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Carlos Winograd, secretario del
área, anunció que la convocatoria se hará para la semana próxima o la
siguiente, y que el papel del Gobierno se limitará al de anfitrión. Serán
las partes, señaló, las que acuerden plazos y condiciones a respetar en
su relación comercial e incluso "las sanciones que recibirán en
caso de no cumplir" lo que se convenga. El funcionario reconoció la
existencia de "severos problemas" en el trato comercial entre
los supermercadistas y sus proveedores, tanto en los plazos como en las
formas de pago. Se estima que, en algunos de los rubros principales de
consumo masivo, la venta a través de hipermercados abarca hasta el 80 por
ciento del mercado, lo cual les otorga a esos establecimientos un
espectacular poder para imponerles condiciones unilaterales a sus
proveedores, sin posibilidades de encontrar bocas alternativas para
colocar sus productos.
En la Cámara Argentina de Proveedores de Supermercados (Capsu)
consideran que la convocatoria es la respuesta del Gobierno a una
presentación hecha por la entidad ante la Secretaría, en oposición a la
fusión entre Carrefour y Promodes. En esa oportunidad, la entidad advertía
sobre los riesgos de la excesiva concentración de las ventas al consumo.
"El planteo les interesó y nos pidieron que les hiciéramos llegar
nombres de otras cámaras que estuvieran en la misma tesitura", relató
a Página/12 un vocero de Capsu. "Entidades representativas
del sector juguetero, de la industria del chacinado, de la fabricación de
productos cárneos, entre otras, expusieron su postura en contra del
monopsonio (concentración de las compras) de las grandes cadenas de
hipermercados", agregó. A partir de allí --interpretan--, Winograd
comenzó a elaborar esta convocatoria.
"Consideramos que se debe
tomar algún tipo de medidas contra la falta de competencia, de trato
igualitario y de lealtad comercial. No queremos hablar de regulación,
porque es una palabra que asusta, pero aquí se están vulnerando las
pautas básicas de la desregulación", afirman los proveedores.
Estudios hechos por la Capsu --aseguran sus representantes-- demuestran
que "el 100 por ciento de los hipermercados trabaja con capital de
trabajo negativo (sus deudas superan al capital propio) y se financian con
las deudas a sus proveedores, por las cuales no pagan intereses". Su
aspiración de máxima frente a la convocatoria oficial es que se alcance
a trazar "algún tipo de contexto jurídico (dicen, eludiendo hablar
de normas de regulación) como existe en otros países, que limite los
plazos de pago a los proveedores, más cortos para productos frescos y más
largos para los duraderos; 30 y 90 días, por ejemplo".
En el sector de los supermercadistas, la novedad fue recibida con
serenidad. La noticia no alteró el receso veraniego de la cámara que los
agrupa, en ausencia de su presidente, Juan Mirenna. Recién durante la próxima
semana se reunirían las principales cadenas para adoptar una posición.
En el sector, en tanto, coinciden en que la fusión Carrefour-Promodes
(Norte y Tía) fue lo que dinamizó el debate. "Hasta ahora, ninguno
superaba un market share (participación de mercado) del 10 al 15 por
ciento, pero esta fusión los lleva a tener una participación del 30 por
ciento. Es lógico que en el Gobierno estén preocupados de que la cosa se
les pueda ir de las manos", confesó un asesor de supermercados a
este diario. Las palabras de Winograd tampoco generan expectativas de grandes cambios. "Lo que queremos es establecer un sistema voluntario de negociación entre las partes", se apresuró en aclarar el funcionario, que restringió la función del Estado a la de "árbitro para que se cumpla lo convenido".
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