|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La búsqueda ordenada por el
jefe de la fuerza, general Ricardo Brinzoni, con el claro objetivo de
poner punto final a las continuas demandas judiciales sobre documentación
referida a "la lucha antisubversiva", empezó a tener anoche una
lectura más compleja dentro del mismo círculo del general. "Lo que
se encontró son documentos viejos, que no están en uso, cosas que ya se
conocían que hacen a lo doctrinario, no a lo operativo, pero la gente
puede decir 'si apareció esto, quiere decir que se pueden seguir
encontrando cosas' y, así, se sigue alimentando la desconfianza",
razonó ante Página/12 un
oficial que pidió reserva de su nombre.
Los primeros documentos remitidos a la Justicia aparecieron en el
Instituto Geográfico Militar (IGM) que si bien está a cargo del coronel
César Milliet no depende del Ejército sino de Defensa. El IGM es el
centro de la cartografía militar, pero durante toda la dictadura actuó
como la "gran imprenta" del Ejército. El coronel informó a López
Murphy y el ministro dispuso que el secretario de Asuntos Militares, Angel
Tello, lo enviara de inmediato al juzgado de Bonadío. En realidad, el
magistrado recibió al mediodía un llamado telefónico informándole del
hallazgo y una lista con los títulos de los reglamentos de órdenes
generales relacionadas con "la lucha contrainsurgente".
Voceros de Defensa explicaron que "son unos siete u ocho
cuadernillos de carácter reservado--confidencial, encuadernados por el
Instituto Geográfico Militar --es decir que son oficiales-- con
instrucciones de tipo doctrinario y operativas que emitía el Ejército
para oficiales superiores destinadas a la lucha antisubversiva". Los
hombres de López Murphy elogiaron la orden de Brinzoni porque "no es
una declaración a los medios, sino una orden interna en la que se les
pide a los jefes de unidades que se hagan responsables por escrito de la búsqueda
de documentación. Si un jefe de unidad firma un documento en el que dice
que no hay nada y después aparece algo va a ser responsable penalmente
ante la Justicia. No hay una cobertura político--institucional sino que
cada uno es responsable".
Hace años que distintos
reglamentos e instrucciones referidas a "la lucha
antisubversiva" vienen siendo presentados ante la Justicia (ver
recuadro). Los militares aseguran que lo que se encontró anteayer es
"más de lo mismo", viejos reglamentos del terrorismo de Estado
que son copias de los elaborados por Estados Unidos para combatir en
Vietnam. Repiten que "no se puede confundir esos documentos
doctrinarios con la documentación de procedimientos de operativos que son
los que sí aportarían datos para las diversas causas judiciales. Lo que
se encontró sirve para la historiografía". Sin embargo, a partir de
esos textos, los jueces empezaron a reconstruir el sustento legal de la
existencia del plan sistemático del robo de bebés.
En enero del año pasado, el
entonces titular del Ejército, Martín Balza, y los altos mandos firmaron
un comunicado en el que aseguraron que no existía documentación referida
a la represión ilegal. Fue la respuesta institucional de la fuerza a la
declaración del ex general Cristino Nicolaides quien --molesto porque
Balza había recordado que había sido él
quien en diciembre de 1983 ordenó incinerar toda documentación referida
a ese período-- contraatacó exigiendo que el Ejército mostrara las
actas de esa incineración. La aparición ahora de reglamentos que tendrían que haber sido quemados por lo menos hace diecisiete años siembra más dudas que certezas sobre lo que puede encontrarse en los cuarteles. Oficiales retirados que conocen en detalle la lógica castrense calificaron como una "payasada" el día de búsqueda y sugirieron que son los jueces los que tendrían que ingresar al Archivo General del Ejército para buscar los legajos personales de oficiales fallecidos y dados de baja, los boletines militares; en la Jefatura 1 de Personal del Estado Mayor del Ejército para buscar los legajos y fichas personales de oficiales en actividad; la Jefatura IV-bienestar del Estado Mayor General del Ejército para buscar los legajos personales de los oficiales retirados; la Biblioteca Central del Ejército para buscar la colección de leyes y decretos militares y los boletines oficiales. Con toda esa información se podrían reconstruir los movimientos de personal y la actividad de cada unidad y cruzar la información con los datos existentes sobre centros clandestinos, denuncias de desaparición y asesinatos en cada zona, subzona y área. "¿Por qué no allanan los domicilios particulares de los antiguos jefes procesados y desprocesados", se preguntó un oficial retirado. Brinzoni dijo que sólo podría haber algo en la casa de algún represor. Pero, ahora parece que en la fuerza sobreviven documentos. El fin de semana, los altos oficiales lo dedicarán a idear una estrategia que les permita eludir el efecto boomerang de la búsqueda.
Los jueces populares son dos hombres y cuatro mujeres entre 35 y 55
años que no tienen ninguna relación con los hechos que se investigan.
Ellos y dos profesionales decidirán la suerte del proceso por los
desaparecidos argentinos en Italia. Ayer, durante la primera audiencia
realizada en el aula búnker de la cárcel de Rebibbia, los abogados
defensores de los acusados plantearon la ilegitimidad del proceso con el
argumento de que los imputados ya fueron juzgados por los mismos hechos en
Argentina. El juez encargado de las investigaciones preliminares, Claudio
D'Angelo, ya rechazó esa tesis pero el nuevo tribunal debe volver a
considerarla.
Alfredo Gentile, abogado de los
familiares de desaparecidos italianos, aseguró que no hay cosa juzgada
pues no existe ninguna sentencia que haya condenado a los acusados. Y el
abogado Giancarlo Maniga, representante de la central sindical italiana y
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
argumentó que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final "no
equivalen a juicios sino que impiden que los juicios existan".
El Tribunal Penal de Roma, que
preside el juez Renato Mario D'Andria, decidió
postergar su decisión sobre este punto hasta el próximo 30 de marzo,
cuando se retomará el proceso. Además se fijo el 7 de junio otra
audiencia en la que se discutirá la situación de Suárez Mason, cuyo
caso fue separado del resto de sus compañeros. Los otros imputados en
este proceso en el que el estado italiano es parte querellante son
Riveros, Juan Carlos Gerardi, Alejandro Puerta, Roberto Julio Rossin, Héctor
Maldonado y José Luis Porchetto.
El ex jefe del primer cuerpo del Ejército, quien cumple arresto
domiciliario por su responsabilidad en el plan para apropiarse de los
hijos de los desaparecidos, manifestó su voluntad de viajar a Italia y
por lo tanto no podrá ser juzgado en ausencia. Ahora el magistrado
argentino debe decidir si acepta trasladar al reo. Ante un pedido de la
fiscalía italiana Bagnasco aseguró que si se cumplían los requisitos
legales Suárez Mason podría ir a Roma. Jorge Iturburu, uno de los
impulsores del proceso, afirmó estar "esperanzado porque los
familiares están tratando que se llegue a un acuerdo de cooperación
entre ambos gobiernos".
"Quiero una respuesta,
después de tantos años, quiero justicia, que paguen por los crímenes
cometidos; nosotros les damos oportunidad de defenderse, ellos no nos la
dieron", afirmó Santina Mastinu ante un grupo de periodistas
italianos y extranjeros en el aula búnker de 150 por 50 metros en cuyos
lados hay celdas ahora vacías. En ese lugar se realizaron varios procesos
contra jefes mafiosos y fue juzgado y condenado por la matanza de las
Fosas Ardeatinas Erich Priebke. Santina Mastinu nació en Italia y llegó
a la Argentina con su familia cuando era niña. El 22 de mayo de 1976 su
marido fue asesinado y quince días después ella fue secuestrada. Santina
estuvo detenida durante veinte días. Poco después su hermano, militante
sindical de los astilleros de la zona norte del Gran Buenos Aires, fue
apresado y aún continúa desaparecido. Además de los casos de Marras y
Mastinu, la Justicia italiana investiga la desaparición y asesinato de
Laura Carlotto y su hijo Guido, Roberto Julio Morresi, Pedro Lucio
Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri y Daniel Jesús Ciuffo.
|
