Por Laura Vales
 Hubo ausentes y reservas a la hora de poner la firma. Como fuera, los principales candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad se comprometieron ayer ante Poder Ciudadano a difundir los gastos de la campaña electoral y el origen de sus fondos. Las reservas corrieron por parte de Gustavo Beliz, Antonio Cartañá y Manuel Gaggero, quienes consideraron que el acuerdo es �más declarativo� que otra cosa, ya que la ley porteña de financiamiento de las campañas incluye una auditoría sobre sus gastos. Aníbal Ibarra y Raúl Granillo Ocampo lo firmaron sin reservas. Y Patricia Walsh lo hizo por separado luego de explicar que Izquierda Unida no iba a sentarse a la misma mesa �que los cómplices de la dictadura militar�, en una alusión a Domingo Cavallo. Que no fue, pero estuvo representado por Beliz, quien anticipó que denunciará al Gobierno de la Ciudad por usar con fines proselitistas su publicidad oficial.
Así las cosas, sólo una involuntaria nota de humor logró distender el clima en la sala del Teatro Municipal Gral. San Martín donde se firmó el acuerdo. Ocurrió cuando el presentador anunció que los oradores harían uso de la palabra por �orden alfabético� e invitó a Cartañá a ser el primero.
�Me llamo Antonio, pero creo que por orden alfabético va primero Beliz �dijo Cartañá ante la risa general y cedió el micrófono al compañero de fórmula de Cavallo.
El convenio compromete a los partidos políticos a entregar a Poder Ciudadano informes mensuales sobre sus gastos de campaña, que serán monitoreados tomando como parámetro los precios de mercado.
A partir del jueves, los candidatos también comenzarán a ser llamados para contestar un cuestionario sobre su patrimonio y sus principales propuestas para la Ciudad. Para hacerlo tendrán un plazo de diez días; si todo sale de acuerdo a lo previsto, las respuestas serán publicadas el 25 de abril.
En algunos casos, como el de Ibarra, Cavallo y Beliz, no será la primera vez: los tres dieron datos sobre su patrimonio a ese organismo el año pasado, antes de las elecciones de octubre.
El archivo de Poder Ciudadano dice que Domingo Cavallo es el que tiene una mejor situación patrimonial. En septiembre declaró bienes por dos millones 455 mil pesos. Su listado de propiedades incluyó una casa en Córdoba valuada en 280 mil dólares y su departamento de avenida Libertador en la Capital Federal, tasado en 700 mil. Cavallo también dijo tener tres automóviles: un Alfa Romeo modelo 96, un Peugeot 505 y un Renault 19.
Ibarra lo sigue en la lista con un patrimonio que fijó en 130 mil pesos. El candidato de la Alianza sostuvo, en septiembre del �99, ser dueño de una propiedad de 100 metros cuadrados en la Capital valuada en 80 mil pesos, utilizada como vivienda familiar, y de otra para uso profesional por un valor de 30 mil que recibió como legado. En el rubro vehículos Ibarra declaró poseer dos automóviles, un Renault 21 modelo 95 y un Renault 11 modelo 86. En el caso de Beliz sus bienes alcanzan los 95 mil dólares.
Esta vez habrá algunos agregados en el cuestionario de Poder Ciudadano. Los postulantes a gobernar la Ciudad deberán detallar por ejemplo, el patrimonio de cada uno de los integrantes de su familia que convivan bajo su mismo techo. Y en el caso de aquellos que ya hayan ocupado cargos públicos, se les preguntará si recibieron alguna sanción durante su ejercicio.
Ayer, Beliz aprovechó la oportunidad para quejarse por lo que calificó de una �violación a la ley votada en el distrito� que impide al Gobierno realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto y anticipó que presentará una denuncia judicial sobre el tema. Ibarra, a su turno, descalificó sus dichos y aseguró que el gobierno que encabeza Enrique Olivera �se comprometió a tener un absoluto respeto por los términos de esa ley�. La norma sobre el financiamiento de los partidos estableció una serie de limitaciones a los gastos de campaña. En sus puntos principales, puso un tope de 2 millones de pesos a lo que puede invertir cada candidato en su camino a la Jefatura de Gobierno. También que todos los gastos deben acreditarse con facturas y que las empresas no pueden aportar dinero, aunque sí los particulares con un máximo de 20 mil pesos.
| Afiches sin imprenteros
La dirigencia política, sin distinción de partidos, suele jactarse de la Ley de Financiamiento de campañas electorales porteña, pero resulta ser que no la cumple: ni los afiches de la Alianza ni los de Domingo Cavallo y Gustavo Beliz que aparecieron hasta el momento tienen la leyenda que indique dónde fueron impresos, como establece esa norma. �La propaganda gráfica en vía pública que los candidatos utilicen durante la campaña electoral debe contener sin excepción la identificación de la imprenta que la realice�, dispone en su artículo 4 la ley que regula los gastos y la duración del proselitismo en la Ciudad de Buenos Aires. Los legisladores fijaron esa obligación como una forma de acotar las campañas sucias con carteles anónimos. Es de suponer que los afiches que dicen IbarraFelgueras, Alianza los mandó a hacer la coalición y que en los que puede leerse �Cavallo-Beliz, ganó la ciudad� los encargó Encuentro por la Ciudad. Pero si los aliancistas y los ex ministros cumplieran con la ley, no quedaría ninguna duda. |
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opinion
Por Manuel Justo Gaggero * |
| El control privatizado
Hemos sido convocados por la Fundación Poder Ciudadano para suscribir, en la tarde de hoy, un acuerdo de colaboración para que esta entidad privada audite y controle el origen y el uso de los recursos que se destinen a la campaña electoral para las próximas elecciones en nuestra ciudad.
La aludida convocatoria nos sugiere algunas reflexiones e interrogantes. La primera es saber quiénes integran esta fundación. ¿Cuál es la razón para que una institución privada asuma la representación no delegada de nuestro pueblo y realice una tarea que le debería corresponder al Ombudsman de la ciudad? ¿Tendrá la suficiente independencia para denunciar el uso indebido de la publicidad oficial realizado por el candidato de la Alianza o la �inversión� que realizan las multinacionales, respaldando a un candidato que transfirió la deuda externa privada al Estado, durante la dictadura militar y enajenó nuestro patrimonio nacional, en su paso por el gobierno menemista?
Las respuestas nos remiten a analizar cuáles son las características de las llamadas �democracias modernas�; en las que se da una absoluta ausencia de participación popular pre y post voto. No hay mandatos concretos, ni juicios de responsabilidad, ni mecanismos de control. Se propicia la cultura de la impunidad, y, por ello, se reserva a una institución privada lo que debería ser una actividad de contralor popular. Se impone la sociedad del espectáculo, con su visión mediática de la política, convirtiendo al ciudadano en mero espectador, y a los �dirigentes� en actores de una realidad virtual, donde la palabra sustitye a la práctica social.
Es en este contexto que se inscribe este �acuerdo de colaboración�, que resulta, además, insuficiente, toda vez que no se trata sólo de �transparentar� el origen de los recursos, sino también de evitar la desmemoria. En este último plano resulta contrario a toda posibilidad de lograr una verdadera democracia de masas, que uno de los candidatos haya sido un destacado funcionario civil del gobierno militar de 1976-1983, que frecuentaba los despachos públicos mientras miles de compatriotas eran torturados y asesinados en los campos de exterminio.
Por ello, pensamos, que esta intervención de Poder Ciudadano, en lo que debería ser una actividad de contralor popular, profundiza la apatía y el proceso de �desocialización� de la política. De la misma forma como el olvido nos coloca en una peligrosa cornisa y consolida la impunidad.
* Candidato a Jefe de Gobierno por el Frente de la Resistencia. |
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