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 El
gobierno nacional se preocupó ayer por subrayar que el despido de un
grupo de trabajadores del noticiero de ATC �una parte de cuyas
instalaciones siguen tomadas por empleados y gremialistas� es parte de
una política de salvataje de la emisora, mientras un sector del peronismo
lo acusaba de intentar practicar una �caza de brujas�. El conflicto
iniciado cuando la conducción del canal despidió a un grupo de empleados
del noticiero impidió ayer, por segundo día consecutivo, la salida al
aire de los informativos, pese a la intervención del Ministerio de
Trabajo. Los operadores de las partes en conflicto mantenían anoche una
serie de reuniones reservadas, para intentar encontrar una solución
política que posibilite la vuelta a la normalidad en la vida interna del
canal. En este marco, el Gobierno llegó a mencionar ayer la posibilidad
de cerrarlo, argumentando que, si se tratara de una empresa privada, ésa
sería la única salida a su crisis económica.�La actual conducción del canal es víctima y no victimaria�, afirmó el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, en cuya área está ATC, al salir al cruce de las críticas que generó la política de despidos. Anoche, las instalaciones del noticiero y el estudio seis seguían tomadas por un grupo reducido de trabajadores, pero los responsables del canal tenían confianza en que hoy las cosas comenzaran a volver a su cauce. En tanto, el diputado peronista Lorenzo Pepe sostuvo que detrás de los despidos parece haber una persecución ideológica, al fundamentar ayer un proyecto de resolución que pide que el Poder Ejecutivo informe fehacientemente sobre la situación en el canal. �Creemos �afirmó� que si la actual plantilla del personal está sobredimensionada no puede ser culpa de los trabajadores que hoy se ven afectados, y que por ello tengamos que cortar una vez más el hilo por lo más delgado.� Entre otras cosas, Pepe pide al Gobierno que informe qué cantidad de personal tenía ATC en 1989, cuando asumió el gobierno de Carlos Menem, y cuántos tiene ahora. Lopérfido consideró ayer que el despido de trabajadores �no es una medida agradable�, pero se esforzó en subrayar que entiende que está desarrollándose una política de emergencia �para que el canal siga funcionando�. Ante una pregunta específica sobre si algunos de los despedidos podrían ser reincorporados, el funcionario sugirió que eso se concretaría sólo si se comprobase que hubo un error al prescindir de sus servicios. La misma tesitura adoptó horas después el presidente Fernando de la Rúa al señalar que la eventual reincorporación de parte del personal despedido es una decisión �de la intervención� de la emisora, que fue la que adoptó la decisión, la semana pasada. En el área de los servicios noticiosos de ATC cobran sueldo 120 trabajadores y los despidos, que comenzaron siendo 27, llegarían a cuarenta. Lopérfido explicó que en todos los casos se pagarán las indemnizaciones �que marca el Estatuto del Periodista�. �La planta del noticiero �señaló� está completamente sobredimensionada.� El grupo original de los trabajadores que al enterarse de los despidos tomó el sábado el área de noticieros del edificio de Figueroa Acorta y Tagle, fue reduciéndose con el paso de las horas, pero seguía atrincherado en la zona, en franco tren de hostilidad con el resto del personal. La tesitura de Lopérfido es que el Gobierno no debe hacer demagogia con respecto a la situación del canal, porque defraudaría las expectativas que creó respecto de terminar con las políticas de corrupción y despilfarro de fondos públicos. �Tenemos la obligación de velar por la gente, los trabajadores, pero también por el presupuesto y el cuidado de los dineros públicos�, recalcó. Luego insistió en que el gobierno de la Alianza recibió la emisora en �una situación inviable�. Cuando, al término de la reunión de gabinete de ayer, se le preguntó si podría haber más despidos, el secretario respondió: �Eso está en la órbita del canal, pero la primera información que yo tengo en ese sentido es que no, que no debería ser así�. Para Lopérfido, si el canal fuese privado y sus dueños decidieran cerrarlo, en virtud de que tiene una deuda de 70 millones de dólares, �todo el mundo diría que es lo correcto�. Como el Gobierno �no quiere� tomar una decisión de esa naturaleza, agregó, adopta �todas las medidas posibles para tratar que el canal pueda seguir funcionando�. La administración del canal �está haciendo lo que puede y lo que siente que debe�. Si no actuase así, insistió, �lo que va a pasar es que en el mes de julio el canal va a quedar en cesación de pagos y no se va a pagar ningún sueldo más, y nadie va a poder seguir trabajando�. En este marco, Lopérfido visitará hoy la Cámara de Diputados, donde dará a conocer a los legisladores los primeros lineamientos del proyecto de ley de comunicaciones que intenta sancionar el Gobierno. La reunión será con los diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática, que preside el radical Arturo Etchevere. La invitación surgió el jueve, durante un acto en la sede del Comité Federal de Radiodifusión. Lopérfido anunció allí que el Gobierno iniciaría este mes una ronda de consultas en torno del proyecto de ley de comunicaciones, para comenzar su redacción en abril y enviarlo al Congreso a mediados de año. Como contrapartida, los legisladores lo invitaron a participar de la segunda reunión de la comisión para discutir los principios generales de la norma. En el marco de la situación actual, es probable que el tema central sea la situación en ATC.
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