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En
lo que constituye el primer paso para enjuiciar a Augusto Pinochet en
Chile, el juez Juan Guzmán presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de
Santiago un pedido para despojarlo de su inmunidad como senador
vitalicio. |
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El
País Por
Francesc Relea
Hugo Gutiérrez, uno de los
abogados que firmaron la solicitud, subrayó la importancia de que el juez
Guzmán haya considerado que "existen bases suficientes para detener
a Pinochet". La resolución del magistrado se fundamenta en el artículo
612 del Código Penal, que establece que tan pronto aparezcan antecedentes
para detener a un parlamentario, el juez debe elevar los autos al tribunal
superior correspondiente, a fin de que éste, si considera que hay mérito,
apruebe iniciar la causa. Hasta que la Corte de Apelaciones no decida a
favor de su pedido, el juez chileno no podrá interrogar ni ordenar la
realización de exámenes médicos a Pinochet. "Nos guste o no nos
guste, el inculpado tiene fuero parlamentario, de momento", precisó
el abogado Gutiérrez. "Es la hora de la verdad para el gobierno y el
Poder Judicial. Quedará dirimido quién manda aquí, si el poder judicial
o el poder militar", dijo la abogada Carmen Hertz.
La Corte tiene que estudiar los
diez tomos del expediente de la "Caravana de la Muerte", que A partir de ahora los 24 jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago estudiarán los alegatos de los querellantes y la defensa antes de votar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pinochet. Si la mitad más uno de los miembros del tribunal ordena el desafuero, la defensa podrá recurrir la decisión jurídica ante la Corte Suprema, que dictará un fallo inapelable. Si, por el contrario, la petición fuera rechazada, los abogados querellantes sólo tendrían la posibilidad de presentar un recurso llamado "de queja" contra la conducta de los jueces, y no contra el contenido del fallo. Y, según fuentes judiciales, se trata de un tipo de recurso que sólo prospera en muy raras ocasiones.
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los
querellantes califican de "operativo de exterminio". La
solicitud de desafuero señala que "existen presunciones
fundadas" para estimar la "participación criminal en calidad de
autor inductor de Augusto Pinochet Ugarte en los delitos de secuestros
calificados agravados y en la asociación ilícita". Concretamente,
los cargos son 19 casos de desaparición de personas y 53 homicidios en
ese operativo represivo, que fue perpetrado en varias localidades del
norte de Chile un mes después del golpe de septiembre de 1973. La
tramitación es el resultado de la investigación llevada a cabo en los últimos
dos años y medio por el juez Guzmán, durante la cual ordenó la detención
de seis altos oficiales del Ejército, cuya situación judicial fue
confirmada por la Corte Suprema en agosto del año pasado. Fernando
Barros, abogado del dictador, manifestó que el general no puede ser
inculpado como autor sino como cómplice encubridor, ya que sólo habría
conocido los hechos después de que éstos fueron cometidos. Ese argumento
busca resguardar a Pinochet detrás de la Ley de Amnistía que el régimen
militar aprobó para encubrir los crímenes cometidos entre septiembre de
1973 y marzo de 1978.