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Hoy el Gobierno tendrá oportunidad de testear en una audiencia pública hasta dónde podrá avanzar en su afán por introducir más competencia en el mercado del gas. En el encuentro que comenzará a las 9 en la sede del órgano regulador, las distribuidoras intentarán bloquear la decisión oficial de facilitar la contratación del combustible directamente con el productor o de ingresar al negocio a nuevos comercializadores. La norteamericana Enron es una de las interesadas de que se concrete esa apertura. En el capítulo II del marco regulatorio del gas se precisa que el Gobierno está comprometido a eliminar aquellas regulaciones que restrinjan la competencia. De acuerdo con la visión oficial, en esta línea está la decisión de bajar de 10 mil a por lo menos 5 mil metros cúbicos diarios la cantidad de gas a consumir para poder ingresar en el mercado mayorista, lo que favorecería a las pymes. Por encima de este tope, es ineludible contratar con las distribuidoras, en las condiciones que éstas imponen. Pero las empresas dedicadas a la distribución �British, Repsol, Camuzzi, Macri, entre otras� resisten fuertemente esa iniciativa, con la amenaza de que acusarán al Gobierno de vulnerar la seguridad jurídica, ya que aseguran que cualquier retoque a las normas vigentes significará un cambio en las reglas de juego pactadas en el momento de privatizar las empresas. En la otra vereda se ubican las empresas del sector que quieren ingresar en el negocio y quienes ya lo hicieron como �comercializadores�, firmas que se ocupan de comprar el gas y contratar ellas mismas el transporte y distribución. Por la vía de esos intermediarios o de la contratación directa de parte de un usuario, las tarifas resultan un 20 por ciento más baratas que si el servicio lo provee la distribuidora. �También hay que resolver el problema de los grandes usuarios, que compran este insumo más caro de los que debieran. Es un tema central en el problema de la competitividad del país�, opina el diputado aliancista Alejandro Peyrano.
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