Por M. C.
 El acoso sexual llegó al gabinete del gobierno porteño. Después que Página/12 revelara los padecimientos que una empleada de la ciudad denunció en la Justicia tras sufrir durante tres años el hostigamiento sexual de un superior jerárquico en la Reserva Ecológica, el secretario de Medio Ambiente, Norberto La Porta, recibió a la mujer en su despacho y se comprometió a brindarle protección. El funcionario ofreció reubicarla en otro sector que ella elija de la Dirección de Espacios Verdes, según informó a este diario su abogado y esposo, Ernesto Dell�Ordine. No fue la única repercusión que tuvo el caso: la defensora del Pueblo adjunta, Diana Maffía, le envió a La Porta un pedido de informes al respecto y la diputada de la Alianza Margarita Stolbizer �acompañada por otras legisladoras del mismo bloque� presentó un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en las relaciones laborales y académicas. La iniciativa propone que el ofensor pague una indemnización reparatoria a la víctima.
En los fundamentos del proyecto, Stolbizer consideró �imprescindible garantizar su consideración a la brevedad�. De convertirse en ley, sancionaría como una �injuria laboral� el acoso sexual no sólo en el ámbito público sino también en el privado, donde hoy existe un vacío legal. La víctima podría optar entre preservar el empleo o considerarse despedida, y en ambos casos tendría derecho de reclamar una indemnización en la Justicia. El resarcimiento oscilaría entre un mes y un año de sueldo de la acosada. El proyecto hace �solidariamente responsable� al empleador de la indemnización que corresponda, cuando hubiese estado al tanto del hostigamiento y �no hubiera tomado las medidas necesarias para hacer cesar la conducta�.
La Porta recibió a Susana Salas el jueves último. Su abogado había solicitado la entrevista el 22 de febrero, pero sin éxito. Tras la publicación del caso en Página/12 el 5 de marzo, el funcionario accedió a escuchar a la mujer. Susana tiene 47 años y más de dos décadas de antigüedad en la administración pública. El secretario de Medio Ambiente prometió averiguar el estado del sumario administrativo iniciado contra el presunto acosador, que continúa trabajando en el gobierno porteño. �Aunque trasladarla no es lo que corresponde, porque ella es la denunciante, de todas formas quedamos conformes con la reunión�, dijo el abogado Dell�Ordine.
En una denuncia iniciada por la Defensoría del Pueblo, Susana acusó a su superior en la Reserva Ecológica de acosarla sexualmente, amenazarla para que no revele esa situación y generarle �lesiones� psíquicas �graves� con su conducta. El denunciado es Jorge Cutule, quien estaba a cargo de la Reserva sábados, domingos y feriados, días en los que Susana trabajaba como empleada administrativa. La causa tramita en el juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 29. Según atestiguó casi una docena de compañeros de Susana, Cutule comenzó a acosarla en 1997, con comentarios sexuales y su actitud fue subiendo de tono, hasta que intentó violarla. El hostigamiento le desencadenó una profunda depresión, de acuerdo con pericias médicas, y tuvo varios intentos de suicidio. Estuvo con licencia desde el 23 de mayo de 1998 hasta el 27 de noviembre último.
Al reintegrarse al trabajo, la mujer fue trasladada a una oficina de la Dirección de Espacios Verdes ubicada a sólo 500 metros de la Reserva. La cercanía con su anterior infierno la desestabilizó nuevamente. La asignaron, entonces, al Servicio de Guardianes, adonde también reubicaron a su presunto acosador. A ella la enviaron al Parque Indoamericano, y a él al Parque General Paz, ambos en el sur de la ciudad. El 19 de febrero, Susana fue agredida por un desconocido y amenazada para que no continúe con la demanda. El hecho fue denunciado en la comisaría Nº 36 y es investigado por el juez en lo Criminal de Instrucción Mauricio Zamudio. La Porta le prometió a Susana devolverle su grado de administrativa, y reasignarla adonde ella elija.
LA INUNDACION DESTRUYO LAS BARRERAS EN SANTIAGO
El agua más fuerte que las defensas
Un tercio de las provincias argentinas continuaba ayer bajo el agua. Los panoramas más complicados se presentaban en las provincias de Santiago del Estero y Córdoba. En la primera, el desborde de los ríos Dulce y Salado obligó a evacuar a 600 personas que se suman a las 15 mil que ya habían debido abandonar sus casas hasta el lunes. En Córdoba, la inundación originó una crisis energética y de suministro de agua potable, que obligó al gobierno a suspender las clases en la capital y en varias localidades del departamento de Colón. En el resto de las provincias afectadas, las buenas condiciones climáticas favorecieron un descenso del nivel de agua.
De poco sirvieron las defensas construidas en la ciudad de Santiago del Estero para contener el caudal de los ríos Dulce y Salado. Ayer, la presión del agua destruyó todas las barreras artificiales y avanzó sin obstáculos sobre la ciudad. Los barrios periféricos fueron los más afectados. La situación también es crítica en el interior de la provincia. En particular, los departamentos de las zonas sur y centro. Los productores agropecuarios estiman haber perdido un 60 por ciento de su producción. El gobierno provincial pidió a la Nación más de 6 millones de pesos para reparar viviendas y obras viales e hídricas afectadas por las inundaciones. Mientras tanto, el ministro de Infraestructura de la Nación, Nicolás Gallo, quien sobrevoló ayer la zona afectada, anticipó que su cartera brindará ayuda económica para encarar las obras de reconstrucción.
En Córdoba, la lluvia del lunes anegó la capital provincial y localidades como La Calera y Villa Allende, provocó dos muertes y determinó la evacuación de 1500 personas. Ayer, el fenómeno ambiental tuvo una nueva consecuencia: dejó a varias ciudades sin energía eléctrica ni agua potable. Ante esta situación, el gobierno provincial dispuso la suspensión de las clases hasta el lunes en las localidades más afectadas.
En Tucumán, en cambio, la situación adversa comenzó a revertirse. En La Madrid, por ejemplo, una de las localidades que había quedado totalmente sumergida, �la gente ha comenzado a volver a sus hogares�, de acuerdo a lo que señaló a Página/12 Gerardo Artaza, secretario de Gobierno del Departamento de Graneros, adonde pertenece La Madrid. De todas maneras, el funcionario advirtió que �las comunicaciones viales están difíciles porque hay rutas cortadas, como la ruta 157, a la que se le debió hacer dos cortes�.
Un freno a obras en Retiro
Por Julio Nudler
Los colectiveros de Cometrans dejaron días pasados el volante por la brocha. Tenían algo urgente que hacer: tapar con pintura blanca el logo de Telefónica, dibujado en la valla con la que habían bloqueado el acceso a la Sala de Espera de Señoras de la estación terminal del Mitre en Retiro. Como se anunciaba en la empalizada azul, el salón que durante casi un siglo había estado destinado a las mujeres �baños incluidos� sería transformado en un nuevo locutorio telefónico, con fines comerciales. Sin embargo, después de que Página/12 denunciara el lunes de la semana pasada la usurpación de ese espacio público, el Enabief, ente estatal que administra los bienes ferroviarios, ordenó a Cometrans paralizar las obras.
Esta empresa �que a su vez controla Trenes de Buenos Aires, que opera las líneas Mitre y Sarmiento� logró la concesión para explotar la enorme estación central, con un contrato firmado sobre la hora, en diciembre último. El 16 de febrero presentó el proyecto detallado de las transformaciones, pero, según los responsables del Enabief, inició los trabajos sin aguardar la autorización del organismo. Fuentes de éste aseguran que ya habían intimado a Cometrans, sin recibir respuesta.
Finalmente el Enabief resolvió ponerse firme, y ordenó incluso la remoción de cuatro maxikioscos móviles que los colectiveros instalaron en diferentes puntos del hall. De todas formas, la sala de señoras ya sufrió destrozos y es improbable que vuelva a cumplir su función. Tiene, por supuesto, la desventaja de que en su interior no se vendía nada.
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