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La búsqueda de documentación sobre los años de plomo �decidida por el Ejército para este jueves� puede ser una formidable contribución a restaurar, en parte, la verdad de la represión en la dictadura. O no: puede no ser más que un gran ejercicio de catarsis con la ilusión de que después, entonces sí, sea imposible reclamar cualquier lista, cualquier documento, todo libro de entradas y salidas de un cuartel o un hospital. Es demasiado rápido para suponer que el rastreo de los archivos seguirá la primera dirección o la segunda. Lo mejor, sin duda, es que siga la primera. Y además, suena realista, porque ya está claro que la ilusión del �The end� �el punto final, el final de la historia, el olvido eterno� no resiste ni el paso del tiempo ni la curiosidad siempre renovada de cada generación que llega a los 20 años. Sería ideal, por eso, que el Ejército no discriminara por sí mismo la utilidad de los papeles que reúna. Alicia Oliveira, la ombudsman porteña, quizás la funcionaria más preocupada por preservar la base material del derecho a la verdad, suele decir que cualquier documento burocrático sirve. Incluso el más lateral. Un ejemplo fue la pista que siguió Juan Gelman para buscar a su nieta o nieto nacido en cautiverio luego del secuestro de su hijo Marcelo y de su nuera María Claudia. El nombre del entonces capitán Eduardo Rodolfo Cabanillas �tenía ese grado en 1976� jamás había aparecido en ninguna denuncia sobre violaciones a los derechos humanos. En cambio, figuraba como testigo en un expediente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ese mismo documento servía para investigar nuevos detalles de la colaboración represiva entre militares argentinos y uruguayos dentro del Operativo Cóndor. Tenía nombres, huellas, datos sobre la estructura del mando y hubiera alcanzado para que el Ejército pudiera decir, la semana pasada, que tenía constancias sobre la coordinación en el Cono Sur.La Cámara Federal porteña, a pedido de Oliveira, ya ordenó que el Consejo Supremo cese en su rutina de incendiar la documentación vieja. Otro ejemplo es el libro de nacimientos del hospital de Campo de Mayo, hallado por la Justicia dentro de un proceso por recuperación de la verdad. Una obstetra asistió en un parto y luego fue asistida ella misma con diferencia de pocos días. ¿Fue efectivamente así? ¿O hay una irregularidad? En una línea del libro aparece un agregado sospechoso. Como un interlineado que no se repite en el resto. ¿Fue una estupidez casual o el signo evidente de que se encubrió un delito? Más allá de las dudas que genera cualquier alteración, ningún juez ha discutido estos día que el libro de Campo de Mayo puede ser una buena fuente de información si se cruzan sus datos con otros anteriores y se comparan los nombres y las fechas. Como saben bien la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales, un detalle inservible para un caso puede ser revelador en otro. Y, agotada la parte más dramática de la reconstitución de la verdad �que es la reconstrucción de una vida, de un destino individual�, la información servirá para enriquecer la memoria histórica y entender cada vez mejor cómo funcionó la máquina de matar de la dictadura. Una pregunta insidiosa: el poder político, a través del Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿qué criterios recomendará seguir este jueves?
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