Por Laura Vales
 Tuvieron su primer minuto de fama volando cajeros automáticos. En 1996 atentaron contra el médico torturador Jorge Bergés, asaltaron un camión de caudales y se autoadjudicaron cada uno de estos hechos en nombre de la Organización Revolucionaria del Pueblo. Se convirtieron en uno de los grupos más misteriosos de la década; ahora, seis de los supuestos integrantes de la ORP serán llevados a juicio oral, acusados de integrar una asociación ilícita. Algunos de los acusados admitieron su participación en los episodios de violencia por los que serán juzgados, incluido el ataque al represor Bergés. Pero niegan, en cambio, haber tenido contacto con los servicios de inteligencia, una sospecha que rondó el caso desde el primer día.
La historia de la ORP es compleja y tiene todavía zonas oscuras. El grupo hizo sus primeras apariciones en 1992 �volando decenas de cajeros en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires� y se mantuvo en actividad hasta fines del �96. Los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán elevaron ayer su requerimiento de elevación a juicio en el que acusan a seis de sus integrantes de haber cometido 10 hechos delictivos distintos, entre ellos la extorsión a los supermercados Coto, el intento de secuestro extorsivo de un empresario y el ataque contra el médico policial Bergés, uno de los más siniestros personajes de la dictadura.
Bergés es el obstetra que durante el gobierno militar supervisaba los partos de las detenidas en los campos de concentración y presenciaba las sesiones de tortura de los secuestrados. La ley de Obediencia Debida lo salvó de la cárcel. El 4 de abril de 1996 fue baleado por dos personas a metros de su casa, en Quilmes; recibió 20 disparos que lo dejaron como un colador, pero vivo. La ORP se autoadjudicó el atentado de inmediato.
Adrián Krmpotic, uno de los integrantes de la ORP que deberá enfrentar el juicio oral acusado de haber sido el jefe de la banda, confesó pocos meses atrás su participación en el ataque. Krmpotic es uno de los más jóvenes de los detenidos �tiene 33 años� y había sido empleado bancario; tenía, además, una extraordinaria habilidad para cambiar su aspecto usando pelucas y maquillaje.
�Yo iba vestido con un impermeable azul largo, llevaba la escopeta debajo del impermeable y tenía una peluca de color castaño claro�, recordó sobre el día en que disparó contra Bergés. En el juzgado de la jueza Servini de Cubría, Krmpotic hizo un detallado relato de cómo planeó el ataque y reveló que, cuando apuntó contra Bergés, el represor usó como escudo humano a su propia esposa, por lo que tuvo que disparar al piso para que la soltara. También aseguró que el atentado se había planeado en conmemoración del 20 aniversario del golpe militar y adujo en su defensa que no había tenido la intención de matar al represor, sino solamente herirlo.
Aquel 4 de abril, inmediatamente después del ataque, la ORP envió un comunicado a los medios informando sobre la �ejecución�. El grupo, que consideraba la difusión como un aspecto central para su crecimiento, había hecho lo mismo luego de cada uno de sus golpes. Pero no contaba con la aparición de Francisco Benzi, un ex cadete militar e informante de la policía que se presentó ante la revista Noticias para contar que conocía a la ORP porque la había infiltrado por orden de la Policía Federal.
Benzi transitó su momento de celebridad recorriendo medios a los que contó una historia en la que, según los investigadores, mezcló verdades con mentiras. Dijo que los orpianos eran ex militantes del Partido de Liberación operados por los servicios. Sus declaraciones estaban a tono con los rumores alimentados por la Policía Bonaerense y la Federal, donde nadie estaba muy convencido de que la ORP fuera un grupo de izquierda. La desconfianza era tal que la SIDE tuvo varias semanas bajo control a un comisario mayor retirado de la Federal que había pertenecido a la División de Protección al Orden Constitucional.
Mientras la investigación avanzaba, Krmpotic y los suyos libraron su propia guerra contra Benzi. Dieron un reportaje desde el Uruguay para demostrar que eran los autores del atentado y lo acusaron de mentir. Poco después, tres orpianos aparecieron en televisión, encapuchados, para mostrar las armas usadas en el ataque. Benzi dijo de inmediato que había identificado a uno de ellos. �Es un batata�, aseguro, en alusión a los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia. Krmpotic llegó a mandarle cartas para insultarlo.
El expediente judicial se centró en esclarecer, además del ataque a Bergés, otros nueve delitos (ver aparte). En todos los casos, dicen los investigadores, hay un cúmulo de pruebas que comprometen a los acusados, desde huellas digitales a documentos internos de la ORP. Ayer, tras recibir el requerimiento de elevación a juicio de los fiscales, Servini de Cubría anticipó que girará el expediente a un tribunal oral en los próximos días.
excavan en predios militares
Buscando la verdad
El próximo lunes se iniciarán en Córdoba las tareas de excavación en predios militares para buscar restos óseos de desaparecidos. La jueza federal Cristina Garzón de Lascano, que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidos en jurisdicción del III Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, dirigirá, con ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, el trabajo en el predio donde funcionó el Grupo de Artillería 141.
El titular del III Cuerpo de Ejército, general Alejandro Carullo, anticipó que la magistrada contará con la colaboración de sus subordinados.
La determinación de proceder a las excavaciones se tomó porque varios testigos que declararon en el juzgado de Garzón de Lascano �algunos de ellos, incluso, fueron militares� aseguraron haber visto en reiteradas oportunidades el ingreso de camiones trasladando detenidos a ese lugar. Uno de los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, Darío Olmos, inspeccionó el predio en diciembre pasado y elaboró un informe en el que evaluó favorablemente las condiciones del terreno para realizar el trabajo.
La jueza resolvió iniciar las tareas luego de que la fiscal federal Graciela López de Filoñuk considerara que existían elementos suficientes como para sospechar que en José de la Quintana numerosos presos políticos fueron fusilados entre 1976 y 1983. Aparentemente, las víctimas fueron enterradas en fosas comunes. El Gobierno nacional avaló la semana pasada esta decisión y dispuso que se aportaran fondos para costear la tarea.
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