Por David Cufré
 Los
legisladores provinciales bonaerenses ganan entre 20 y 25 mil pesos por
mes. Sus colegas formoseños perciben 20 mil. Los de Tucumán están
autorizados a reclamar devoluciones de gastos sin presentar comprobantes.
En Tierra del Fuego los ingresos trepan a 10 mil pesos. Y los legisladores
de Córdoba y Mendoza obtienen 7 mil por igual tarea. La misma dispersión
salarial e iguales cifras escandalosas se dan en los poderes judiciales de
los distritos del interior. Página/12 reveló a fines de diciembre que el
Gobierno preparaba un proyecto de ley para fijar topes a las dietas de
legisladores y funcionarios judiciales en las provincias. El texto
definitivo de esa iniciativa quedará redactado esta semana. De allí se
desprende que �las remuneraciones de los legisladores provinciales no
podrán ser superiores a las percibidas por los legisladores nacionales�.
El ahorro global por cumplir con esa disposición es de 236 millones de
pesos al año. Y en el caso de la Justicia, el recorte por establecer
nuevos parámetros salariales es de 217 millones. La suma �453 millones�
supera ampliamente lo que se recaudó hasta el momento por el impuesto
para el Fondo de Incentivo Docente.
En el Gobierno lo llaman el �pacto de la austeridad y la transparencia�.
Será el slogan con que presentarán el proyecto ante la opinión
pública. La única vía para que las provincias se ajusten a patrones
remunerativos comunes es que sus Legislaturas ratifiquen por ley la
iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo nacional. Los ministros del
Interior, Federico Storani; Economía, José Luis Machinea; Justicia,
Ricardo Gil Lavedra, y el presidente provisional del Senado, José Genoud,
ya iniciaron negociaciones políticas con gobernadores para firmar un
convenio por el cual las provincias se adherirán a los nuevos esquemas
salariales. El siguiente paso, después de la firma de ese acuerdo �en
un acto con la participación de Fernando de la Rúa y los gobernadores,
en la Casa Rosada�, será la sanción de una ley nacional convalidando
el convenio. Todo ello será para presionar a las Legislaturas
provinciales, a fin de que acepten ratificar ambas acciones, sin lo cual
ninguna de ellas tendrá valor efectivo.
Las dietas de los legisladores provinciales son mayoritariamente
inferiores a las que perciben sus pares nacionales. Sin embargo, los plus
que se fijan los primeros determinan que sus ingresos crezcan de modo
espectacular. En el caso de La Pampa, los legisladores del interior de la
provincia cobran un adicional de mil pesos mensuales para alquilar una
vivienda en la capital del distrito. �Les alcanza para una mansión�,
graficó en diálogo con Página/12 uno de los autores del proyecto.
Según reveló ese funcionario �bajo estricto off the record�, en esa
provincia los legisladores también perciben alrededor de dos mil pesos en
�negro�. En La Rioja y San Luis los ingresos rondan los 7 mil pesos,
pero las dietas sin extras son por cuatro mil.
Pero los casos más sorprendentes son los de Buenos Aires y Formosa.
Allí, con los agregados por gastos de representación, viáticos, gastos
de infraestructura y de desarraigo, las remuneraciones alcanzan a 20 mil
pesos. Y los presidentes de comisión en la provincia gobernada por Carlos
Ruckauf obtienen hasta 25 mil. No menos llamativo es que los legisladores
provinciales tucumanos se adjudicaron el derecho de cobrar reintegros de
gastos sin el requisito obvio de justificarlos mediante comprobantes. Lo
usual es que reclamen devoluciones por cinco mil pesos.
El proyecto del Poder Ejecutivo ya está redactado. Sólo resta definir
políticamente si el convenio alcanzará a los poderes judiciales, como es
la idea original. Gil Lavedra analizará el tema esta semana con Fernando
de la Rúa. Las objeciones pasan por la resistencia que podría generar la
iniciativa entre los jueces, quienes podrían dictaminar que es
inconstitucional rebajarles sus ingresos. Un fallo sumamente polémico de
la Corte Suprema determinó que los magistrados están exentos del pago
del Impuesto a las Ganancias. El temor del Gobierno es que los poderes
judiciales del interior emitan fallos similares, negándose a
unadisminución de sus salarios. Antes de definir si el convenio entre la
Nación y las provincias se hará extensivo a la Justicia, el Gobierno
quiere asegurarse que no habrá objeciones. Eso ocurrirá durante los
próximos días y es lo único que falta para que el proyecto se dé a
conocer públicamente.
En cambio, la negociación ya está encaminada con la provincias que
firmaron con Economía un convenio de refinanciación de sus deudas, a
cambio de ajustar sus cuentas públicas. Se trata de Jujuy, Formosa,
Chubut, Catamarca, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego. Ruckauf
también aceptó suscribir el pacto y en el Gobierno descartan que la
Legislatura bonaerense lo ratificará, dado que la Alianza es mayoría en
ambas Cámaras.
| �Patética�
El presidente provisional del Senado, José Genoud, es uno de los
autores del proyecto de ley para reducir los escandalosos salarios de
legisladores del interior. En diálogo con Página/12, enfatizó que
�la situación hoy es patética� y que �se debe resolver de
manera urgente, porque después se producen hecatombes como la de
Corrientes, y el que termina pagando las consecuencias es el Estado
nacional, es decir todos los contribuyentes�. Sus principales
definiciones en un reportaje concedido a este diario fueron las
siguientes:
 �Hay
legisladores provinciales que ganan más que los nacionales, y
concejales que ganan más que legisladores provinciales. Es una
inequidad absoluta�.
�La
falta de proporcionalidad en los ingresos se da porque muchos se han
amparado en la autonomía de las provincias o los municipios para
actuar de modo irresponsable y dispendioso�.
�Queremos
que haya un federalismo solidario, lo que significa actuar con
responsabilidad, con prudencia y fijar remuneraciones razonables�.
�No
descarto que algunos legisladores utilicen esta fuente de ingresos
para financiar su actividad política�.
�Esta
semana vamos a definir los últimos aspectos del proyecto. Y la
próxima, el ministro del Interior, Federico Storani, va a convocar a
un representante por cada provincia�.
�El
punto a resolver es si el convenio para rebajar salarios se hará
extensivo a los poderes judiciales del interior�. |
COMO SERA EL PROYECTO DE TOPES
Una isla de privilegios
Por D.C.
El programa del
Ministerio de Acción Social de apoyo a los mayores de 60 años, con
ingresos inferiores a una jubilación mínima y que carecen del servicio de
seguridad social, tiene una partida asignada este año de 21 millones de
pesos. Los beneficiarios en todo el país son 199 mil. Y el presupuesto
total de aquella cartera para planes de ayuda a sectores sociales con
gravísimas carencias económicas alcanza a 269,2 millones. El monto es
apenas superior a los 236 millones que pueden ahorrarse con el ajuste a los
salarios de los legisladores provinciales de 14 distritos. Si también se
redujeran los ingresos de los funcionarios del Poder Judicial en 11
provincias, el ahorro total sería de 453 millones.
La iniciativa del Gobierno para fijar topes a las dietas de legisladores
provinciales establece tres criterios para llevar a cabo el ajuste:
Limitar a 35
pesos por habitante el costo de financiamiento del Poder Legislativo.
Destinar como
máximo el 3 por ciento del presupuesto provincial.
Gastar a lo sumo
700 mil pesos anuales por cada legislador.
Esos parámetros son los que rigen en provincias como Córdoba, Mendoza y en
la Ciudad de Buenos Aires, donde los legisladores ganan entre seis y siete
mil pesos. Por igual tarea, en Buenos Aires y Formosa cobran 20 mil,
contabilizando todas sus fuentes de ingreso �viáticos y gastos de
representación, de infraestructura y desarraigo�. El proyecto combina las
tres condiciones para evitar que las legislaturas provinciales puedan hacer
lo que se llama �contabilidad creativa�. Es decir, hacer aparecer que
ganan menos cuando en realidad tienen ingresos por otras fuentes.
En el caso de los poderes judiciales, la fórmula del ajuste se sustenta en
dos condiciones:
El gasto por
habitante no debe superar los 60 pesos.
El
financiamiento debe cubrirse con el 5 por ciento del presupuesto provincial.
Entre los ocho objetivos que define el proyecto del Gobierno, se menciona
que �promueve la transparencia y eficiencia del gasto público en todos
los niveles y jurisdicciones�. En primer lugar, porque la iniciativa
establece que �las remuneraciones de los gobernadores, ministros
provinciales, secretarios y subsecretarios no podrán ser superiores a las
percibidas por los funcionarios de jerarquía equivalente en la
jurisdicción nacional�. El mismo concepto rige para las legislaturas
provinciales. Y resta definir si habrá una cláusula igual para los poderes
judiciales del interior (ver nota central). El Gobierno aspira a que una vez
que las provincias suscriban un pacto con la Nación para poner tope a las
dietas de legisladores, extiendan el mismo convenio entre ellas y los
municipios. Habría casos de concejales que cobran más que legisladores de
las provincias e intendentes que ganan más que gobernadores.
Otra forma de garantizar el cumplimiento del acuerdo es la creación del
Consejo Federal para la Austeridad y Equidad en la Función Pública. El
organismo funcionará dentro de la Secretaría Anticorrupción, que a su vez
depende del Ministerio de Justicia. El Consejo tendrá por función
controlar que se cumpla el acuerdo marco y �auditar periódicamente la
ejecución presupuestaria de las distintas jurisdicciones integradas al
sistema�.
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