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Qué se siente defendiendo a un ex dictador genocida


En la primera entrevista desde que se inició el "caso Pinochet" en Londres, su abogado Michael Caplan recapitula los artificios  legales y admite que la "solución final" fue de Jack Straw.


Izquierdista: Lo más probable es que el abogado de Pinochet fuera izquierdista. "Cumplí mi deber, como un cirujano", justifica Caplan.

Por Clare Dyer
 Desde Londres

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Durante los casi 17 meses de detención de su cliente bajo autoridad británica a instancias de un juez español que quería extraditarlo, el abogado Michael Caplan evitó todo contacto con la TV y la prensa. Decidió no luchar por su caso en los medios, y reservó sus argumentos para los tribunales. Recién ahora, con su cliente a salvo en Santiago, aceptó una entrevista. Las paredes de la pequeña y funcional oficina de Caplan en Londres están cubiertas de tiras cómicas: ilustran los momentos cumbre del juicio de su vida, cuando defendió al ex dictador chileno Pinochet. El único toque de color lo da un dibujo que representa la escena histórica en la Cámara de los Lores, cuando los Law Lords sentenciaron la remoción de los obstáculos legales para extraditar a Pinochet a España para enfrentar cargos por tortura. Caplan aparece como una figura anónima en un rincón distante, desmintiendo su rol central en la saga.

  Después de los 17 meses de incesante montaña rusa, Caplan admite que suspiró de alivio cuando el 707 de la fuerza aérea chilena levantó vuelo hace 10 días, a pocas horas de la decisión del ministro del Interior británico Jack Straw de que el general no estaba en condiciones de salud para enfrentar un juicio. Cuando el avión comenzó a pistear, "los presentes sentimos que presenciábamos un pedazo de historia". Hasta entonces, cualquier movimiento legal desesperado de los grupos de derechos humanos o de uno de los cuatro países litigantes hubiera impedido su partida. "Me di cuenta de que aunque habíamos recibido la decisión del Ministerio del Interior a las ocho de esa mañana, el caso estaba lejos de estar terminado. Había establecido conexiones directas con mi oficina para poder estar informado por otra línea mientras íbamos por la autopista. Tuve que llevar otro celular porque la prensa había conseguido el número del mío. Había abogados y oficiales de la policía en el automóvil y cada vez que un teléfono sonaba, todos lo miraban ansiosamente."

  El caso ocupó gran parte de la vida de Caplan desde el viernes de octubre de 1998 cuando Pinochet fue arrestado. El ex dictador necesitaba un abogado, y rápido. Le recomendaron Kingsley Napley, la firma para la que trabaja Caplan, por su reputación en derecho internacional. Kingsley Napley apoya financieramente a Amnesty International, el organismo de derechos humanos que trabajó mucho para entregar a Pinochet a sus acusadores españoles, pero nunca se planteó la posibilidad de rechazar como cliente al ex dictador. Los abogados criminalistas no suelen rechazar clientes impopulares. Si lo hicieran, figuras odiadas como los asesinos británicos como Myra Hindley o Ian Brady no habrían tenido quién los representara.     

  Caplan, que trabaja como juez "part time" durante cuatro semanas al año, se ve a sí mismo como cumpliendo un rol profesional, como un médico que nunca se niega a tratar a un paciente acusado de los crímenes más horribles. No quiere decir cuáles son sus simpatías políticas. Pero, como la mayoría de los criminalistas, es proclive a adoptar una posición antiestablishment. Es probable que sus opiniones sean izquierdistas. Fue agredido por militantes de derechos humanos saliendo del juzgado, pero no se queja. "Soy un gran defensor de la libertad de expresión. Espero que la gente entienda que estoy cumpliendo con mi deber hacia un cliente, de la misma manera que lo haría un cirujano con su paciente."

  Al principio todo parecía simple: ¿podía un país juzgar al ex jefe de Estado de otro país por crímenes contra la humanidad? Cuando Lord Bingham escuchó el caso junto con otros dos jueces en el Tribunal Superior, los jueces tenían solamente dos cajas de archivos con documentos, y rápidamente decidieron que Pinochet tenía inmunidad como ex jefe de Estado. Pero el caso regresó a la Cámara de los Lores tres veces, hasta que al final cada juez tenía 20 cajas de expedientes. En la primera apelación, los Law Lords revocaron la sentencia del Tribunal Superior por un margen de tres a dos, abriendo el camino para la extradición. Luego Kingsley Napley recibió un llamado anónimo denunciando que Lord Hoffman, cuya decisión inclinó la balanza, era director ad honorem de una fundación de caridad dependiente de Amnesty International, que era parte del juicio.    ¿Qué se podía hacer? Los Law Lords son el tribunal final de apelación. Nunca habían revocado una de sus propias sentencias. "Teníamos que pensar si podíamos crear lo que sería historia legal." Un panel de Law Lords distinto decidió que Hoffmann quedaba descalificado por su interés en Amnesty. Pero un nuevo panel de siete Law Lords falló por seis a uno que Pinochet sí podía ser enjuiciado, aunque sólo por cargos de tortura y conspiración para torturar, y por crímenes cometidos después del 8 de diciembre de 1988, recortando el número de cargos de 31 a tres. España inmediatamente presentó nuevos cargos. Pero ahí intervino Jack Straw.

  Caplan confirma que la propuesta de que Pinochet se sometiera a un examen médico fue del ministro. "Hubo un tanteo preguntándome si el senador se sometería a un examen por clínicos nombrados por el ministro del Interior, con la condición de que los informes serían confidenciales para él y para nosotros." Caplan siempre se negó a comentar sobre la salud de Pinochet. En la única ocasión en que tuvo que hablar públicamente de los problemas médicos de su cliente, tuvo mucho cuidado en ser "extremadamente circunspecto".

  Pinochet escapó al procesamiento en Europa. "El punto fundamental es claramente que la ley evoluciona, no es estática", dice Caplan. Pero cree que los tribunales nacionales de terceros países no son el lugar apropiado para decidir esos temas. "Demuestra la necesidad de un foro internacional apoyado por todos los países", concluyó diplomáticamente.

  Traducción: Celita Doyhambéhère.

 

Moneda libre para todos

  Hace mucho que no se vio en Santiago de Chile una escena como la que refleja la foto. Para ser exactos, desde el 11 de septiembre de 1973. Es que tras el derrocamiento de Salvador Allende, el Palacio presidencial de La Moneda fue cerrado por completo al público. Ayer el presidente chileno Ricardo Lagos reabrió un tradicional pasaje de La Moneda como "gesto democrático". El domingo mismo había prometido que recurriría a un plebiscito si el Parlamento chileno no aprobaba una reforma para eliminar los "enclaves autoritarios" dentro de la Constitución que legó Augusto Pinochet. Por su parte, el gobierno belga anunció que trasladará a Chile las 19 querellas de sus ciudadanos contra Pinochet. Se sumarían a las 73 causas (ayer se sumó una nueva) ya en las manos del juez chileno Juan Guzmán.

 

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