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Página/12 pudo determinar que el jefe delEjército ordenó que este jueves todas las unidades dediquen el día a detectar documentación. |
Por Nora Veiras y M. G.  Este
jueves, el Ejército interrumpirá todas sus actividades, no hará
maniobras y dejará en
suspenso hasta las tareas administrativas. Página/12 pudo establecer
anoche que, por orden del jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni, buscará
en las unidades, los comandos y las oficinas documentos sobre la
represión.�El jueves paramos todo y dedicamos el día a la búsqueda de documentación �informó un alto oficial que pidió reserva de su identidad. Y otro oficial detalló cómo funcionará el rastreo a través de la cadena de mandos: �Cada jefe deberá cumplir con la orden, porque si después del jueves aparecieran documentos en su unidad ese jefe será responsable por no haberlos hallado o denunciado. El destino de la documentación será la Justicia civil, previo paso por el Estado Mayor, que centralizará los hallazgos. Los oficiales no precisaron a este diario qué tipo de documentos se buscarán. En principio, se trataría de ubicar si existen listas de desaparecidos o series de órdenes concretas sobre operativos clandestinos realizados durante la dictadura. Pero el Ejército no descarta nada. El sitio clave es el batallón 601 de Inteligencia, que podría ser el principal archivo de la masacre, seguido del archivo de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del de la policía de la provincia de Buenos Aires. El abogado Alberto Pedroncini pidió medidas para custodiar los documentos del 601, pero el juez Adolfo Bagnasco no lo allanó y pidió al mismo Ejército que vigile los papeles. Una medida curiosa: ni el Ejército se hubiera sorprendido ante un allanamiento, sobre todo después de que Brinzoni echó a cientos de agentes. La documentación policial sobre los tiempos de Ramón J. Camps ya fue detectada y está bajo análisis de los investigadores. Ni la SIDE ni el 601 dieron hasta ahora información sobre el destino de sus archivos con datos del período 1976-1983. Ante cada reclamo, el Ejército siempre respondió que el general Cristino Nicolaides quemó los documentos sobre la represión en 1983, cuando comandó la fuerza después de la derrota de las Malvinas e impulsó la ley por la que los militares se amnistiaron a sí mismos. El que promulgó esa ley fue Reinaldo Benito Antonio Bignone, el último presidente militar, que gracias a la virtual ruptura de relaciones entre Ejército, Marina y Fuerza Aérea tras la guerra se convirtió en el único caso en el mundo de un primer mandatario designado por una sola persona, Nicolaides. Además de su apego al espíritu de cuerpo Bignone tenía, además, interés personal en la destrucción de materiales: él mismo está acusado de la desaparición de conscriptos cuando era jefe del Colegio Militar. Esa orden en verdad se basa en el Boletín Confidencial del Ejército número 4853, de diciembre de 1979. Lo firmó el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, el mismo que busca ahora la Justicia italiana por las desapariciones en la Argentina, y establecía normas para incinerar documentos sobre lo que los oficiales llamaban �lucha antisubversiva�.
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