Por Laura Vales
 Aldo
Rico sumó otra perla al collar de la Policía Bonaerense. Como nuevo
director de la Escuela de Criminalística �donde se forman todos los
peritos de la fuerza� se dispone a asumir el comisario inspector Raúl
Torre. Torre es un experto en documentología muy conocido en la
Bonaerense, donde hizo una ascendente carrera en los años en que Pedro
Klodczyk comandaba la fuerza. Sólo un hecho imprevisto �y hasta casi
azaroso� cortó su buena estrella: en 1996, cuando el ex comisario Juan
José Ribelli estaba a punto de ser detenido por el atentado contra la
AMIA, el juez Juan José Galeano intervino sus teléfonos. Las escuchas
revelaron que el talento del comisario Torre para levantar rastros e
interpretarlos era tan vasto como su disposición para redactar informes a
medida.
Los investigadores de la causa AMIA pescaron in fraganti al flamante
director de la Escuela de Criminología mientras arreglaba los detalles de
una pericia con Ribelli. Lo que oyeron �y grabaron� aquel 4 de julio
de 1996 no tiene desperdicio.
Primero Ribelli habló con un abogado para dictarle una serie de �puntitos�
que debía contener el informe. El ex comisario fue muy claro:
�Un puntito tendría que decir exactamente que los disparos que tienen
los cuerpos no pueden corresponder a la forma y distancia que surge de los
dichos de los testigos en la reconstrucción �dictó. Y después:
�Que recalquen bien esto: que las vainas que se encontraron en Monte
Chingolo de ningunísima manera �subrayó�, de ninguna manera, pueden
corresponder a las armas de los imputados.
El contenido de los �puntitos� fue festejado por Ribelli y su
interlocutor con un estallido de carcajadas. El ex comisario, solidario
con los suyos, se estaba jugando todas sus fichas para salvar de la
cárcel a tres policías �César �El Pollito� Ahumada, Daniel Paz y
Francisco Aguilera� acusados del fusilamiento de dos jóvenes. La
investigación del caso estaba cercando a estos compañeros de Ribelli;
Ahumada, Paz y Aguilera habían secuestrado a Miguel Angel Paulinelli y
Héctor Puccio en su barrio de San José, en Temperley, a plena luz del
día. Los jóvenes estaban desarmados y no se resistieron a la detención,
pero igual fueron baleados. Los subieron, heridos, a un vehículo que
recorrió 20 cuadras hasta un paredón de las afueras de Monte Chingolo, y
allí los remataron. Lo que siguió fue macabro: los uniformados
intentaron entregar los cuerpos en la clínica de Monte Chingolo pero los
médicos y enfermeros no los aceptaron. �Están muertos, háganse cargo
ustedes�, dijeron a los policías. Los cadáveres quedaron tirados
frente a la clínica.
Como tantas veces, el caso fue presentado como el lamentable resultado de
un tiroteo. Pero numerosos testigos de Monte Chingolo desmintieron a los
policías: habían visto lo que realmente sucedió y lo contaron a la
Justicia.
Así las cosas, la única salvación posible para los hombres de confianza
de Ribelli era una pericia trucha que desacreditara los dichos de los
testigos. Y la llave para conseguirla estaba en manos de Raúl Torre, el
comisario que acaba de ser designado por Rico como director de la Escuela
de Criminalística. Por aquellos días Torre era el jefe del Servicio de
Investigaciones Técnicas (SEIT) Zona Norte de la policía bonaerense.
Hombre minucioso, Ribelli se encargó personalmente de volver a dictar los
puntos de la pericia a uno de sus subordinados para que los pusiera en un
sobre cerrado y lo enviara �al comisario inspector Torre�. Todo indica
que el jefe del SEIT no se escandalizó por el envío. El viernes 5 de
julio Ribelli llamó a Torre para pedirle que se apurara en enviar los
resultados de la pericia al juzgado.
�Necesitarían esto para el miércoles 10 �apuró.
�Voy a hacer lo posible �respondió Torre.
El martes 9, un día antes de lo solicitado, el informe estaba en
Tribunales. Allí se lee, entre otras cosas, que las vainas encontradas
enMonte Chingolo �no se corresponden� con las armas secuestradas. Los
deseos de Ribelli parecían cumplidos.
El círculo del encubrimiento hubiera cerrado por completo si no fuera
porque, dos días después de que el juzgado recibiera la pericia, Ribelli
y sus hombres fueron detenidos por orden del juez Galeano y la televisión
reprodujo las escuchas telefónicas. La pericia armada a medida se
transformó en un papel tan inútil para salvar a los policías como
peligroso para quienes lo habían firmado. Un juzgado de Lomas de Zamora
recibió la copia de las escuchas para que Ribelli y Torres fueran
investigados.
Comenzó entonces un segundo capítulo de encubrimientos. La causa quedó
en manos del juez de Lomas Emilio Villamayor y comenzó a avanzar a tranco
lento. Entonces se robaron el expediente, sin forzar ninguna cerradura ni
desacomodar un solo papel del juzgado. No está muy claro cuánto tiempo
pasó hasta que el juez descubrió el robo, pero lo concreto es que el
magistrado terminó pasándole el caso a una colega. Toda la
investigación debió ser reconstruida y fue girada al despacho de Marta
Carranza. En agosto del `97 una pericia del Area Especial de la Policía
Bonaerense confirmó, con un 90 por ciento de certeza, que la voz grabada
en las escuchas era la del comisario Torre. Desde entonces pasaron casi
tres años y no hubo condenas ni sobreseimientos.
El misterioso robo del expediente estuvo a tono con un sinnúmero de
irregularidades que rodearon la investigación de los asesinatos de Monte
Chingolo. La reconstrucción del hecho se demoró nada menos que diez
años y los testigos que habían visto los fusilamientos sufrieron
atentados y amenazas. Mientras la pesquisa pasaba de juez en juez, los
policías acusados �Paz, Ahumada y Aguilera� estuvieron detenidos,
luego fueron sobreseídos y reincorporados a la fuerza, más tarde los
premiaron con ascensos y finalmente los volvieron a detener.
Paz, mientras estaba prófugo, abrió una agencia de seguridad a metros de
una dependencia judicial. Ahumada se mantenía en contacto con Ribelli a
pesar de tener pedido de captura. El último de los acusados, Francisco
Aguilera, fue capturado y condenado a cadena perpetua, pero el día en que
debían confirmarle la sentencia alguien le abrió la puerta de la
comisaría y se esfumó sin dejar rastros. Pasó mucho tiempo hasta que
los tres fueron recapturados. Llevados a juicio, todos fueron condenados
por el doble homicidio.
Página/12 quiso comunicarse con Raúl Torre. En la Escuela de
Criminalística informaron que �el comisario va a asumir el martes o
miércoles�. Voceros del Ministerio de Seguridad dijeron desconocer la
causa abierta contra él y alegaron que el director de la escuela es
Guillermo Meyer. Lo que nadie supo explicar es por qué en el nomenclador
oficial distribuido la semana pasada por Prensa y Ceremonial del
ministerio, Torre ya figura como director de la escuela. El comisario
Meyer, a su vez, confirmó que efectivamente él es el titular de ese
centro de estudios, �pero sólo hasta la semana que viene�, aclaró.
�¿En su reemplazo va a asumir el comisario Raúl Torre?
�Sí. Si quiere ubicarlo llame la semana que viene.
�Busco al Raúl Torre, que es comisario inspector y se retiró hace dos
años. El que en 1996 fue jefe del SEIT Zona Norte.
�Es el mismo. A Pipa lo va a encontrar acá la semana que viene.
| Claves
 Aldo Rico suma valores al
Ministerio de Seguridad: nominó al frente de la Escuela de
Criminalística a un comisario retirado, Raúl Torre, investigado por
arreglar pericias.
Lo descubrieron a través de las
escuchas judiciales de la causa AMIA.
El expediente sobre Torre está
en la Justicia hace cuatro años. Todavía no hay condenas ni
sobreseimientos.
Como director de la Escuela,
será el responsable de la formación de todos los peritos de la
fuerza.
Uno de los subsecretarios de
Rico está acusado por el presunto desvío de subsidios y nombramiento
de ñoquis.
Se trata de Norberto Wahington
Cruz, quien es investigado por dos jueces.
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| Las escuchas de Galeano
Los siguientes son algunos fragmentos de las escuchas grabadas por
orden judicial. El primero es parte del diálogo telefónico que
Ribelli sostuvo el 4 de julio de 1996 con un abogado ligado a los tres
policías acusados por el doble homicidio:
RIBELLI: �Que recalquen bien esto: que las vainas que se encontraron
en Monte Chingolo de ningunísima manera (ríe)...
ABOGADO: �Qué novedad...
RIBELLI: ...de ninguna manera pueden corresponder a las armas de los
imputados.
ABOGADO �¡Qué novedad!..
RIBELLI: Otro puntito: tendría que decir que, de acuerdo al
enfrentamiento de San José, las víctimas murieron debido a esos
disparos, y que nunca se podrían haber desplazado como dicen los
testigos de la reconstrucción...
Ribelli ordenó que enviaran un detalle con lo que debía decir la
pericia a Torre. Y al día siguiente, lo llamó para pedirle que
apurara sus conclusiones y las entregara al juzgado:
RIBELLI: �Necesitarían esto para el miércoles 10...
TORRES: �Bueno, voy a hacer lo posible. Para escribirla no hay
problema, el tema es ubicar al forense.
Un análisis de las voces certificó que eran las de Ribelli y Torres. |
LA ESPECIALIZACION DEL
SUBSECRETARIO NORBERTO WASHINGTON CRUZ
Cómo usar el dinero de la Nación
Por L. V.
En los tribunales de San
Martín y La Plata avanzan dos investigaciones que tienen como centro a
Norberto Washington Cruz, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad de
Aldo Rico. La primera, a cargo del juez federal Hugo Gurruchaga, apunta a
comprobar si Cruz se apropió de subsidios destinados a enfermos y a
instituciones intermedias. La segunda, en manos de su colega del fuero
criminal y correccional Omar Pepe, determinará si perjudicó al Estado
provincial con la obtención irregular de otra serie de subsidios a través
de dos fundaciones con sede en La Plata. El tema no es el único que tiene a
mal traer al funcionario, sobre el que también pesa una denuncia por el
supuesto nombramiento de ñoquis en el Senado bonaerense.
Cruz es un dirigente del PJ de San Miguel, la intendencia que Aldo Rico
gobernó hasta ser designado por Carlos Ruckauf como ministro de Seguridad
bonaerense. Fue senador provincial de 1993 a 1997 y antes había trabajado
en el Ministerio del Interior de la Nación. En su puesto actual es el
encargado de los vínculos entre el ministerio que comanda Rico y los foros
vecinales de seguridad. Las causas judiciales en las que se lo investiga ya
estaban abiertas cuando el ex teniente coronel carapintada lo eligió para
ocupar la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad.
Para seguir el hilo de las dos investigaciones abiertas sobre Cruz hay que
remontarse a 1992 y al escándalo que llevó a la cárcel al ex intendente
de San Miguel, José de Luca. El ex jefe comunal fue acusado de corrupción
en el caso de un subsidio de 160 mil pesos enviado por el Ministerio de
Salud de la Nación para la construcción de una colonia de vacaciones para
chicos discapacitados. El dinero terminó en manos de una inexistente
Asociación de Olimpíadas Especiales, que invirtió en la obra menos de 10
mil pesos. En octubre del `96, Gurruchaga procesó a De Luca por
administración fraudulenta. La causa debe pasar ahora a juicio oral.
Ya en aquella pesquisa, Cruz debió dar explicaciones sobre su papel en la
tramitación del subsidio. Alegó, por ese entonces, que sólo había
realizado gestiones menores. La Justicia no encontró elementos para
incriminarlo. La denuncia contra De Luca había sido impulsada por el
periodista Ariel Sar, quien el año pasado aportó nueva documentación al
juzgado de Gurruchaga que incrimina a Cruz en maniobras similares. Se abrió
así una causa independiente, pero en la que se trabaja sobre una serie de
subsidios gestionados en la misma época, ante el mismo ministerio, y en la
que aparecen nombres coincidentes con el caso de la colonia de vacaciones.
En su presentación, Sar no dejó espacio para la duda: �Se trata �dijo�
de una organización delictiva que se dedicó a tramitar y obtener subsidios
del Ministerio de Salud con el único fin de apropiarse del dinero para su
uso personal�.
La acusación incluye, además de a Cruz, a Walter Maida �su hombre de
confianza durante años� y Fabián Banus, quienes entre agosto y diciembre
de 1992 habrían gestionado y obtenido subsidios a nombre de instituciones y
personas que presentaron solicitudes ante el Ministerio de Salud de la
Nación, pero nunca habrían recibido el dinero.
Entre los documentos que engrosan el expediente hay un poco de todo: por
ejemplo, comprobantes sobre la entrega de subsidios por montos tres veces
mayores a la suma pedida, y memos en lo que se presta conformidad a
trámites sin número de expediente.
El juez de La Plata Omar Pepe, por su parte, sigue el rastro de operaciones
similares realizadas tiempo después, cuando Cruz ya se había convertido en
senador provincial. Entre otras cosas, deberá determinar si dos fundaciones
encabezadas por el ahora funcionario de Rico recibieron otra tanda de
subsidios de manera irregular. También si durante los cuatro años que
duró su mandato designó como colaboradores a personas que nuncatrabajaron
en el Senado pero para quienes mensualmente se libraban sueldos. El
mecanismo denunciado es el de los ñoquis virtuales. Es decir, el
nombramiento de empleados fantasma que nunca se enteraron de su condición
de trabajadores del Estado.
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