Por Raúl Dellatorre
A falta
de fuerza suficiente para poner en caja la política de precios del
combustible que implementan las petroleras, el gobierno nacional le
confiará esos buenos oficios a un "cuarto jugador", lo
suficientemente grande como para imponer competencia en este concentrado
mercado. El propósito se plasmó en una resolución de la Secretaría de
Defensa de la Competencia por la cual se obliga a Repsol YPF a vender en
bloque la capacidad de refinación (4 por ciento de la capacidad instalada
total del mercado) y las estaciones de servicio (unas 800, equivalentes a
la red Eg3) de las que se obligó a desprenderse tras capturar YPF. Además,
promoverá la instalación de surtidores en hipermercados, buscando abrir
bocas de venta de combustible importado. Aunque resulten efectivas, estas
medidas no lograrían bajar los precios antes de seis u ocho meses. Para
antes de esa fecha, el presidente Fernando de la Rúa se ilusiona con que
una baja en el precio internacional del crudo induzca a un descenso de los
precios en surtidor, que Alfonso Cortina, presidente de Repsol YPF, le
volvió a prometer en una conversación telefónica que aplicará ante tal
eventualidad.
El endurecimiento de posiciones del Gobierno y las petroleras en
torno del tema se quedó en el amague. Tras el proyecto de regulación del
negocio lanzado por José Genoud, titular del Senado y "número
tres" del Gobierno --en el orden de sucesión presidencial--, el
presidente de la Cámara de Industriales Petroleros, José María Ranero Díaz,
directivo de Repsol YPF, replicó que el precio de los combustibles no
bajará automáticamente por el hecho de que descienda el crudo en el
mundo. La mecha se acortó peligrosamente, pero antes de que la chispa
llegara al barril de nafta, De la Rúa actuó de vocero de Cortina, y
aseguró que le había negado que los dichos de Ranero constituyeran una
política de la empresa.
El paso del secretario de Energía, Daniel Montamat, por la Comisión
de Combustibles de la Cámara baja no aportó mayores novedades.
Caracterizó al mercado como "altamente concentrado" y bajo
"sospecha" de prácticas cartelizadas. Y reiteró la estrategia
anunciada para impregnar competencia en este negocio, vía importación de
combustibles. El funcionario ratificó que existen conversaciones
"con hipermercados" interesados en abrir nuevas bocas de venta.
El diputado Mario Cafiero llevó la voz cantante desde el
justicialismo para refutar la propuesta oficial y calificarla de
inefectiva. "Defendió los mismos principios ya anunciados con un
fanatismo propio de un profeta, o de un gerente de una petrolera",
ironizó ante Página/12 sobre la exposición de Montamat. El
legislador presentó su propio proyecto para impulsar una reducción
"inmediata" en el precio de las naftas y el gasoil: establecer
un derecho a la exportación de petróleo y sus derivados de hasta el 20
por ciento, en una escala que varía en el mismo sentido del nivel de
precio del barril de crudo. Lo recaudado sería destinado a bajar el
impuesto a la transferencia de combustibles, lo que derivaría --según el
autor del proyecto-- en una rebaja inmediata de los precios en surtidor.
El Gobierno, en tanto, avanzó un paso al establecer, a través de
la Secretaría de Defensa de la Competencia, los "lineamientos"
a que deberá atenerse Repsol YPF para desprenderse de activos
equivalentes a los que poseía Astra-Eg3, empresas que adquirió
previamente a la captura de YPF. Por dicha resolución, "obliga"
a la petrolera española a "vender en bloque la capacidad de refino
(término muy español utilizado por Repsol pero inusual en Argentina) y
las estaciones de servicio (...), permitiendo el ingreso al mercado de un
nuevo participante con una escala suficiente como para poder competir en
este mercado oligopólico".
Dicha definición desdice lo sugerido por el ministro José Luis
Machinea apenas unas semanas atrás, cuando sugirió la venta
"atomizada" de las estaciones de servicio, con el propósito de
alentar el crecimiento de la participación de las estaciones
"independientes". Pero los análisis posteriores dieron cuenta
de que la improvisada sugerencia no se correspondía con el propósito de
generarle competencia a las tres empresas que dominan el mercado.
La resolución establece que quien adquiera los activos a
transferir "no debe mantener ningún acuerdo expreso o tácito con
Repsol SA" ni estar vinculada a ella, ni podrán ir a manos de
"empresas que tengan una participación en el mercado superior al 10
por ciento de refinación y 10 por ciento de cantidad de estaciones de
servicio", en referencia implícita a Esso y Shell.
La
restricción de postulantes deja en primera línea a Petrobrás, con la
que Repsol negocia desde noviembre pasado un intercambio de activos, que
le permitiría a la española ingresar en la refinación y comercialización
de combustibles de Brasil. Si falla, quedaría abierta la puerta para
Texaco, empresa norteamericana que ya se tentó años atrás pero que
desistió al ver el grado de concentración del mercado local. Fuera de
juego quedaría Amoco, con la que Repsol tiene acordada una "alianza
estratégica" para desarrollar proyectos energéticos en toda América
Latina, si se respeta fielmente la letra de la resolución conocida ayer.
El impacto de la suba
El impacto del aumento de los combustibles, suba aplicada por las petroleras y atribuido al aumento internacional del crudo, significará durante el año una transferencia del sector privado a esas firmas de 1770 millones de pesos. Ese monto se repartirá en 820 millones que aportarán los consumidores particulares y 950 millones de las empresas.
El valor de esta inmensa transferencia de recursos fue estimado por la consultora M&S de los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo. Solamente el aumento del precio del gasoil significará un trasvasamiento de más de 1000 millones, de los que se harán cargo las empresas de transporte: 633,4 millones; el agro, 285 millones, y las industrias y usinas, 31,7 millones.
Las cifras fueron conocidas en el contexto del debate por el fin de la recesión y fue rápidamente tomado por el Gobierno. El mismo ministro de Economía, José Luis Machinea, reafirmó que este aumento de los combustibles resta poder adquisitivo a los consumidores y arriesgó su propia cifra: 1500 millones. No obstante, el ministro le encontró el lado bueno al problema al comentar que el mayor precio será beneficioso para las exportaciones, aunque en el corto plazo retrase la reactivación.
También el jefe de gabinete de asesores de Machinea, Pablo Gerchunoff, se expresó en el mismo sentido. �Sin duda que el petróleo aumente de precios por factores internacionales es un elemento que puede retardar la reactivación�. Aunque �de ninguna manera el ministro adjudica la situación actual a una sola causa�, matizó. Más allá del aumento en los decibeles en el discurso contra las petroleras ensayado por algunos funcionarios, hasta ahora la única propuesta es �más competencia�. |
�Medidas urgentes�
Dirigentes de todo el arco gremial del ruralismo reclamaron ayer acciones concretas del Gobierno para propiciar una rebaja a los precios del gasoil. �Faltan medidas urgentes y hay que tomarlas�, demandó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Enrique Crotto. Los representantes del agro se preparan para transmitir sus quejas directamente a Fernando de la Rúa, con quien se encontrarán el próximo fin de semana durante la inauguración de la muestra ExpoChacra 2000. Los dirigentes guardan esperanzas de que el Presidente haga anuncios importantes en esa oportunidad. La Sociedad Rural, que acostumbra a sostener posiciones conciliadoras, prefirió esta vez sumarse al fuerte tono crítico de las demás entidades. Crotto sostuvo que el valor del gasoil es �insoportable�. Por su parte, René Bonetto, titular de la Federación Agraria, afirmó que corresponde a la Secretaría de Agricultura �hacer toda la presión que haga falta, ante el Congreso y el Ejecutivo central�, para que se adopten las decisiones políticas que necesita el agro y se les permita a los productores recuperar su rentabilidad. |
COMIENZA A REGIR LA BAJA DEL 8% EN LOS PEAJES
Pasar por las casillas es más barato
A partir de hoy empezarán a regir las nuevas tarifas de peajes en las rutas nacionales, con descuentos que promedian el 8 por ciento en toda la extensión de los corredores. Las rebajas fueron acordadas entre el Gobierno y las concesionarias a principios de enero y suponen para las empresas una caída anual en sus ingresos de 20 millones de pesos. El ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, explicó ayer el alcance del acuerdo ante la Comisión de Obras Públicas del Senado, adonde el titular de la bancada justicialista, Augusto Alasino, se quejó por la no inclusión en el convenio de las rutas entrerrianas 12 y 14.
El ministro negó que el Gobierno vaya a hacer �un canje� con los concesionarios, que reclaman al Estado deudas millonarias por subsidios no pagados. El monto de esa deuda es auditado por la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Infraestructura. Las empresas la estiman en 200 millones de pesos, pero el Gobierno considera que la suma es muy inferior. �Los concesionarios van a rebajar las tarifas de peajes y en tanto estamos discutiendo la cifra de la deuda�, cuya estimación por parte de las empresas �consideramos excesiva�, aseguró Gallo.
El ministro también sostuvo que las rutas 12 y 14 no aceptaron disminuir el precio de los peajes, cuyos contratos fueron renegociados en los últimos meses de la administración menemista. La disminución de tarifas será para automóviles, camionetas y motos, dado que el transporte de carga tiene un descuento superior �del 25 por ciento� que no será modificado.
Los descuentos se aplicarán en las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 33, 34, 36, 38, 193, 205 y los accesos A-005, A-009 y A-012. Los nuevos valores en algunos tramos serán los siguientes: en la casilla de Cañuelas baja a 4 pesos, desde los 4,4 anteriores, Azul 3 (desde 3,2), Tres Arroyos 3,1 (3,4), Saladillo 2,1 (2,3), Venado Tuerto 3,1 (3,9), Solís 3,1 (3,3), Junín 3,1 (3,4), Zárate 3,1 (3,3), Reconquista 3 (3,3), Casilda 1,7 (1,9), Carcarañá 2,5 (2,7), San Vicente 3,5 (3,8), La Florida 2,4 (2,6), Cabeza de Buey 2,5 (2,7), 9 de Julio 2,9 (3,1), Trenque Lauquen 2,8 (3,1) y La Cumbre 1,2 (1,3).
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