|
|
|
|
|
|
|
|
Un
día antes de la toma de posesión de Ricardo Lagos, el jefe del Ejército
salió a reafirmar su lealtad al ex dictador.
|
|
El ex diputado socialista Jaime
Estévez, asesor de Lagos, adelantó ayer que el nuevo gobierno, el
tercero de la Concertación, se pronunciará oficialmente sobre el papel
de los militares en el orden democrático, subrayando "la irrestricta
obediencia de las fuerzas armadas al poder político". Antes de su
inminente entrada en La Moneda, Lagos ya había confirmado que su gobierno
se encargará de "demostrar que nuestra justicia funciona. Las
Fuerzas Armadas deben ser obedientes y no deliberantes, y menos tienen que
discutir sobre lo que hacen los tribunales". Sin embargo, el máximo
jefe castrense se despidió del gobierno de Eduardo Frei con una celebración.
"Quisiera expresar la gran satisfacción que siente la institución
toda por el regreso al país del general Augusto Pinochet, después de
haber sufrido una injusta y prolongada detención en el extranjero, así
como también reiterar, una vez más, la disposición de continuar
brindando todo el apoyo posible a su persona", disparó el general
Izurieta, sucesor de Pinochet, desde el regimiento Esmeralda de la ciudad
de Antofagasta.
Paralelamente, otro que recibió
una oferta de ayuda fue el juez chileno Juan Guzmán Tapia, que investiga
la mayoría de las 72 querellas presentadas contra Pinochet desde su
detención en Londres hace 17 meses. La oferta corrió por cuenta de su
colega español, Baltasar Garzón, quien le hizo llegar "su más
amplia y exhaustiva cooperación" para facilitarle "los
documentos, testimonios, pruebas, indicios y cualesquiera otros elementos
procesales que fueran necesarios". Fuentes de la fiscalía de la
Audiencia Nacional de Madrid explicaron ayer que sólo las víctimas españolas
de la dictadura chilena tienen derecho a ser parte en los procesos contra
Pinochet, ya que "el gobierno español sólo tendría derecho a
unirse al procedimiento en caso de que quisiera reclamar indemnizaciones
por los daños sufridos en la embajada durante el régimen militar
chileno".
El caso más relevante llevado
adelante por el juez Guzmán es la Caravana de la Muerte, en la que fueron
fusilados 72 presos políticos en 1973, y por el cual se elevó el pedido
de desafuero parlamentario como senador vitalicio de Pinochet el lunes.
Ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó por unanimidad la
libertad condicional del brigadier (R) del Ejército, Pedro Espinoza
Bravo, implicado en ese caso. El militar cumplió una condena de seis años
por el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier, ocurrido en
Washington en septiembre de 1975. Sin embargo, las acusaciones pendientes
por la Caravana de la Muerte fueron determinantes para cerrarle su salida
del Regimiento de Telecomunicaciones de Santiago adonde había sido
trasladado desde el penal especial de Punta Peuco. Si el procedimiento de desafuero no prospera por este caso, los abogados querellantes ya anunciaron que recurrirán a las otras 71 demandas para lograr que el ex dictador pierda sus fueros parlamentarios y pueda ser sometido a juicio. De todos modos, el desafuero parece improbable porque Pinochet se ampararía en la Ley de Amnistía y podría conservar entonces su banca en el Senado junto a la que ocupará en pocos días el presidente saliente Eduardo Frei, quien ayer anunció que "no voy a ceder ningún espacio". Frei utilizaría el mismo procedimiento que empleó Pinochet cuando asumió como senador vitalicio en marzo de 1998, gracias a las leyes que dictó durante la dictadura, entre ellas la Constitución. Los cargos vitalicios en el Senado corresponden a los ex presidentes de la república, y a los designados por las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros (cuatro), el Poder Judicial (tres) y el Poder Ejecutivo (dos). La incorporación de Frei dejaría al bloque oficialista de la Concertación con 24 senadores, en empate con la derecha opositora. El encargado de quebrar esa paridad sería, entonces, el anciano que volvió a su país en sillas de ruedas.
|
