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El documento de la Sigén --el
organismo que ejerce el control interno de las cuentas del Estado-- es el
resultado de una auditoría sorpresa que un equipo de especialistas realizó
durante febrero en la UNLaR. La Oficina Anticorrupción ya lo tiene en sus
manos y los investigadores no descartan que el caso termine en una
denuncia penal. La pesquisa, realizada frente a sospechas sobre la
existencia de mecanismos de desvíos de fondos, apuntaba a terminar otra
iniciada el año pasado, que quedó trunca cuando los auditores fueron
echados del rectorado entre insultos y empujones. También pretendía
verificar información sobre presuntas irregularidades académicas y
financieras que figuraba en una denuncia anónima que el área recibió a
comienzos de este año y que Página/12
publicó en exclusiva.
El
aire cuesta caro. Uno de los ejes del informe, al que tuvo acceso
este diario, señala manejos turbios en la obra de construcción de la
Ciudad Universitaria, que terminó a fines de 1998. En la compra e
instalación del equipo de aire acondicionado de 1200 toneladas de
refrigeración se pagó, según la Sigén, un sobreprecio de 4.250.000
pesos. El presupuesto original indicaba que costaría 1.300.000, pero
terminó disparándose misteriosamente a 9.750.000. Según informes de
ingenieros con que cuenta el órgano de control público, teniendo en
cuenta que el precio de plaza por tonelada no excede los 3500 pesos (a los
que se suman gastos generales de alrededor del 15 por ciento y pago a los
gremios por otros 10 a 15 por ciento), el costo total nunca pudo haber
superado los 5.500.000.
Otras
extras. La UNLaR, explicó el síndico general adjunto Jaime Farji,
"pagó un 15 por ciento de más en equipamiento informático, en la
instalación de la red y en parte del mobiliario". "Sin
justificación de calidad --añadió Farji--, la universidad usó el
sistema `del contratista designado` por el cual le indica al adjudicatario
de la obra a quién debe subcontratar para ciertas tareas y le paga un 10
por ciento más por gastos generales y un 5 por ciento en carácter de
beneficio." La adjudicataria de toda la obra fue la Unión
Transitoria de Empresas (UTE) Hochtief y Río Manso S.A, propiedad esta última
del intendente riojano Luis María Agost Careño y en la que la esposa del
ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo ocupó la vicepresidencia.
Un
premio jugoso. La casa de estudios riojana le pagó a la UTE
2.500.000 pesos por haber anticipado la finalización de la obra. Sin
embargo, señalan los investigadores, "el contratante nunca había
requerido que se acelerara el fin de la obra, tal como indica la
reglamentación".
A
lo grande. En un principio, la obra de la Ciudad Universitaria había
sido adjudicada por 42 millones de pesos. "Sin embargo terminó
costando 53 millones, sin contar el mobiliario y la contratación de
documentación de obra que elevó la cifra a más de 60 millones", señaló
Farji. Al margen de la multiplicación del costo, dice el experto,
"no hay constancias en el Ministerio de Educación que fundamentaran
que la demanda de educación superior ameritaba una obra de semejante
envergadura".
Falta
de control. "La UNLaR no dispone de un sistema de registración
que le asegure conocer la cantidad de alumnos que efectivamente cursan en
esta casa de altos estudios", dice el reporte. De hecho, en menos de
dos meses la Sigén recibió de la Secretaría Académica tres datos
distintos: el 31 de diciembre informó que el total de alumnos era 18.609,
el 1º de febrero dijo que eran 22.191 y el 18 de febrero, 10.617. Una de
las brechas más grandes aparece en el total de alumnos de la sede de la
capital: en la primera fecha sumó 15.555 estudiantes, en la segunda
17.953, en la tercera 10.418 y en la última 8768. Según conclusiones que
la Sindicatura manejaba el año pasado, la UNLaR había declarado cerca de
1600 matriculaciones más que el total de egresados de escuelas
secundarias de la provincia.
Actas bien caseras. En
la revisación de 3 registros con 410 actas de exámenes, 104 (el 25 por
ciento) tenían nombres de alumnos agregados a máquina, otros añadidos a
mano con diferentes tintas, tachaduras y enmiendas sin salvar y
estudiantes que aparecen dos veces en un acta. Plata con destino incierto. La FUNLaR funciona como una entidad privada, presidida por el vicerrector, se encarga de cobrar un arancel de 10 pesos mensuales a los alumnos y administrar ese dinero. "La ley de Educación Superior autoriza a percibir aranceles pero no a utilizarlos para gastos corrientes ni sueldos", explica Farji. La UNLaR usó esa plata para insumos para trabajos prácticos, limpieza y sueldos de docentes de Abogacía y de Medicina. "No se verifican rendiciones por parte de la fundación de la recaudación y administración de aranceles", afirma la Sigen, aunque una resolución del Consejo Superior dice que debe hacerlo mensualmente. El informe cuestiona: "La gravedad de los hallazgos detectados como resultado de la labor de la auditoría, permite concluir que la Universidad Nacional de La Rioja ha derivado recursos de su patrimonio para constituir y sostener una entidad de derecho privado que, como tal, se halla fuera de las normas que regulan la administración financiera del Sector Público".
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