Por Cledis Candelaresi
 Las
empresas que pretendan acogerse a los beneficios de los programas de
empleo que subvenciona el Estado sólo podrán hacerlo contra el
compromiso de que una porción de los empleados transitorios sean, luego,
incorporados a su planta permanente. Esta es una de las modificaciones
sobre las que trabaja el Ministerio de Trabajo con el afán de mejorar la
administración de un paquete de planes de capacitación en los que el
Estado invertirá este año 30 millones de pesos.
La cartera conducida por Alberto Flamarique también intentará una
selección más fina de las entidades dedicadas a capacitación,
instituciones que en los últimos años proliferaron al amparo de las
escasas exigencias impuestas para asumir esa responsabilidad.
Los programas de capacitación oficiales tienen dos etapas. Una, en la
cual la persona interesada hace un curso en uno de los institutos
habilitados. Otra, en la que el trabajador capacitado realiza una
pasantía en una empresa privada, durante la cual el Estado se hace cargo
de su remuneración.
En la actualidad, cuando esa beca concluye la empresa no tiene ninguna
obligación de incorporarlo a la grilla del personal estable. Pero el
proyecto del Gobierno consiste en que en el futuro inmediato sólo puedan
utilizar el régimen de pasantías aquellas compañías que, como
contrapartida, se comprometan a emplear una proporción aún no definida
de becarios.
Entre las empresas más afectadas por los cambios previstos �de los
cuales el Plan Joven es el más conocido y el que más recursos absorbe�
están los hipermercados. Esas compañías han sido las que más apelaron
al régimen de pasantías para cubrir puestos de trabajo en forma
precaria. Además, la idea de Flamarique es �privilegiar� al sector
productivo o manufacturero como beneficiario de los regímenes de
pasantías, por encima del comercial o de servicios.
Para instrumentar esos programas, Trabajo no resignará la fiscalización
centralizada pero sí apelará a sus delegaciones provinciales para
definir qué programas de capacitación son necesarios y quién está en
condiciones de desarrollarlos. Ese criterio podría servir para darle más
eficacia y transparencia al sistema.
En la actualidad existen en todo el país cerca de 1300 institutos de
capacitación, muchos de los cuales se reiteran sugestivamente en la
nómina de beneficiarios y otros tienen sanciones pendientes. La sospecha
oficial es que algunos de los Incaps privilegiados fueron utilizados por
dirigentes políticos para desarrollar actividad proselitista o,
simplemente, para hacer negocios. Uno de los que está en la mira oficial
es el de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), que a través
de una fundación creada para capacitar, captura cerca de 5 millones al
año.
En 1997 hubo una depuración drástica del padrón de los incaps, poblado
de entidades unipersonales. Desde que se crearon esos planes de
capacitación, los institutos se seleccionaron a través de una
licitación pública. En cada uno de ellas se proponía los cursos a
dictar. Ahora es la cartera laboral la que define en Buenos Aires qué
tipo de capacitación es necesaria y adjudica los cursos al Incap más
barato. En el futuro aquella determinación y esa selección se
regionalizarán.
El boom de los programas de capacitación tuvo lugar en 1995, cuando el
Programa Joven demandó el grueso de los 100 millones de pesos del
Presupuesto Nacional. Ese monto bajó drásticamente a 46 millones al año
siguiente y hoy se estabilizó en 30. Sin embargo, los fondos en juego
pueden ser más elevados: ya existen préstamos disponibles del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por 136 millones de pesos.
EMPIEZA EL DEBATE SOBRE LA
LEY DE RADIODIFUSION
Licencia otorgada no se toca
Por Raúl Dellatorre
La Secretaría de
Comunicaciones puso en marcha el proceso para elaborar una nueva ley de
radiodifusión, que no afectará las licencias ya otorgadas por el
menemismo ni la concentración de medios convalidada por el decreto
1005/99, firmado por el ex presidente Carlos Menem pocas semanas antes de
dejar el cargo. Henoch Aguiar, titular del área, aseguró que �se dará
participación a todos los sectores involucrados en el tema�, pero no
definió los alcances que tendrá la norma en materia de regulaciones.
Aguiar delineó ayer la estrategia que se seguirá para el otorgamiento de
licencias de radio y televisión de aquí en adelante, sin echar mano a
las sospechadas concesiones realizadas durante la gestión anterior. El
menemismo llamó a concursos de licencias �sin definir criterios de
evaluación ni otorgar puntaje técnico a los oferentes, como tampoco se
requirió dictamen previo de la comisión evaluadora para la adjudicación�,
según detalló el secretario de Comunicaciones. �No hubo voluntad de
controlar de parte del anterior gobierno�, señaló.
De acuerdo con el �plan técnico� elaborado por Aguiar, estaría
cerrada la habilitación de nuevas licencias de canales abiertos y radios
AM en Capital Federal. En cambio, en el interior, existen amplias
posibilidades para nuevas ondas de televisión (tanto por banda UHF como
VHF) de medio alcance (un radio de 100 kilómetros), mientras que se
considera que el 80 por ciento de las frecuencias de AM se encuentra �libre�.
También se abriría la alternativa de licitar nuevas FM en el interior.
�El Gobierno ofrecerá la totalidad de frecuencias disponibles�,
aseguró el funcionario, afirmando que se establecerá �un tope de
licencias� por empresa o grupo económico, para evitar que se
monopolicen �tal cual vino ocurriendo en los últimos años�. El
cambio de criterio con respecto de la gestión del menemismo, sin embargo,
no implicará una revisión de las licencias otorgadas ni la
concentración producida en contra de la ley y luego habilitadas a través
de un decreto, a mediados de 1999.
El propio Henoch Aguiar había redactado para el Instituto Programático
de la Alianza, antes de asumir, un documento pidiendo la iniciación de
acciones contra el decreto 1005, advirtiendo sobre las graves
consecuencias por la concentración de medios que la norma habilitaba.
Voceros oficiales confiaron a este diario, sin embargo, que hoy �no
existen condiciones políticas� para avanzar sobre la anulación de
dicho decreto, y en cambio prefieren �buscar un consenso�, que abarque
a los principales grupos de la comunicación, para establecer las normas
de regulación a futuro. En este plano, por otra parte, el Comité Federal
de Radiodifusión (Comfer) enfrenta la situación con graves limitaciones
presupuestarias, que le impedirían ejercer un control eficiente que
garantice la libertad de expresión.
En la búsqueda de este consenso amplio, el área de Comunicación del
Gobierno (que incluye a la secretaría respectiva, la de Cultura y Medios
a cargo de Darío Lopérfido y el Comfer) pretende reservar un cupo de
licencias para organizaciones intermedias (sin fines de lucro). Y hacer
fuerte su posición proclamando que la que se va a dictar �es la ley de
radiodifusión de la democracia�, en reemplazo de la vigente, promulgada
por la dictadura. Esta postura, sin embargo, disimula la concentración de
medios convalidada por la democracia (gobierno de Menem), pero a través
de un decreto con vicios de inconstitucionalidad que ahora no se tocará.
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