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Por Maximiliano Montenegro La Sindicatura General de la Nación prepara un plan de monitoreo selectivo para combatir los astronómicos sobreprecios en compras y contrataciones que paga el Estado. La estrategia consistirá en focalizar los controles en diez organismos oficiales considerados de �alto riesgo� porque en ellos se concentran grandes volúmenes de compras de bienes de consumo, de equipos, y de contrataciones de servicios. La SIGEN se encarga de establecer los llamados �precios testigo�, fijando un techo en el valor de las compras oficiales que no debería ser sobrepasado nunca en más del 5 por ciento. Un estudio interno del organismo, realizado sobre una muestra aleatoria de adquisiciones, revela que diversos ministerios abonaron en el último año del menemismo hasta 280 por ciento más de lo que fijaban los precios testigo. Desde que asumió el nuevo gobierno, la SIGEN ya objetó compras porque los precios sugeridos sobrepasaban largamente los valores de referencia. En la Alianza están convencidos de que este tipo de corrupción, que se lleva en el cálculo más conservador 250 millones de pesos anuales, está enquistada en la estructura del aparato estatal. En el futuro, Rafael Bielsa, titular de la SIGEN, le informará directamente al Presidente sobre los casos más complicados, en tanto se girarán los expedientes a la Oficina Anticorrupción. En las próximas semanas se empezará a definir un nuevo sistema de precios testigo, es decir, los valores de referencia para las compras estatales. Y se elaborará un plan basado en un �análisis estratégico de riesgos�, consistente en redoblar los controles sobre 10 organismos clave, por los cuales pasa el grueso de contrataciones oficiales de bienes de consumo (alimentos, medicamentos y vestimenta, entre otros), de capital (equipos informáticos, automóviles, aviones, entre otros) y servicios (limpieza, seguros y capacitación, entre otros). Página/12 ya publicó que se detectaron evidentes sobreprecios en diversas compras estatales (computadoras, mobiliario, vestimenta) en relación a los valores de mercado. Un documento interno de la SIGEN indica que, durante 1999, sobre la base de una muestra de productos, se pagaron sobreprecios, en relación a los valores testigo que el propio Estado había fijado, mayores al 30 por ciento en el Ministerio de Salud; del 50 por ciento en Cancillería; de 165 por ciento en Jefatura de Gabinete; y del 280 por ciento en Interior (ver aparte). Hasta ahora, la elaboración de las cotizaciones de referencia era subcontratada a dos consultoras privadas. Sin embargo, la sospecha de que dichos precios pudieran estar inflados llevó a Bielsa a tomar la decisión de suspender esa metodología. De hecho, el informe que solicitó a poco de asumir no detectó desvíos llamativos en la Secretaría de Recursos Naturales o en el Ministerio de Trabajo, donde existen abrumadores indicios de que se pagaron sobreprecios en diversas contrataciones. Sí demostró, en cambio, que muchas compras se efectuaron a valores muy inferiores a los que determinaron las consultoras. Los técnicos del organismo recobraron la potestad de asignar los valores testigo. Y, con la asistencia de organismos internacionales, están trabajando para perfeccionar el sistema, de modo tal que refleje no sólo las condiciones de particulares de cada mercado sino también el poder de compra oficial en ese mercado: no es el mismo precio el de 1 litro de leche en un almacén que el que pueden ofertar las empresas interesadas en venderle 100 mil litros al Estado. De la base general de precios testigo del 2000, a la que accedió Página/12, surge que, en lo que va del año, la SIGEN ya observó licitaciones o adjudicaciones directas de diversos organismos. Una de las más groseras es la compra que planeaba hacer la Policía Federal de �forraje para equinos� por un valor de 835.191 pesos. El ente de control replicó que el valor testigo para esa operación era de apenas 246.744pesos. Así, la dirección de compras y contrataciones de la Federal pagaría casi un 240 por ciento de sobreprecio (ver aparte). En la Alianza creen que existe en el sector público una trama de influencias y negocios entre funcionarios de línea con empresas proveedoras que, más allá de la buena voluntad de la conducción política, terminará prevaleciendo si no se montan estrictos sistemas de control. Por eso, un adecuado sistema de precios testigo, en base a criterios razonablemente objetivos, reduciría este tipo de maniobras, que ocasionan un serio perjuicio fiscal. Sin embargo, el director general adjunto de la Sindicatura, Jaime Farji, advirtió a este diario que �el hecho de que exista un sistema de precios testigos no le quita la responsabilidad al funcionario que está contratando� porque, si bien son un techo de referencia, �dada la coyuntura del mercado tal se podría comprar a un precio mucho más bajo que el testigo� (ver aparte). Los organismos sobre los que se concentrará el monitoreo oficial, según el tipo de compras que realizan, son los siguientes: Ministerio de Salud: fundamentalmente, por la compra de medicamentos. Sólo en dos programas (Lucha contra el SIDA y Prevención y control de enfermedades) el gasto anual asciende a 92,3 millones de pesos. Ministerio de Desarrollo Social: con el programa alimentario nutricional y otros planes compra por 47 millones de pesos. AFIP: servicios por 98 millones de pesos, y bienes de consumo y de capital por otros 17 millones de pesos. Dirección Nacional de Vialidad: en maquinaria y equipo tiene un presupuesto de 170 millones de pesos. Ministerio de Economía: aún después de un fuerte recorte, los servicios profesionales suman 47 millones de pesos. Ministerio de Infraestructura: a través de Obras Públicas, Recursos Hídricos, Transporte y Arquitectura adquiere bienes de capital por 136 millones. Estado Mayor del Ejército: adquiere bienes de consumo (alimentos y vestimenta) por 70 millones, mientras que contrata servicios por 61 millones de pesos. Fuerza Aérea y Armada: bienes de consumo por 35 y 27 millones, respectivamente. En equipos, la Fuerza Aérea erogará este año 36 millones y en servicios, 48 millones. La Armada, en tanto, rentará servicios por 33 millones. Servicio Penitenciario Federal: entre bienes de consumo y servicios el gasto supera los 23 millones de pesos. Policía Federal: el presupuesto en bienes de consumo asciende a 41 millones; en servicios, a 34 millones; y en equipos, a 10 millones de pesos.
Un
informe interno de la Sigen, elaborado por la nueva conducción para auditar
las compras de los dos últimos años del gobierno de Menem, revela que en
muchos casos los precios testigos que fijaba el organismo no fueron
respetados. El documento se titula �Análisis comparativo entre los
precios testigo y montos adjudicados� entre enero de 1998 y setiembre de
1999. De los resultados se desprende que el Ministerio de Salud bajo la
conducción de Alberto Mazza, Cancillería con Guido Di Tella, el Ministerio
del Interior con Carlos Corach y la Jefatura de Gabinete de Jorge Rodríguez
pagaron importantes sobreprecios pese a la regla que les fijaba el ente de
control. PRIMERAS OBJECIONES A
LA ALIANZA Los
funcionarios de la Alianza encargados de velar por la transparencia en las
contrataciones oficiales están preocupados porque intuyen que las �mafias�
que operan alrededor de las compras públicas sobrevivieron al menemismo.
En las últimas semanas, la SIGEN objetó las siguientes adjudicaciones
directas o licitaciones públicas, que se pusieron en marcha entre enero y
febrero: |