Por Mariana Carbajal
�Los
políticos hacen propuestas para bajar el índice de delitos sin ningún
respaldo científico. Hablan en el aire. Aunque suene paradójico, en la
Argentina no hay investigación en criminología�, afirma el juez del
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20, Luis Fernando Niño, para quien
restituirle a la policía la facultad de interrogar sería como volver a
la época de la Inquisición. Niño tiene la intención de �devolverle
seriedad científica a las decisiones jurídico-penales y criminológicas�.
Para ello, acaba de crear una maestría en criminología, con un plantel
de reconocidos juristas y académicos de otras ramas de las ciencias
sociales, que comenzará sus clases en abril (ver aparte). Parece
insólito, pero en un país en el que la inseguridad y el aumento de la
delincuencia son uno de los principales problemas para la población y
encabezan la agenda política, no existe ninguna carrera de
especialización en la materia en ninguna universidad pública o privada.
Niño acumula 32 años en la Justicia. Empezó como empleado en el fuero
Correccional, fue juez de instrucción y desde 1993 ocupa una sillón en
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20. Se graduó en la UBA con diploma
de honor. En su curriculum figuran, además, una licenciatura en
Criminología y un doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca.
Analizar las �causas reales� de la delincuencia ha sido una de sus
mayores obsesiones. Cuando era un joven estudiante de abogacía creó con
otros dos compañeros de curso una fundación para darles una salida
alternativa a los menores en conflicto con la ley. Los sacaban de
institutos de detención como el Rocca y el Agote y los llevaban a vivir a
un pequeño hogar. �Muchos de esos pibes eran calificados por la
política oficial como violentos, irrecuperables o psicópatas perversos.
Sin otro control que el que puede ejercer una familia, hoy están
trabajando en empleos socialmente reconocidos�, se enorgullece como un
padre.
�¿Por qué no hay investigación en criminología?
�Una de las causas es que desde hace poco menos de veinte años no
existe ninguna especialización universitaria en criminología en el
país. La Facultad de Derecho de la UBA tenía una licenciatura hasta el
comienzo de la democracia en 1993. Cierto es que se caracterizaba por su
desactualización académica, pero en lugar de renovarla y darle el aporte
de la sociología y la comunicación social, se cerró. Como contrapartida
se creó como asignatura, es decir, una materia en la carrera de
Psicología, con lo cual se reafirmó el aspecto clínico del problema
criminológico, en vez de abordarlo desde una perspectiva más abarcativa
del problema social, como podría ser en las carreras de Sociología o
Derecho.
�¿Usted plantea que las propuestas para bajar la delincuencia que
enarbolan los políticos no tienen basamento científico?
�Los políticos hablan a favor o en contra de nuevas leyes y nadie puede
apoyarse en datos concretos. Todos, los que están a favor y los que
están en contra de una mayor represión, o de buscar alternativas a la
pena privativa de la libertad, hablan en el aire. Según su impronta
ideológica, dicen que hay que hacer una u otra cosa. Con la maestría
queremos devolverles seriedad científica a las decisiones
jurídico-penales y criminológicas.
�De acuerdo con las experiencias y las investigaciones en otros países,
¿cuáles considera que son los caminos para que haya menos delitos?
�No hay soluciones mágicas. Un paso esencial son las políticas
generales que tiendan al pleno empleo y a una distribución más racional
de las riquezas. Este es un flanco importantísimo, pero debe ir
acompañado por mayor presencia policial en la comunidad, que no significa
un control represivo sino una mejor integración de las fuerzas de
seguridad con la población.
�La Policía Federal argumenta que con el Código Procesal vigente no
tiene herramientas para combatir en forma eficiente el delito...
�No es cierto. Si se trabaja correctamente, el Código Procesal actual
brinda perfectamente los caminos para hacer una investigación a nivel
policial y judicial absolutamente eficaz. Sucede que es más fácil hacer
razzias en forma indiscriminada que realizar una tarea de investigación e
inteligencia previa. Siempre es más fácil tirar al bulto.
�Ahora, el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, quiere devolverle a
la Policía Federal la facultad de interrogar.
�No es necesario y no estoy de acuerdo. Si alguien tiene que interrogar
es el juez. Debemos buscar la manera de que un juez esté inmediatamente
en el lugar del hecho o que se traslade a los tribunales a un individuo
para que sea interrogado por el magistrado. No creo que sea tan difícil:
estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Así como hay un juez de
habeas corpus, podría haber uno que reciba en el momento, inmediatamente,
declaración a cualquier persona detenida.
�¿Por qué se opone a esta medida?
�No hay buen inquisidor que al mismo tiempo pueda ser buen juez. Si una
fuerza de seguridad es auxiliar de la Justicia en materia de
investigación de delitos, por su perfil profesional está interesada en
el descubrimiento de los delitos, y necesita de otra que esté interesada
en el control de las garantías constitucionales de los individuos. Si no,
se rompe el equilibrio y su tendencia será a investigar sin límites.
�¿Podría favorecer que se cometan excesos?
�En el fondo de estas dudas está, como última expresión, el apremio o
la severidad en el trato. Pero mucho antes que eso, en la medida en que no
exista un contralor efectivo jurisdiccional, se puedan dar situaciones de
presión tanto psicológicas como físicas. Es importante que tengamos en
cuenta que en la Inquisición la confesión era la probatio probatissima,
la prueba de todas las pruebas, porque era un sistema que avasallaba los
derechos del individuo en función de su rol de Justicia Santa. Pero en
una república no confesional el individuo tiene derechos y garantías que
no pueden ser avasallados.
�En la provincia de Buenos Aires, la facultad de interrogar ya le fue
devuelta a la policía, e incluso el gobernador Ruckauf pretende que la
declaración obtenida sirva como prueba para el juicio.
�Lo lamento por la seguridad jurídica de la gente de la provincia. No
lo digo por desconfiar de la policía, sino porque cada uno tiene que
atender su juego. Montesquiuieu nos hablaba de frenos y contrapesos como
el símbolo del equilibrio republicano. Si en esa república algunos
funcionarios están comprometidos con la investigación de delitos, otros
-en este caso, magistrados� tiene que estar comprometidos con el control
estricto de las garantías constitucionales.
�Ruckauf y otros políticos son partidarios de la �mano dura� como
única política para bajar la delincuencia, y toman como ejemplo a Nueva
York ¿Qué opina al respecto?
�En los Estados Unidos se colocó al alcalde Giulliani como un ejemplo
para la sociedad occidental. Pero lo que colaboró decisivamente para
bajar la tasa de criminalidad en Nueva York y en todos los Estados Unidos
es el sostenido crecimiento de la economía norteamericana y el pleno
empleo. No fue la �mano dura�. La �mano dura� sirvió para cometer
excesos como sodomizar a inmigrantes en alguna delegación policial. Donde
entra la fuerza, la razón sale por la ventana. Si aspiramos a vivir en
una república tenemos que dotar de racionalidad a todos los actos de
gobierno.
�¿Por qué, entonces, la �mano dura� está privilegiada en el
discurso político?
�Porque desde el punto de vista político es más fácil atacar los
efectos que las causas. Desde un punto de vista cívico, lo racional es
atacar las causas y no los efectos.
La maestría
La maestría en Criminología que codirigirá el juez Luis Niño
pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora, pero se dictará en una sede de la Capital Federal, en la
avenida Pueyrredón 510, piso 5º. El curso de posgrado está dirigido
a abogados, médicos, psiquiatras, licenciados en psicología,
sociología, ciencia política, ciencias de las educación, ciencias
de la comunicación social y trabajo social, entre otras disciplinas.
El plantel de docentes estará integrado, entre otros, por el juez
Horacio Cattani, el director de Política Criminal, Mariano
Ciafardini, los criminólogos Eugenio Zaffaroni y Elías Neuman, el
sociólogo Juan Pegoraro, el médico psiquiatra y jefe de Violencia
Familiar de la ex Casa Cuna, Norberto Garrote, el filósofo y
epistemólogo Enrique Marí y Niño. |
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