Por Horacio Cecchi
 Las acusaciones lanzadas por el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf contra los jueces de la Sala IV que habilitaron la salida transitoria de Salvador Raineri cayeron como una bomba sobre el Poder Judicial. La respuesta no se hizo esperar. Ayer, la Suprema Corte bonaerense intimó a Ruckauf a que en el �término de 24 horas� presentara pruebas sobre las �presuntas irregularidades� en la Justicia. Al mismo tiempo, la Cámara de Apelaciones y Garantías en pleno �integrada entre otras por la Sala IV� redactó un acuerdo extraordinario presentado ante el órgano máximo de la Justicia platense, en términos durísimos contra el Poder Ejecutivo. También el Consejo Directivo del Colegio de Magistrados de La Plata apuntó sus cañones contra el gobernador por medio de una solicitada en la que expresaba su �más profundo repudio� por lo que consideró �una inadmisible intromisión� en la órbita del Poder Judicial. El tablero lo completó el presidente de Casación, Federico Domínguez, que ayer concurrió a la Corte a ratificar sus denuncias sobre ventas de certificados de buena conducta en los penales provinciales.
Durante toda la tarde del martes, la Cámara de Apelaciones platense en pleno �sólo faltaba uno de sus integrantes, de licencia� se reunió para analizar las declaraciones lanzadas por Ruckauf sobre el misterioso y polémico caso de Salvador Raineri y sus salidas transitorias. �Les recuerdo �había dicho el jefe del Ejecutivo provincial� que esos señores estaban en libertad el otro día por decisión de los jueces�, apuntando contra la Sala IV de la Cámara, que en diciembre del año pasado había concedido a Raineri las benditas salidas transitorias.
Finalmente, ayer por la mañana, la Cámara limó los últimos detalles de un acuerdo extraordinario que fue enviado de inmediato a la Presidencia de la Suprema Corte. El texto, firmado en forma unánime y al que tuvo acceso este diario, acusa a �funcionarios nacionales y provinciales� de realizar declaraciones descalificatorias �sin conocimiento de la situación�. Los camaristas incorporaron al escrito uno de los fundamentos utilizados por la sala para conceder el beneficio a Raineri, es decir, el informe técnico en el que el interno aparecía poco menos que como una brillante pepita de oro.
Los camaristas consideraron de �suma gravedad que a partir de desinformación o información falsa se hagan, por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, manifestaciones de que se ha actuado contrario a derecho. Declaraciones de este tenor �concluyen los diez firmantes�, con expresa amenaza de enjuiciamiento, atentan contra la independencia de poderes y resultan violatorias de la garantía del debido proceso�.
El acuerdo fue entregado de inmediato en la Presidencia de la Corte, a cargo de Guillermo San Martín. La respuesta no se hizo esperar. El máximo tribunal platense, con la firma de sus nueve miembros, sacó una resolución de cinco puntos que admite diferentes lecturas. La primera, concreta y sin entrelíneas, apuntó contra el gobernador: lo intimaron a que en �el término de 24 horas� presentara las pruebas de la corrupción judicial a las que hiciera mención Ruckauf en sus declaraciones. También intimaron al Servicio Penitenciario a presentar en el mismo plazo la nómina de internos beneficiados con el régimen de ST, pero que jamás regresaron al penal. Entre ellos, obviamente, se encuentra el caso que desató el escándalo: Salvador Raineri.
El segundo punto de la resolución es el que ofrece más lecturas. En él, los nueve ministros solicitan a los �órganos jurisdiccionales intervinientes� en dichos casos que �procedan a enviar a este Tribunal -también dentro de las 24 horas� los expedientes respectivos�. La Sala IV es uno de los mentados órganos intervinientes, ya que fue la que resolvió sobre Raineri y sus ST. �Es un pedido lógico, el tribunal necesita el expediente para analizar la cuestión �señaló un funcionario judicial�. Pero es muy duro para la sala. En el ambiente es un pedido muy grave, casi ofensivo, porque es como si le dijera: �Dame, quiero ver lo que estás haciendo��.
La Corte también citó a Domínguez para ratificar su denuncia pública sobre ventas de certificados de conducta en el Servicio Penitenciario. Domínguez concurrió por la mañana y presentó un escrito en el que ratificaba la denuncia realizada el sábado pasado, al que acompañó con documentación. Por la tarde, el tema de la venta de certificados había alcanzado su clímax. El jefe del SPB, inspector general Esteban Mazante, fue citado por el bloque de senadores radicales, a los que rindió un informe sobre las irregularidades denunciadas. También entregó uno de los dos dictámenes penitenciarios: el que desaconsejaba las salidas de Raineri. Simultáneamente, Ruckauf volvía a echar leña al fuego, aunque esta vez la madera estuviera humedecida: evitando una mención directa a los jueces platenses, insistió con su proyecto de mano dura: �No puede quedar en libertad cualquier persona condenada por homicidio. Es necesario cambiar las leyes�. Y remató, ingenuamente: �Es tan elemental lo que propongo que no entiendo cómo puede haber una discusión sobre este tema�.
| Rico contra los periodistas
Se sabe que sus relaciones con la prensa no suelen ser las mejores. Después del último enfrentamiento en el verano, sin embargo, se había llamado a un prudente silencio. Pero ayer, el ministro de Seguridad bonaerense, Aldo Rico, volvió a lanzar una de sus polémicas declaraciones: dijo que en los casos de toma de rehenes, los periodistas �trabajan para los delincuentes�.
En diálogo con la FM A, de Azul, el ministro expresó que en los casos de toma de rehenes �la policía soluciona el tema sin problemas, y sobre todo los soluciona cuando no llegan los periodistas, porque cuando llegan los periodistas... ése es el problema�.
Y siguió: �Los periodistas, cuando están ahí, trabajan para los delincuentes, lamentablemente es así�.
Rico también fue consultado sobre qué hubiese hecho en el caso de toma de rehenes en el Banco Nación de Villa Ramallo. �Si yo hubiera sido ministro habría tomado mis medidas, pero no me hagan preguntas abstractas�, se enojó. �Hechos como los de Ramallo y La Paternal, para la policía de la provincia son rutina �se vanaglorió�. Desde las 23 del domingo pasado hasta las 12 del lunes hubo tres asaltos con toma de rehenes y no hubo problemas para solucionarlos�, sostuvo. Según Rico, con las recientes reformas al Código de Procedimientos, �nos han dado los instrumentos para avanzar en la prevención�. |
PROTECCION AL PRESO QUE DENUNCIO A LA PENITENCIARIA
Un traslado por seguridad
Por Alejandra Dandan
Luis Alberto Santillán Ocampo, el preso que denunció ante Página/12 la existencia de un sistema de prebendas con robos y extorsiones en el penal bonaerense de Sierra Chica, fue trasladado ayer a un penal de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal. La decisión fue tomada por el juez de garantía de Olavarría por la magnitud de su denuncia. Patricia Bullrich, secretaria de Política Criminal, definió como �muy importante� su testimonio, al que según su criterio debería sucederle una investigación profunda sobre un tema donde �lo único que tenemos son rumores�. En esta tónica, la funcionaria admitió un límite: �Nos cuesta muchísimo comprobar los rumores porque no tenemos por dónde entrarle al sistema�, dijo a este diario.
A raíz del movimiento generado por sus declaraciones, Santillán fue puesto a disposición del SPF. �Esta noche va a permanecer en una unidad para su protección y mañana será trasladado�, aseguró a este diario el juez de garantía de Olavarría, Antonio Cayetano Saladino.
El detenido denunció a este diario, entre otros puntos, la negociación de informes con las autoridades del penal para lograr salidas transitorias. �La posibilidad de salir �había dicho Santillán� la consiguen los que trabajan para el jefe. Porque vos afuera sos guita. Ellos saben que la movés. Te sacan, te hacen laburar y vos les reportás grabadores, televisores. Plata.� Esta revelación alimentó la serie de investigaciones que está en marcha sobre el caso de Salvador Raineri Gaitán por su supuesta fuga del penal de Sierra Chica.
Uno de los mecanismos sobre los que se está trabajando en el área federal apunta a destrabar la autonomía de los penales en la toma de decisiones sobre el detenido. �Acá hay una gran contradicción �dice Bullrich�: porque hay que defender el sistema de leyes progresistas que permiten adelantar la libertad. Este beneficio se implementó sobre la base de la existencia de una evaluación del interno. Pero donde no hay tratamientos certeros, porque hay sobrepoblación o por las condiciones de hacinamiento, la evaluación no puede construirse sobre fundamentos ciertos.�
El de las leyes es uno de los puntos más defendidos por los internos: saben que buena conducta y buen concepto son condiciones necesarias para acceder a los beneficios, siempre que no impliquen variables oscuras de negociación. Uno de los internos, en diálogo con Página/12, sostuvo: �Los beneficios aplacan los motines, porque la condena puede reducirse; pero si no me dan nada, ¿para qué voy a hacer conducta? Dénme droga, dénme una faca, si sobrevivo en la prisión, cuando salga me voy a desquitar. Y habrá más delincuentes más violentos�.
Para preservar el espíritu de esas leyes, el área federal creó los Consejos Correccionales con un equipo interdisciplinario. �Es importante �dice Bullrich� que la responsabilidad de la evaluación la asuma mucha gente para evitar la discrecionalidad.� De todos modos reconoció las dificultades estructurales de un seguimiento con prisiones de 700 internos: �Es ahí cuando entra a jugar la discrecionalidad en la evaluación �asegura�, porque las personas del Consejo no conocen al detenido�.
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