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Si
de algo no tenemos dudas los argentinos es que durante la dictadura no
gobernaron con el pueblo sino contra él. En 1976 tomaron el poder por
la fuerza, ocuparon el país, se apoderaron del Estado y suspendieron
los derechos constitucionales, estableciendo el estado de sitio e
instalando el terrorismo de Estado.
En nombre de la restitución
del orden ante el caos político avasallaron los derechos humanos, y
en la necesidad de recuperar gobernabilidad justificaron ese golpe de
Estado. Pero, ¿quiénes gobernaron? Para responder sólo necesitamos
saber quiénes se beneficiaron con esta "gobernabilidad". Y
la respuesta es clara: los grupos financieros externos (banca
acreedora), los grandes grupos económicos, transnacionales y sus cómplices
locales.
En 1989, el pueblo se debatía
en la reconstrucción democrática con la esperanza de definir
objetivos políticos de gobernabilidad popular: salariazo, cultura del
trabajo y revolución productiva. Pero aquellos grupos de poder daban
otro golpe, esta vez un golpe de mercado: la hiperinflación. Y el
gobierno elegido por el pueblo, traicionando su mandato, respondía a
las exigencias de gobernabilidad de esos grupos, identificándose con
la clase dominante y estableciendo el estado de sitio económico.
Nuevamente, en nombre de la
necesidad del orden ante el caos económico, nos suspenden derechos
sociales. Durante diez años nos hicieron vivir en emergencia económica,
ajustándonos socialmente. En esta década, más que infame, siguieron
gobernando aquellos grupos y creciendo considerablemente sus
beneficios. Para sostener las grandes ganancias, la variable de ajuste
es el costo laboral, en realidad, el costo social: aumento de la
desocupación y la pobreza. Unos pocos grandes ganadores, y muchos
cada vez más perdedores.
A poco de iniciado el año
2000, la inercia del poder sigue implacable. En el reciente debate en
la Cámara de Diputados por el proyecto de reforma laboral, un
diputado, que hasta hace unos meses atrás era oficialista, decía:
"Aquí pareciera que no ha cambiado nada, es el mismo escenario,
la única diferencia está en que ahora dicen de aquel lado lo que
durante diez años dijimos nosotros desde aquí". Nada más
claro: se puede cambiar de actores y protagonistas, pero no de libreto
ni de quienes lo escriben. Aún no termina la discusión sobre la
reforma laboral y ya se encuentra para su tratamiento un nuevo pero no
novedoso proyecto de ley de emergencia económica. Esto significa la
continuidad de las políticas de emergencia en lo económico,
subordinando los derechos y principios constitucionales a las
necesidades de "gobernabilidad". Se mantiene en estado de
sitio económico a la sociedad, suspendiendo derechos y otorgándose
facultades extraordinarias de gobierno en desmedro de los derechos
fundamentales de los trabajadores.
Nuestra Constitución
establece una serie de derechos fundamentales (individuales, sociales,
políticos y de incidencia colectiva), cuya existencia no puede estar
subordinada a normas reglamentarias, que deben garantizarse aun contra
las violaciones ejecutadas desde el propio gobierno. Es esencial
resaltar la preeminencia de los derechos fundamentales del hombre
frente a los intentos del gobierno de suprimirlos, argumentando
razones de Estado.
La Corte argentina ha
definido las emergencias como aquellas que "...derivan de
acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con
los recursos ordinarios y que tienen una repercusión muy honda y
extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también
extraordinarios...". No corresponde, entonces, reconocer su
validez cuando se trata de una mera declaración de emergencia para
desarrollar libremente políticas normales de gobierno.
En este caso, la declaración
de emergencia económica del gobierno no tiene otro objetivo que la
continuidad de políticas de ajuste estructural del Estado, mostrándose
rehén de los poderes económicos financieros internacionales y
asumiendo su "gobernabilidad".
La verdadera crisis es
social. Por lo tanto debería asumirse la emergencia social, entendiéndola
como herramienta para salir de la crisis y no para vivir
permanentemente en ella. La gobernabilidad que necesitamos es el
desarrollo de políticas de Estado que democraticen la economía para
dar respuesta a la desocupación y a la pobreza. Necesitamos con
urgencia políticas de desarrollo basadas en la inclusión y en la
participación de los propios actores sociales. El desafío de la
gobernabilidad es romper las políticas de ajuste permanente con más
democracia.
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Secretario general ATE Consejo Directivo Nacional
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