El Gobierno juega sus últimas fichas para salvar a Aerolíneas

El Gobierno evalúa que hay riesgo real de quiebra. Dudan de la viabilidad del plan de rescate del organismo estatal español que la controla. Los pilotos, en la expectativa con un plan propio. Aviones de Aerolíneas en tierra, mientras sobrevuela la amenaza de su liquidación.

Por Cledis Candelaresi
 Quiebra y liquidación mediante, Aerolíneas Argentinas puede llegar a desaparecer y, en tal caso, otra operadora del mercado ganaría el status "de bandera". La dramática opción, que el gobierno argentino no descarta de cuajo, podría clausurar un conflicto que se generó desde el momento mismo de la privatización de la empresa, en 1990. Pero antes de que la compañía con facturación multimillonaria y potencialmente rentable se precipite en caída libre, podrían iluminarse algunos atajos, como el que señalan los gremios aeronáuticos, con los pilotos haciendo punta: APLA planteó hacerse cargo de la empresa a través del PPP, con asistencia financiera del BID y contratando gerenciamiento externo. El ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, comenzó a desmenuzar esta idea durante el fin de semana, mientras realizaba con su equipo una especie de retiro espiritual en su campo bonaerense de Verónica.

  En el último ejercicio, Aerolíneas facturó 1100 millones de dólares, pero perdió 120 millones y cerró su balance con una deuda superior a los 800. American Airlines abandonó hace pocos meses la compañía, resignando su gerenciamiento. Después de esta renuncia, la Sociedad Española de Participaciones Industriales --holding estatal y principal accionista de Aerolíneas-- prometió presentar un plan de salvataje, que sólo podrá estar listo después de que sean designadas sus nuevas autoridades, o reconfirmadas las actuales, tras las elecciones de ayer en la península.

  "El único esquema viable es que la SEPI absorba la deuda financiera, cercana a los 500 millones de pesos y se decida, luego, a aportar unos 30 millones de pesos por mes para capitalizar la compañía", especuló ante Página/12 un estrecho colaborador de Gallo, cuyo equipo no parece muy optimista respecto del futuro de Aerolíneas. Por ahora, el inminente recambio de autoridades en España mantiene la incógnita sobre el plan rector prometido. Pero en el Gobierno no hay grandes expectativas respecto de esa propuesta, que para los gremios del sector está casi cantada y sería una réplica de la receta utilizada para racionalizar Iberia: reducir costos recortando salarios y eliminando frecuencias.

  Gallo declaró dos semanas atrás que el Estado estaría dispuesto a aportar fondos para capitalizar la empresa, en proporción al 5 por ciento del capital que posee, si el programa de salvataje de la SEPI lo convenciera de que es eficaz. Sin embargo, en Transporte descuentan que la alternativa de que el Tesoro argentino haga algún desembolso para Aerolíneas es casi utópica.

  Si, por el motivo que fuere, el prometido plan de rescate de la SEPI no resultara, la Asociación Argentina de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) arremetería con el plan del que ya esbozó ante la subsecretaria de Aeronavegación, Angela Donato, quien prometió considerarlo con el ministro de Infraestructura durante el fin de semana. "Lo mejor que nos puede pasar es que SEPI haga una buena propuesta y nosotros podamos ocuparnos de seguir volando y nada más. Pero si eso no ocurre, ofrecemos una alternativa", comentó ante Página/12 Rogelio Cirigliano, dirigente de APLA.

  La chance de que los trabajadores sean protagonistas del próximo capítulo de esta historia no fue desechada por el Gobierno, pero tampoco inspira algarabía en sus funcionarios. Según los cálculos oficiales, la empresa privatizada necesita no menos de 200 millones de dólares frescos "para arrancar" y reforzar algo de su menguado capital, obligación que se suma a la de afrontar su abultada deuda. Así las cosas, el Gobierno calcula que, además del anhelado auxilio del BID, los gremios precisarían algún otro apoyo económico que difícilmente consigan.

  ¿Qué pasaría si Aerolíneas Argentinas quiebra, tal como los directivos de la SEPI advirtieron en Buenos Aires hace poco tiempo? Todo dependería, entonces, de la voluntad del juez de no embargarle los bienes y permitirle seguir funcionando, como ocurre actualmente con Racing Club o con la transportista Chevallier. Caso contrario, los argentinos se verían ante la dramática situación de asistir al derrumbe de su tradicional línea de bandera, que de local conserva el nombre y las pocas acciones en poder del Estado y de los trabajadores. También para esa hipotética situación el Gobierno tiene un remedio de emergencia: otorgarle la condición de línea de bandera a alguna otra compañía que esté operando en el mercado.  

RESTRINGEN EL INGRESO DE TERCEROS
Protección de alto vuelo

Por C.C.
Por ahora, el Gobierno intenta proteger a Aerolíneas con las herramientas legales que le quedan más a mano. Días antes, suspendió por seis meses un decreto promulgado en 1994 por el cual se dejó sin efecto una terminante disposición del Código Aeronáutico: ninguna aerolínea que no tuviera mayoría de capital nacional podría realizar vuelos de cabotaje. Ahora la restricción vuelve a ser efectiva para todo tercero que intente ingresar en ese mercado.

  La norma suspendida --ideada por el entonces secretario de Coordinación Legal, Horacio Liendo, luego de intrincadas negociaciones con el gobierno español-- eliminó aquella restricción, con el afán de permitirle operar al estado ibérico en forma conjunta Aerolíneas y Austral con status de línea de bandera.

  Pero la secretaría de Transporte, a cargo de Jorge Kogan, advirtió el peligro de que cualquier otra compañía extranjera, por el solo hecho de domiciliarse en la Argentina, exija cubrir rutas domésticas. Quizá porque Lan Chile demostró genuino interés en aprovechar el filón. Esta u otra virtual competencia, juzga el funcionario, podría ser letal para la endeudada Aerolíneas.

  Su colaboradora, Angela Donato, tiene previsto ir a los Estados Unidos para seguir debatiendo acerca de la apertura de los cielos, que daría a las compañías de ese país la potestad de volar a territorio argentino con la frecuencia que mejor le convenga y sin que Washington garantice a una línea argentina similar penetración en su mercado. Esta reciprocidad es la que intentan preservar hoy los acuerdos bilaterales, que la Administración Clinton pretende sustituir por la política de libre vuelo.

  El Gobierno intenta demorar esa apertura o acompañarla de algún compromiso de cierta equidad entre las poderosas compañías norteamericanas y la tambaleante Aerolíneas. Hacer otra cosa en este momento sería como asestarle un golpe mortal.

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