|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Hay que modificar la
normativa vigente", sostuvo Mathov, y ejemplificó para este diario:
"Pongamos que la policía detiene a una persona que ha cometido un
delito con un cómplice que acaba de fugarse: debe poder preguntarle para
dónde se escapó, o qué color de auto tenía. O bien, si captura a
alguien que tiene a una persona secuestrada, debe poder preguntarle adónde
la tiene, si en el sótano, el altillo, el baúl".
La modificación permitiría a
la Policía Federal (que depende de la Secretaría de Seguridad Interior)
interrogar a la persona "en la inmediatez del hecho delictivo y para
mejorar la pesquisa", precisó Mathov. Esto supondría una reforma
del Código Procesal de la Nación, que, desde 1991, impide a la Policía
Federal tomar declaración a los imputados.
Precisamente el comisario
general Rubén Santos, jefe de la Policía Federal, manifestó que el código
actual "no nos da muchos caminos" y solicitó "poder
interrogar al sospechoso". El jefe de Seguridad Metropolitana de la
misma repartición, comisario general Roberto Galvarino, fue más lejos al
solicitar que la policía tenga autorización para requisar en el lugar
del hecho.
Según Mathov, actualmente, si
la policía interroga en el lugar del hecho "eso puede llevar a que
el juez declare la nulidad de lo actuado y deje al detenido en
libertad". El funcionario destacó que la autorización para
interrogar "sólo sería en el lugar del hecho y para asegurar el éxito
de la pesquisa inmediata": no para recolectar pruebas ni en otros
momentos de la investigación.
En cambio, Alberto Binder,
director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (quien
colaboró en la reforma de la Policía Bonaerense hace dos años),
respondió a este diario que "esas preguntas en el lugar del hecho la
policía las puede hacer igual" y que la modificación propuesta
"es avanzar hacia lo que realmente reclama la policía: la facultad
de interrogar y que la confesión obtenida valga como prueba en juicio. Es
lo que la policía trata de recuperar de a poco, con la complicidad de
dirigentes políticos que así apuntan a instaurar, en dosis homeopáticas,
una democracia autoritaria".
Para Binder, "lo primero
es fortalecer a los fiscales, que deben dirigir y llevar adelante las
investigaciones". Binder señaló que "todavía no se aprobó la
ley para que los fiscales del sistema federal (que rige en la Ciudad de
Buenos Aires) tengan a su cargo la investigación de los delitos. En la
provincia de Buenos Aires tienen esta facultad desde hace dos años pero
ese ministerio público nació débil, sin asignación presupuestaria, y
la actual administración de (Carlos) Ruckauf lo socava
permanentemente".
"En la mayoría de los países
desarrollados la investigación está a cargo del ministerio público, y
en toda América latina trabajamos desde hace más de diez años para que
sea así. Esto no quiere decir que la policía nunca pueda interrogar: en
Estados Unidos, las facultades policiales de interrogación son amplias
pero también lo es el grado de control de los jueces sobre la prueba ilícita",
observó Binder.
También el juez Horacio
Cattani, integrante de la sala 2 de la Cámara Federal en lo Penal, se
opuso a la ampliación de facultades policiales: "Ya sabemos lo que
eran esos interrogatorios, con el imputado tirado en el asiento de atrás
del patrullero, 'cooperando' con la policía. Esas 'declaraciones espontáneas'
son ocasión de coacciones y torturas, y no corresponden a los sistemas
actuales de investigación de delitos, que se hacen sin pasar por las
palabras del imputado. La investigación criminal debe estar previamente
diseñada prescindiendo de la declaración del imputado, que cuando hable
tratará de hacerlo en su descargo".
Para Mathov, el debate se sitúa
"entre la defensa de los derechos colectivos (que se intentaría
sostener ampliando la facultad policial de interrogar) y los individuales
(que se procuraría sostener al preservar a las personas de ese accionar
de la policía): el equilibrio entre esos dos derechos fluctúa según
circunstancias culturales, sociales, económicas".
|
