OPINION
Tres propuestas para ganar eficacia |
Diana Conti *.
La tarea es constante
La semana pasada, en forma pública mantuve reuniones con el jefe del Estado Mayor del Ejército y con el jefe del Estado Mayor de la Armada. Ambos encuentros habían sido previamente acordados con los ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos. Fueron parte de la política del gobierno que integro y se realizaron forma pública, de cara a la sociedad. En estas reuniones además de constatar expresamente la predisposición de ambos altos oficiales a colaborar en la búsqueda de la verdad y de la justicia, les solicité datos que nos permitan encontrar a nuestros desaparecidos y a nuestros hoy jóvenes nacidos durante el cautiverio de sus madres o entregados a familias extrañas a su sangre durante la dictadura. Escuché los problemas e inconvenientes y planteé claramente que no fueran ni el Ejército ni la Armada los que discriminaran los datos. Esta tarea debe ser constante. La búsqueda no puede cerrarse porque es un derecho y una obligación de toda la sociedad y fundamentalmente del Estado. Debe permitirnos a todos los argentinos, y en especial a los doloridos familiares, esclarecer los hechos atroces que costaron la vida a miles de seres queridos y a los chicos vilmente apropiados, recuperar su identidad. Como se trata de sucesos cercanos en el tiempo, su interpretación está fuertemente influida todavía por quienes los vivenciamos, y por profundos vínculos afectivos con quienes los padecieron y desgraciadamente ya no están. Por todo esto la tarea es ardua y será un permanente siendo. La búsqueda es útil si se admite esta realidad.
* Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Simon Lazara *.
Todo depende del método
La decisión del Ejército de poner a disposición documentos es importante pero no absolutamente definitiva. Todo dependerá de los métodos que se utilicen, de la calidad de la información, de la capacidad de selección e investigación y, finalmente, el objetivo para el que se realiza todo esto. Una cosa es escribir historia y otra muy distinta identificar gente, saber qué pasó en cada caso y reconstruir hechos. Es un rigor que requiere algunas capacidades que por ahora no se observan. ¿Qué falta? Primero, aprender de la experiencia. ¿Quién se va a hacer cargo de decidir qué se revisa y qué no? ¿Quién definirá dónde se acumula? ¿Cuáles son los límites de la investigación? ¿Quién la hace y quién la controla?
En toda América latina, cuando se acordó una comisión de la verdad tuvo funciones, capacidades y miembros concretos que representaban intereses diversos. Todo esto a pesar de que los acuerdos garantizaban que las partes iban a integrar todo. En la Argentina, esto ni siquiera pasó con la Conadep, ya que en aquel entonces la negativa militar a colaborar era virtualmente absoluta. Así que ahora, si efectivamente se quiere llevar adelante una acción que responda a los compromisos internacionales contraídos, a las disposiciones de las organizaciones protectoras de los derechos humanos en los organismos internacionales, al reclamo social y a las propias decisiones judiciales, lo ideal sería crear una comisión ad hoc con capacidad para resolver cada uno de estos criterios.
* Vicepresidente de la APDH.
Juan De Wandelaer *.
Monitorear el operativo
La iniciativa del Ejército llega muy tarde. Hace mucho que lo tendrían que haber hecho, pero ahora el problema es que no hay ningún control de la sociedad civil. Con el riesgo de que, después, digan que no se encontró nada y que no hay nada más que pedir, y quede cerrada del todo la posibilidad de encontrar documentos o material. Para nosotros sería muy importante tener la posibilidad de intervenir en el control. Sin embargo, vamos a tener que esperar a mañana para ver qué pasa en la realidad con este anuncio sorprendente. Otra preocupación nuestra es saber cuáles son las órdenes de búsqueda y el tipo de material que debería rastrearse. No es suficiente con ordenar la búsqueda de listas de desaparecidos. También ha de haber circulares internas, órdenes, libros que a primera vista pueden no satisfacer el pedido de los organismos pero que luego sí podrían servir para sacar elementos importantes sobre los desaparecidos. La duda es qué pasará luego, cuando algún juez pida información. ¿Dirán que el 9 de marzo de 2000 no se encontró nada en la búsqueda definitiva? Un criterio posible sería formar una comisión que monitoree la búsqueda, integrada por la comisión de derechos humanos de diputados, organismos de derechos humanos y la propia Subsecretaría del área. Al Serpaj le gustaría mucho saber qué criterios de búsqueda recibieron los militares hasta ahora. Uno sería necesario: además de cualquier lista de nombres, los nombres de los militares que intervinieron en cada hecho. Sería un buen comienzo.
* Servicio Paz y Justicia. |
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