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"El diálogo con el Ejército
es parte de las negociaciones con distintos sectores del Estado para
detectar bienes en desuso: fábricas o galpones abandonados que puedan
reciclarse y dotar de sistemas de seguridad para convertirlos en unidades
penales", dijo a Página/12
Patricia Bullrich. La funcionaria ya pidió un listado de inmuebles en
desuso al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y al Ente Nacional
Administrador de Bienes Ferroviarios (Enabief).
El anuncio de la reunión de mañana
fue formulado por el jefe del Ejército: "Nosotros tenemos algunos
cuarteles en todo el país, que están a disposición para la venta. Y
creo que si tuviéramos alguna posibilidad de contraprestación, sería
una buena posibilidad de colaborar con esta necesidad de la sociedad y de
la Justicia", afirmó Brinzoni.
La reunión se llevará a cabo
a las 8.30 en el edificio del Estado Mayor, en la calle Azopardo. Allí,
Bullrich y Brinzoni escucharán ofertas. "La intención es utilizar
la infraestructura existente y hacer las modificaciones que sean
necesarias. Los costos de una remodelación son siempre menores que los de
una construcción nueva", comentó la funcionaria.
El Ministerio de Justicia busca
descomprimir la situación creada por el hacinamiento en las cárceles de
todo el país, que en los últimos meses derivó en una seguidilla de
motines. El total de detenidos asciende a 30.000, de los cuales, se
estima, un gran porcentaje está alojado en comisarías.
Ante ese cuadro, Bullrich
adelantó que el "Plan general de construcción de plazas
penitenciarias" prevé la creación de cárceles para alojar 14.000
reclusos, en un plazo no mayor a los cuatro años. "Ese plan
contempla la ejecución de regímenes progresivos para el cumplimiento de
penas: desde los de máxima seguridad hasta los sistemas abiertos y las cárceles
de autodisciplina, para condenados de buena conducta que están a punto de
recuperar su libertad", explicó Bullrich. En la actualidad, agregó
la funcionaria, la carencia de infraestructura obliga a que todos los
detenidos estén juntos: procesados y condenados, peligrosos o no.
Convertir un cuartel en desuso
en una unidad penal coincide también con las aspiraciones de los
generales: las Fuerzas Armadas deben afrontar este año un recorte de 150
millones de pesos en su presupuesto. Como el achicamiento incluye el
traslado de regimientos, escuelas y comandos del Ejército, con el propósito
de reducir el número de guarniciones militares y disminuir los gastos
operativos, el objetivo es transferir los bienes que queden inactivos. En
esa situación estarán el Regimiento de Tanques de Magdalena --que se
trasladará a Azul-- y el Grupo de Artillería de Azul --que funcionará
en Pigué--. También está desactivado el cuartel del Batallón de
Ingenieros de Villa Martelli. El Ministerio de Justicia gestionará, con el mismo criterio, la cesión, compra o alquiler de otros inmuebles en poder del Estado. No pudo concretar para este programa un barrio de viviendas desocupadas en las cercanías de Yacyretá --destinadas a los obreros que construyeron la represa--: las casas fueron cedidas a la intervención de la provincia de Corrientes, que las destinarán al alojamiento de reclusos.
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