Por Maximiliano Montenegro
La
Sindicatura General de la Nación prepara un plan de monitoreo selectivo
para combatir los astronómicos sobreprecios en compras y contrataciones
que paga el Estado. La estrategia consistirá en focalizar los controles
en diez organismos oficiales considerados de �alto riesgo� porque en
ellos se concentran grandes volúmenes de compras de bienes de consumo, de
equipos, y de contrataciones de servicios. La SIGEN se encarga de
establecer los llamados �precios testigo�, fijando un techo en el
valor de las compras oficiales que no debería ser sobrepasado nunca en
más del 5 por ciento. Un estudio interno del organismo, realizado sobre
una muestra aleatoria de adquisiciones, revela que diversos ministerios
abonaron en el último año del menemismo hasta 280 por ciento más de lo
que fijaban los precios testigo. Desde que asumió el nuevo gobierno, la
SIGEN ya objetó compras porque los precios sugeridos sobrepasaban
largamente los valores de referencia. En la Alianza están convencidos de
que este tipo de corrupción, que se lleva en el cálculo más conservador
250 millones de pesos anuales, está enquistada en la estructura del
aparato estatal. En el futuro, Rafael Bielsa, titular de la SIGEN, le
informará directamente al Presidente sobre los casos más complicados, en
tanto se girarán los expedientes a la Oficina Anticorrupción.
En las próximas semanas se empezará a definir un nuevo sistema de
precios testigo, es decir, los valores de referencia para las compras
estatales. Y se elaborará un plan basado en un �análisis estratégico
de riesgos�, consistente en redoblar los controles sobre 10 organismos
clave, por los cuales pasa el grueso de contrataciones oficiales de bienes
de consumo (alimentos, medicamentos y vestimenta, entre otros), de capital
(equipos informáticos, automóviles, aviones, entre otros) y servicios
(limpieza, seguros y capacitación, entre otros).
Página/12 ya publicó que se detectaron evidentes
sobreprecios en diversas compras estatales (computadoras, mobiliario,
vestimenta) en relación a los valores de mercado. Un documento interno de
la SIGEN indica que, durante 1999, sobre la base de una muestra de
productos, se pagaron sobreprecios, en relación a los valores testigo que
el propio Estado había fijado, mayores al 30 por ciento en el Ministerio
de Salud; del 50 por ciento en Cancillería; de 165 por ciento en Jefatura
de Gabinete; y del 280 por ciento en Interior (ver aparte).
Hasta ahora, la elaboración de las cotizaciones de referencia era
subcontratada a dos consultoras privadas. Sin embargo, la sospecha de que
dichos precios pudieran estar inflados llevó a Bielsa a tomar la
decisión de suspender esa metodología. De hecho, el informe que
solicitó a poco de asumir no detectó desvíos llamativos en la
Secretaría de Recursos Naturales o en el Ministerio de Trabajo, donde
existen abrumadores indicios de que se pagaron sobreprecios en diversas
contrataciones. Sí demostró, en cambio, que muchas compras se efectuaron
a valores muy inferiores a los que determinaron las consultoras.
Los técnicos del organismo recobraron la potestad de asignar los valores
testigo. Y, con la asistencia de organismos internacionales, están
trabajando para perfeccionar el sistema, de modo tal que refleje no sólo
las condiciones de particulares de cada mercado sino también el poder de
compra oficial en ese mercado: no es el mismo precio el de 1 litro de
leche en un almacén que el que pueden ofertar las empresas interesadas en
venderle 100 mil litros al Estado.
De la base general de precios testigo del 2000, a la que accedió
Página/12, surge que, en lo que va del año, la SIGEN ya observó
licitaciones o adjudicaciones directas de diversos organismos. Una de las
más groseras es la compra que planeaba hacer la Policía Federal de �forraje
para equinos� por un valor de 835.191 pesos. El ente de control replicó
que el valor testigo para esa operación era de apenas 246.744pesos. Así,
la dirección de compras y contrataciones de la Federal pagaría casi un
240 por ciento de sobreprecio (ver aparte).
En la Alianza creen que existe en el sector público una trama de
influencias y negocios entre funcionarios de línea con empresas
proveedoras que, más allá de la buena voluntad de la conducción
política, terminará prevaleciendo si no se montan estrictos sistemas de
control. Por eso, un adecuado sistema de precios testigo, en base a
criterios razonablemente objetivos, reduciría este tipo de maniobras, que
ocasionan un serio perjuicio fiscal. Sin embargo, el director general
adjunto de la Sindicatura, Jaime Farji, advirtió a este diario que �el
hecho de que exista un sistema de precios testigos no le quita la
responsabilidad al funcionario que está contratando� porque, si bien
son un techo de referencia, �dada la coyuntura del mercado tal se
podría comprar a un precio mucho más bajo que el testigo� (ver
aparte).
Los organismos sobre los que se concentrará el monitoreo oficial, según
el tipo de compras que realizan, son los siguientes:
Ministerio de Salud:
fundamentalmente, por la compra de medicamentos. Sólo en dos programas
(Lucha contra el SIDA y Prevención y control de enfermedades) el gasto
anual asciende a 92,3 millones de pesos.
Ministerio de
Desarrollo Social: con el programa alimentario nutricional y otros planes
compra por 47 millones de pesos.
AFIP: servicios por
98 millones de pesos, y bienes de consumo y de capital por otros 17
millones de pesos.
Dirección Nacional
de Vialidad: en maquinaria y equipo tiene un presupuesto de 170 millones
de pesos.
Ministerio de
Economía: aún después de un fuerte recorte, los servicios profesionales
suman 47 millones de pesos.
Ministerio de
Infraestructura: a través de Obras Públicas, Recursos Hídricos,
Transporte y Arquitectura adquiere bienes de capital por 136 millones.
Estado Mayor del
Ejército: adquiere bienes de consumo (alimentos y vestimenta) por 70
millones, mientras que contrata servicios por 61 millones de pesos.
Fuerza Aérea y
Armada: bienes de consumo por 35 y 27 millones, respectivamente. En
equipos, la Fuerza Aérea erogará este año 36 millones y en servicios,
48 millones. La Armada, en tanto, rentará servicios por 33 millones.
Servicio
Penitenciario Federal: entre bienes de consumo y servicios el gasto supera
los 23 millones de pesos.
Policía Federal: el
presupuesto en bienes de consumo asciende a 41 millones; en servicios, a
34 millones; y en equipos, a 10 millones de pesos.
�No quita responsabilidad�
Jaime Farji, síndico general adjunto, le dijo a Página/12 que �el
hecho de que exista un sistema de precios testigo no le quita en nada
la responsabilidad al funcionario que está contratando. Los
responsables del proceso de compra son las autoridades del organismo
que compra�, afirmó. En el organismo de control quieren dejar en
claro este punto, porque si bien extremarán los recaudos para que los
valores de referencia se adecuen a la realidad de mercado, consideran
que los funcionarios de cada área podrían pelear todavía mejores
precios. �Por mejor que estén elaborados, puede ser que el precio
testigo no sea el correcto teniendo en cuenta una coyuntura particular
del mercado en cuestión. Sólo es un parámetro de referencia que
toma en cuenta condiciones generales. Por una determinada situación
del mercado, tal vez el funcionario podría comprar a un precio mucho
más bajo que el precio testigo�, explica Farji. Y advierte que,
independientemente del precio testigo, en la etapa de auditoría se
investigará si el funcionario compró caro o barato. |
DETALLES DEL INFORME DE LA SINDICATURA
GENERAL
Parte de la fiesta menemista
Un
informe interno de la Sigen, elaborado por la nueva conducción para auditar
las compras de los dos últimos años del gobierno de Menem, revela que en
muchos casos los precios testigos que fijaba el organismo no fueron
respetados. El documento se titula �Análisis comparativo entre los
precios testigo y montos adjudicados� entre enero de 1998 y setiembre de
1999. De los resultados se desprende que el Ministerio de Salud bajo la
conducción de Alberto Mazza, Cancillería con Guido Di Tella, el Ministerio
del Interior con Carlos Corach y la Jefatura de Gabinete de Jorge Rodríguez
pagaron importantes sobreprecios pese a la regla que les fijaba el ente de
control.
Las principales conclusiones del documento, al que accedió este diario, son
las siguientes:
Ministerio de
Salud: �Del análisis efectuado se verificó que en 28 casos de la
muestra sujeta a revisión (83 items relevados), los precios obtenidos
fueron superiores a los emitidos�. Por ejemplo, el ministerio compró �Idarrubicina
10 mg�, una droga de uso quimioterápico, un 33,5 por ciento más caro de
lo que indicaba el precio testigo.
Ministerio de
Relaciones Exteriores: Se detectaron �desvíos significativos�, con
compras realizadas muy por encima de lo que marcaban los precios testigo.
Por ejemplo: por alquiler de inmuebles en China, Arabia Saudita, Japón,
Tailandia, Polonia y Zimbabwe, se pagaron precios entre un 35 y un 53 por
ciento superiores a los testigo. Por alquiler de oficinas en Brasil, el
sobreprecio fue de 42 por ciento. Y por la limpieza del Palacio San Martín
se abonó un 49 por ciento más de lo que había fijado la Sigen como
referencia.
Ministerio del
Interior: Se detectaron algunos items con sobreprecios exorbitantes. Por
ejemplo, por la locación de una máquina fotocopiadora que tenía fijado un
precio testigo de 21.074 pesos se pagó un valor de 80.231 pesos (un 280 por
ciento más). Por la concesión de servicios en los pasos fronterizos, en
tanto, se abonó un 62 por ciento por arriba del testigo. La Policía
Federal compró �camperas oficiales� un 20 por ciento arriba del
testigo. Y el Registro Nacional de las Personas adquirió material
fotográfico con un sobreprecio del 30 por ciento.
Anses: De 7
items escogidos al azar en uno �adquisición de un inmueble en La Plata�
el precio pagado fue un 121 por ciento al establecido por el precio testigo.
Superintendencia de
Riesgos del &Trabajo: En capacitación se pagó un 103 por ciento
más de lo que fijó la Sigen.
Jefatura de
Gabinete: De cuatro rubros inspeccionados, 2 presentaron sobreprecios.
En la contratación de una consultora para asesoramiento de prensa, se pagó
un 165 por ciento más de lo que marcaba el precio testigo, en tanto que
para la contratación del �servicio full Internet� de la Jefatura se
abonó un 42 por ciento más.
PRIMERAS OBJECIONES A
LA ALIANZA
Cuidado con la línea
Los
funcionarios de la Alianza encargados de velar por la transparencia en las
contrataciones oficiales están preocupados porque intuyen que las �mafias�
que operan alrededor de las compras públicas sobrevivieron al menemismo.
En las últimas semanas, la SIGEN objetó las siguientes adjudicaciones
directas o licitaciones públicas, que se pusieron en marcha entre enero y
febrero:
La Policía Federal
planeaba adquirir �forraje para equinos� por 835.191 pesos. Sin
embargo, el ente de control determinó que dicho alimento para los
caballos de la Federal no debía costar más de 246.744 pesos. El
sobreprecio era de 238 por ciento.
La ANSeS quería
contratar �servicios de limpieza� por 4.529.424 pesos. El precio
fijado por la SIGEN fue sólo de 1.577.139 pesos. El sobreprecio,
entonces, era de 187 por ciento.
El Hospital Posadas
quería comprar �pañales descartables� valuados por el ente de
control en 2057 pesos a 8380 pesos, es decir, con más de un 300 por
ciento de sobreprecio.
El gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (la SIGEN le brinda precios testigo por un convenio
especial) presupuestó la compra de �material de quirófano� en 67.505
pesos. Pero el testigo indicó 39.122 pesos. Es decir que se iba a pagar
un 72 por ciento más. En �aparatos de medición eléctrica� la Ciudad
pagaría un 68 por ciento más.
El Ministerio del
Interior programaba pagar por �artículos de librería� por un valor
de 76 mil pesos, casi un 30 por ciento más que los valores de referencia.
La Secretaría de
Desarrollo Social preveía adquirir �alimentos secos� (por valor de
1,8 millones de pesos) a un 10 por ciento más caro.
El costo de servicio
de �limpieza y desinfección� de la Secretaría de Cultura por valor
de 250 mil pesos, según la SIGEN, está inflado un 20 por ciento.
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