Más puertas abiertas para que la policía interrogue a sus anchas

Carlos Ruckauf vetó  el artículo que impedía usar declaraciones obtenidas por la policía como prueba en juicio. También Aníbal Ibarra respaldó el pedido de la Federal para poder interrogar.

Por Horacio Cecchi
 Un veto del gobernador Carlos Ruckauf dio un nuevo e importante respaldo a las atribuciones de la Bonaerense para que el resultado de sus interrogatorios sean válidos en instancia judicial. Por el decreto 528 Ruckauf eliminó parte del artículo 294 del Código Procesal Penal de la provincia, sancionado a fines de febrero tras un farragoso trámite de acuerdos en los que se comprometieron el bloque del PJ, la Alianza y el gobierno. Dicho artículo autorizaba al interrogatorio policial en el lugar del hecho, pero impedía que el resultado fuera válido como prueba durante un juicio. El veto del gobernador anula esta última restricción. "En forma solapada, le restituye a la policía el poder de intervenir en un juicio", sostuvo el senador Eduardo Sigal. Mientras en el bloque aliancista bonaerense la indignación marcaba el clima interno, en Capital, el comisario Rubén Santos, jefe de la Federal, salía a reclamar la atribución de interrogar de que ya gozan sus colegas provinciales. El respaldo  le llegó nada menos que de las filas de la Alianza porteña: Aníbal Ibarra, candidato a jefe de gobierno de la ciudad.

  La polémica reforma al Código Procesal Penal bonaerense fue sancionada por la Legislatura el 22 de febrero pasado. No fue fácil llegar a un acuerdo en una ley que entre sus principales objetivos figuraba el de aumentar las atribuciones policiales. Después de una serie de fallidos intentos de lograr consenso, finalmente los legisladores de la Alianza, el PJ y el ministro de Justicia Jorge Casanovas se comprometieron en una redacción final que coincidía en lo central con el proyecto justicialista. El artículo 294 se refería a las atribuciones policiales. Entre ellas, además de habilitar a los uniformados a requisar en el lugar del hecho, el inciso 8 habilitaba al interrogatorio del detenido, aunque en su última parte se impedía que el resultado de dicho interrogatorio fuera documentado y funcionara como prueba.

  Pero con fecha 8 de marzo, Ruckauf le bajó el dedo a las últimas ocho palabritas del inciso, las que decían: "...y no podrá ser utilizada en el debate", con lo que el producto del peculiar método histórico policial de interrogar no podrá ser documentado pero podrá ser tenido en cuenta por los jueces. "Antes de la reforma al Código, los jueces llamaban al policía al debate como testigo. Y el policía volcaba esas famosas confesiones espontáneas que se obtenían bajo tortura --explicó un asesor legal de la Alianza--. El juez, de acuerdo a la trayectoria del policía, a su legajo, podía valorar el testimonio como prueba. Con el 294, la policía podía seguir con la investigación haciendo preguntas que llevaran a descubrir nuevas pistas, pero lo que obtuviera no sería válido en el juicio. Fue una especie de límite. Ahora, con el veto de Ruckauf, se abre lo más perverso: la tortura volverá a ser el método habitual, y se recrea el negocio policial en las comisarías. Porque, al tener injerencia en el juicio, modificar un testimonio obtenido en un interrogatorio volverá a tener su precio."

  Ayer, indignación era el adjetivo más apropiado para el clima que se vivía en el bloque aliancista. "Ruckauf continúa rompiendo sus promesas", denunció Alejandro Mosquera, vicepresidente de la Cámara de Diputados. "Sé que Ruckauf es de convicciones fuertes, pero pensé que respetaba los acuerdos políticos", afirmó Sigal. Ambos estaban dispuestos a promover el rechazo al veto. Para lograrlo, la oposición deberá ahora reunir los dos tercios en Diputados, algo que por el momento asoma como una misión imposible.

  Entretanto, en Capital, el comisario Rubén Santos sostenía que "contar con algunas facultades de las que hoy carecemos nos beneficiaría, entre ellas la de poder interrogar a los sospechosos en el lugar donde se cometió un delito". Desde la reforma del Código Procesal Penal, en 1991, la policía no puede tomar declaración a un sospechoso. Como antítesis de lo que ocurría en la provincia, en Capital la Alianza respaldó el reclamo. "Las preguntas en el lugar del hecho es distinto a una declaración tomada en los tribunales. Esto sí es perfectamente posible", sostuvo Aníbal Ibarra. "No concibo una policía sin atribuciones para combatir el delito", remató.

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