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 En
un aula bunker de la cárcel romana de Rebibbia comenzará hoy el juicio
oral y público por la desaparición y asesinato en Argentina de ocho
ciudadanos italianos. En esta causa están imputados el ex general
Guillermo Suárez Mason, el general Santiago Omar Riveros y cinco miembros
de la Prefectura, a quienes estaba previsto juzgar �en rebeldía�.
Pero Suárez Mason intenta parar el proceso con una chicana. Como está
preso a disposición del juez federal Adolfo Bagnasco, dijo que quería
viajar a Italia a presenciar el juicio, y así deja de ser �rebelde�.
Si el magistrado argentino no le permite ir, su citación quedará
congelada. Esto no incidirá en la situación de los demás acusados.El proceso por los desaparecidos italianos se inició por una denuncia presentada en diciembre de 1983 en un juzgado de Roma por familiares de 117 víctimas de la última dictadura de origen italiano. La causa fue en un principio archivada pero se reactivó en 1997, esta vez teniendo en cuenta sólo ocho casos en los que se consideró que había pruebas concretas. Se trata del secuestro, desaparición y asesinato de Laura Estela Carlotto y su hijo Guido, Roberto Julio Morresi, Pedro Lucio Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri, Daniel Jesús Ciuffo, Martino Mastinu y Mario Marras. El Estado italiano es parte querellante en este juicio. El juez de instrucción del Tribunal de Roma Claudio D�Angelo ordenó en mayo del año pasado el procesamiento de Suárez Mason, Riveros, el ex jefe de la Prefectura Carlos Gererdi y los suboficiales Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Oscar Héctor Maldonado y Roberto Rossin. La medida se dispuso de acuerdo con la constitución italiana, que reconoce que los responsables de delitos contra ciudadanos de ese país en cualquier parte del mundo sean juzgados según el principio de �nacionalidad� y no por el de �territorialidad�. En el auto de procesamiento, el magistrado señaló la naturaleza política de los delitos y aludió a la �sistemática y deliberada supresión de los opositores por parte de la antigua Junta Militar argentina, generalmente en la clandestinidad�. En la audiencia de hoy se resolverán cuestiones técnicas, como las seguras presentaciones de los abogados de los militares apelando a la ley de Obediencia Debida. Suárez Mason, quien está preso en su domicilio por su responsabilidad en el plan para apropiarse de los hijos de los desaparecidos, ratificó la semana pasada ante el juez Bagnasco su voluntad de hacerse presente en el proceso en romano. De esta forma intentó parar este juicio ya que si el magistrado argentino no le permite viajar no podrá ser juzgado �en rebeldía� y su citación quedará congelada. Otro de los imputados en este proceso �Riveros� seguramente quedará preso el próximo 21, después que el juez Bagnasco le tome declaración indagatoria. �Suárez Mason pidió venir porque está seguro que no lo van a dejar. Por eso esperamos que Bagnasco le dé el permiso. Aquí estaría en situación de arresto y siempre a disposición del juez argentino. Esperamos la colaboración de la Justicia y el gobierno argentino�, manifestó desde Roma Jorge Iturburu, uno de los impulsores del juicio. Por ahora sin embargo, la Cancillería argentina no se mostró muy receptiva. El mes pasado fueron rechazadas seis rogatorias de la Justicia italiana. En una se pedía la confirmación del arresto de Suárez Mason y en las otras se solicitaron datos sobre los marinos Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Héctor Febres, Antonio Vañek, Jorge Vildoza, para aportarlos a otro proceso italiano por hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada. A pesar de que tres de esos ex miembros del grupo de tareas de la ESMA están presos y uno prófugo, el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentó que los domicilios de los oficiales de la Marina no estaban claros y el pedido nunca llegó a un juez. Luego de que se resuelvan las cuestiones técnicas, se deberá acordar la lista de testigos. La fiscalía propuso, entre otros, a Ernesto Sabato, el ex capitán José Luis D�Andrea Mohr, el decano de la facultad de derecho y uno de los ex camaristas que juzgó a los comandantes, Andres D�Alessio yel juez Eduardo Luis Duhalde. Está previsto que, en breve, visite el país una Comisión Investigadora del Parlamento italiano que indagará sobre los desaparecidos y se entrevistará con miembros del gobierno y la Justicia para solicitar colaboración en los procesos abiertos en Italia.
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