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Por Nora Veiras
La última propuesta de reorganización del área que pasó de
Educación a Presidencia, elevada por Caputo a Jefatura de Gabinete, preveía
la creación de tres coordinaciones equivalentes a subsecretarías:
Tecnología, Sociedad de la Información y Ciencia. El team de Rodolfo
Terragno no dio el visto bueno y entonces el ex canciller anunció la
supresión de la destinada a la ciencia. Justamente ese cargo era el que
ocuparía Albornoz. Esa decisión sumada a la declaración del titular de
la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, Guillermo Bluske,
quien había dicho que este año no habrá convocatoria de proyectos para
el Fondo para la Ciencia y la Tecnología (Foncyt) provocó el pase al
costado de Albornoz, quien continuará a cargo del Instituto de Ciencias
de la Universidad Nacional de Quilmes.
El Foncyt es uno de los pocos resquicios por donde los
investigadores pueden acceder a subsidios, si se cierra ese grifo la tarea
virtualmente se paraliza. El presupuesto del Conicet se redujo para este año
en alrededor de 15 millones de pesos. Ante el rechazo de los científicos,
la secretaría anunció en su página en Internet que la Agencia abrirá
la convocatoria para el Foncyt a partir de noviembre y hasta febrero del
2001. Sin embargo, el cronograma definido termina ratificando en los
hechos que este año no se otorgarán subsidios puesto que la evaluación
de las propuestas lleva por lo menos seis meses. Recién en
agosto/setiembre del 2001 se tendría la definición sobre los aprobados.
El área de Sociedad de la Información es la vedette de la gestión
Caputo. Habrían reasignado alrededor de 30 millones de pesos del crédito
de 140 millones otorgado --durante la gestión de Juan Carlos Del Bello--
por el Banco Interamericano de Desarrollo a la Agencia de Promoción Científica
para derivarlas a las iniciativas en Internet. El énfasis en el
intangible espacio virtual termina colisionando con proyectos similares de
la Jefatura de Gabinete, con el Programa de Conocimiento del
vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez y con el Programa de
Internet del Ministerio de Educación.
"Nadie puede oponerse al propósito de extender el uso de
Internet, sería como haber rechazado la expansión del ferrocarril en el
siglo pasado, pero una secretaría de ciencia no puede agotarse en
proyectos de infraestructura, tiene que volcar recursos para darle
contenidos propios a lo que circula por la red de redes, de lo contrario sólo
repetimos lo que viene de afuera", explican los aliancistas críticos
a la "no gestión" Caputo.
JOSE
AMORIN SE ALEJO POR UNA DENUNCIA JUDICIAL
Amorín
hizo referencia así a una denuncia radicada en el juzgado federal de
Carlos Liporace por "abuso de autoridad" y "violación de
los deberes de funcionario público". Se lo acusa de no haber
reintegrado al PAMI unos 27 mil dólares de una indemnización cobrada
hace más de cuatro años que debió haber devuelto para poder ser
nuevamente funcionario de la obra social.
En su defensa, Amorín dijo que su reincorporación al PAMI se
realizó a través de un contrato de locación de obras o servicios, una
modalidad que obvia
el pago de cualquier tipo de indemnización, bonificación, aguinaldo,
vacaciones y días por enfermedad. "Es como si me hubiese contratado
una empresa externa", dijo.
En sus tres meses de gestión Amorín había comandado las
negociaciones con la Federación de Geriátricos de la República
Argentina (Fegera), acusada por prestadores directos de quedarse con parte
del dinero que les correspondía por sus servicios. Los pagos pasaron
entonces a hacerse directamente a los dueños de los geriátricos ante
escribano público y así recuperaron cerca de un 20 por ciento que antes
se perdían en el camino de la intermediación. El funcionario renunciante
también tuvo a cargo la relación con los prestadores de servicios fúnebres
nucleados en Funeral Home --la gerenciadora a la que se vincula a
Barrionuevo-- y la preparación de los pliegos de licitación para el área.
Arslanian,
escudero de Alderete
Los abogados del ex titular de la obra social de los jubilados
sostienen en uno de los escritos que no es correcto hablar de asociación
ilícita, un delito que el Código Penal incluye en el grupo de aquellos
que afectan a la tranquilidad pública. Ese bien jurídico, plantean los
defensores, no estaría afectado por los hechos que le imputan a Alderete.
Admitirían, sin embargo, el cargo de administración fraudulenta, un
delito excarcelable.
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