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Empresarios pyme consultados
por Página/12 insistieron,
de todos modos, que serán paliativos menores mientras continúe deprimido
el mercado interno y no se resuelvan situaciones estructurales que
resultan más perjudiciales para su desarrollo. Entre ellas, mencionan las
dificultades y los altos costos de acceso al financiamiento bancario, y la
desprotección que sufren como proveedores de grandes empresas por los
extensos plazos que deben esperar para cobrar sus ventas.
Aun así, los empresarios
reconocen que la ley es un paso adelante. La misma postura es sostenida
por legisladores del justicialismo, por lo que en el Gobierno descartan
que el proyecto tendrá una rápida aprobación parlamentaria. Desde la
Secretaría Pyme, autora de la iniciativa, también admitieron a este
diario que la problemática del sector es sumamente compleja como para ser
resuelta por la ley. Pero destacaron que las medidas propuestas tienden a
mejorar las condiciones para el desempeño de las pymes. Y muestran una
intención de atender de cerca sus necesidades, afirmaron. En ese sentido,
mencionaron la creación de una "Red de Agencias Regionales para el
Desarrollo Productivo". La primera de esas oficinas se abrió la
semana pasada en Paraná, Entre Ríos. Las agencias tendrán por función
orientar y asesorar a los empresarios pyme, así como informarles de los
distintos programas de apoyo creados por el Gobierno.
Las medidas propuestas en la
ley son las siguientes: * Se crea el Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), con un capital de 100
millones de pesos. Mediante este instrumento, el Estado nacional actuará
como socio de los empresarios en nuevos emprendimientos. Básicamente,
aportando financiamiento a largo plazo. Un Comité de Evaluación de
Inversiones dictaminará cuáles proyectos son viables. El organismo estará
presidido por el secretario Pyme, quien designará al resto de los
miembros que lo integren. En este punto existe resistencia de gobernadores
justicialistas, quienes reclaman que se incluya en el comité a
representantes de las provincias para elegir los proyectos a promocionar. * También habrá un Fondo de Garantía por 100
millones de pesos. Los recursos serán utilizados para brindar garantías
de primer grado y de segundo piso a Sociedades de Garantía Recíproca.
Estas últimas son grupos de empresas que se unen para solicitar créditos
bancarios, los cuales ahora tendrán el aval de repago del Estado. * Bonificación de tasas de interés. El monto
se definirá en la reglamentación de la ley, pero rondaría los 3 puntos.
Los beneficiarios serán de regiones donde el crecimiento de la actividad
económica sea inferior a la media nacional o el desempleo supere el
promedio del país. Los bancos no podrán utilizar la bonificación para
refinanciar a clientes morosos. * Las pymes que intervengan en licitaciones de
organismos públicos podrán ofrecer precios hasta 5 por ciento más altos
que grandes empresas. El Estado les adjudicará la licitación aunque el
costo sea mayor. * Las multas por librar cheques sin fondos serán
de entre 50 pesos y 10 mil pesos. Hasta el momento, la penalidad máxima
es de 50 mil pesos. * Se permite a la pyme tomar como crédito
fiscal hasta el 8 por mil de la suma total de sueldos y remuneraciones por
gastos de capacitación. * Habrá mecanismos de devolución rápida del
IVA a los exportadores pyme y se crearán consorcios para vender al
exterior.
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