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Después del cruce de
acusaciones entre Domínguez y Ruckauf sobre la corrupción en el Servicio
Penitenciario y las responsabilidades de los jueces en la liberación de
presos peligrosos, la discusión derivó a la llamada ley del dos por uno,
que permite contabilizar a partir de los dos años de detención, dos años
por cada uno pasado tras las rejas y sin condena. "Cuando se dictó
esa norma se buscaba atacar la lentitud del proceso judicial --sostuvo la
aliancista Nilda Garré, de la Comisión de Legislación Penal de
Diputados--. La lógica indica que si está dos años preso sin condena
por responsabilidad de los jueces, de algún modo habría que
compensarlo."
Por su lado, el procurador
general de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de la Cruz, sostuvo en un
reportaje radial que "el dos por uno libera a los peores, a los que
integran organizaciones delictivas o que cometen delitos en diferentes
lados. Los juicios se complican, apelan acá y allá, y nunca terminan de
estar procesados". De todos modos, sin mencionar a Ruckauf cuestionó
las "reacciones espasmódicas de que 'se escapa un preso y vamos a
suprimir la excarcelación, se toma una comisaría y hay que suprimir
aquello otro'. No se puede actuar así".
Ayer, Casanovas invocó el caso
Raineri para apoyar su pedido. "Estuvo 14 años detenido y se le
computaron 27", señaló erróneamente y, como era obvio, alineó su
discurso detrás del que Ruckauf viene aceitando desde que ganó la
gobernación. "Hay que impedir que los violadores y homicidas salgan
en libertad por vía de las salidas transitorias". Ruckauf impulsó
la ley que amplió las facultades de la policía, y restringió las
excarcelaciones.
"No recuerdo que cuando
(Casanovas) fuera miembro de la Casación Penal haya sacado ningún fallo
que diera fundamento a sus actuales críticas", consideró el abogado
constitucionalista Ricardo Monner Sans. "Además, si llega a tener éxito,
que nos explique de dónde va a sacar las suficientes cárceles para
ocupar con presos, donde se cumpla el mandato constitucional de que sirvan
para la regeneración, y no como funcionan ahora, que parecen el lugar
apropiado para los motines o para que los presos se coman entre sí. Creer
que en la Argentina de hoy el crecimiento de la delincuencia se produce
por vía de la mayor o menor cantidad de pena es querer distraerse de las
condiciones de agravamiento social que la Argentina padece. Lo de
Casanovas es una visión simplista."
Por su parte, Pedro Villarroel
(Alianza), que integra la Comisión de Asuntos Penales en el Senado
nacional consideró que "habría que hacer más precisiones para
mejor interpretación de los jueces, pero no derogarla. La ley no debería
ser automática, pero los jueces tienen que tener la suficiente amplitud
para juzgar en qué caso se debe aplicar y en cuál no. No es lo mismo un
homicidio pasional, que uno por robo".
"Cambiando una ley no se
soluciona el problema", dijo Juan Carlos Abud, presidente del Colegio
de Abogados bonaerense, que por otro lado, como De la Cruz, considera que
la ley del 2 por 1 beneficia a los "más peligrosos. Están atacando
los efectos y no las causas. Nadie se ocupa de la niñez en riesgo de
delinquir". Para Garré, la cuestión es compleja pero a la vez
sencilla: "Si restringe las excarcelaciones, eleva las penas y deroga
el 2 por 1, a qué sector le va a sacar presupuesto para construir cárceles".
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