Salomón, explicó a este diario que "en cuanto terminó el motín hicimos una requisa rápida y encontramos cinco armas de fuego. Fue sin testigos, cuya seguridad no hubiéramos podido garantizar, pero mañana vamos a hacer otra con periodistas".

  El petitorio también solicitaba un segundo juez de ejecución penal, ya que el que custodia las garantías de los 1400 presos también debe atender a los de la cárcel de San Rafael: "Pero como el nombramiento de un juez es un trámite largo, consultamos al actual y dijo que hay canales para aumentar la eficiencia", explicó el funcionario.

  Se aceptó el pedido de mejorar la asistencia médica, y también el de agilizar los traslados a la Unidad 5, que es una chacra con mejores condiciones y posibilidad de trabajo: "Con dos años de buena conducta tienen derecho a ir allí, pero a veces pasan cuatro años sin esa posibilidad", admitió Salomón, quien anunció que "también se acordó establecer en el penal una oficina de derechos humanos para recibir denuncias de los internos sobre abusos o apremios ilegales".

 

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