OPINION

Dos caras de una misma moneda

Por Cristina Fernández de Kirchner *

El debate sobre evaluación docente ha quedado atrapado entre dos lógicas aparentemente contrapuestas y que resultan inadecuadas para dar cuenta de la problemática educativa. Por un lado, la propuesta ministerial de vincular el resultado de la evaluación al salario docente. Lógica de mercado que puede ser muy buena, por cierto, para una empresa de carácter comercial, pero que aplicada a una empresa de nivelación y promoción social como es la escuela pública, y en este contexto de país, sólo serviría para consagrar las desigualdades de origen socioeconómico y las asimetrías regionales --en mi provincia parafraseamos un conocido refrán diciendo: tenemos buenos cardiólogos, pero Favaloro y su equipo están en Buenos Aires. Ergo, de aplicarse este criterio, no sólo tendríamos maestros de primera, de segunda y hasta de cuarta sino, lo que es peor aún, alumnos y por lo tanto educación de primera, de segunda, etcétera. De más está decir que el slogan "educación para todos" sólo quedaría reducido a eso: sólo un slogan.

  La otra lógica es la que venimos escuchando hace un tiempo y que fundamentalmente llevan adelante los gremios docentes. Estos parecen remitir el problema de la educación únicamente a la cuestión salarial e intentan reproducir en el ámbito de la ecuación Estado-docentes-educación, la misma dinámica de conflictividad y contraposición de intereses que histórica y científicamente ha enfrentado el capital con el trabajo. Más allá del derecho a un salario justo y digno que le asiste a todos los que trabajan, se quiere reproducir, simétrica y mecánicamente, la lógica de la empresa privada, identificando al Estado con un patrón privado. En síntesis, el mismo razonamiento de la propuesta ministerial, nada más que del otro lado del mostrador.

  Como se ve, y más allá de los discursos, mercantilización o sindicalización de la problemática educativa son las dos caras de una misma moneda. Es decir, la conceptualización equivocada del problema.

  Por lo pronto, y aunque parezca casi obvio, la evaluación docente debe remitirnos al verdadero problema que es la calidad educativa a la que tienen derecho los ALUMNOS (así con mayúsculas), objeto final y sujeto principal a tutelar en cualquier gestión de gobierno.

  Por lo tanto, lo primero deberá ser situar correctamente el debate, el cual no puede pasar por considerar a la educación como una bolsa de trabajo ni tampoco como una fórmula económica de costo y beneficio.

  Se torna imprescindible que cuando se hable de educación y mejoramiento de su calidad, de la cual la evaluación es sólo un instrumento, se caractericen adecuadamente los roles de los diferentes actores del proceso educativo: Estado-docentes-alumnos-familia.

  Y, en este sentido, el Estado nacional debe reconstruir un Sistema Nacional de Formación Docente (como alguna vez lo fue el sistema de nuestras viejas y recordadas maestras normales nacionales) que garantice que la carrera docente no sea sólo una salida laboral y un nivel homogéneo desde La Quiaca hasta Ushuaia.

  Que organice, juntamente con las jurisdicciones provinciales, una nueva carrera docente, donde la antigüedad deje de ser un mérito para ascender o lograr una ventaja salarial y sea la capacidad el parámetro de asignación de funciones y ascensos.

  Que sistematice, en consonancia con los dos pasos anteriores, un sistema nacional de evaluación docente, donde el desarrollo y el desempeño profesional y la experiencia pedagógica sean los pilares evaluativos para otorgar y conservar el status docente. En este sentido, el sistema de reválida, y no el salario diferenciado, garantizará un mejor nivel de calidad educativa.

  Esto, sin lugar a dudas, requiere la construcción de un Consenso Educativo Nacional que se exprese en un pacto entre los distintos partidos políticos con representación parlamentaria nacional, que busque diseñar un compromiso de calidad educativa para las próximas décadas, terminando con la costumbre de algunas dirigencias políticas que creen que la Argentina es una inmensa sala de cine continuado donde la película empieza cuando ellos llegan al gobierno. Esto no es incompatible con la provincialización del servicio educativo que se operó en 1991, más allá de que la misma se realizó con un criterio de eficiencia fiscal más que de eficacia educativa. La descentralización de la gestión del servicio educativo no puede ni debe confundirse con la centralidad estratégica que exige la dirección y planificación de la educación de un país.

  * Diputada Partido Justicialista (Santa Cruz)