 El
debate sobre seguridad ciudadana se parece cada vez más a un show de
vaivenes y desmentidas, que alcanzó al propio presidente de la Nación: a
través de un comunicado, Fernando de la Rúa desmintió ayer �publicaciones
según las cuales no se quiere dar más facultades a la Policía, en su
tarea de investigación, o que se hayan desestimado iniciativas de
diversas áreas del gobierno� en ese sentido. El comunicado tiene
membrete de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia,
pero llegó a esta redacción desde la Secretaría de Seguridad, cuyo
titular, Enrique Mathov, había pedido más poder para la Federal y fue
virtualmente desairado por el Presidente con una sola frase: �La
policía ya tiene atribuciones suficientes�. Según el mismo comunicado,
De la Rúa instruyó ahora a su equipo para que estudie, entre otras
modificaciones, �la facultad policial de un interrogatorio de
orientación al momento de la detención�.
El domingo, Mathov propuso otorgarle a la Policía Federal mayores
atribuciones para poder interrogar a los sospechosos al ser aprehendidos
en el lugar del hecho y requisar personas o vehículos sin autorización
judicial. El reclamo respondía a una demanda del jefe de la fuerza,
comisario Rubén Santos.
El martes, tras un acto público en Villa Soldati, De la Rúa bajó el
tono de esa propuesta. �Lo que hace falta es más acción de prevención�,
agregó el Presidente, aunque no descartó la posibilidad de reformas para
�subsanar� deficiencias en las leyes. Según publicaron La Nación y
Página/12, con esas palabras se desestimaba la propuesta de Mathov.
Ayer, el Presidente se reunió con el ministro de Justicia, Ricardo Gil
Lavedra, a quien instruyó para que �inicie una ronda de consultas con
jueces, fiscales y fuerzas de seguridad para efectuar reformas procesales
tendientes a dar respuesta a los reclamos de seguridad de la ciudadanía�,
según confirmaron a este diario voceros del ministro.
Según la misma fuente, la instrucción presidencial no se desvía de la
política en materia criminal que viene elaborando Gil Lavedra:
restricción a las excarcelaciones en los casos de delitos con armas,
mayor énfasis en las tareas de prevención, aceleración de los procesos
judiciales y mejoras en el sistema penitenciario. En la agenda, sostuvo la
fuente, no estuvo el tema de las mayores atribuciones policiales, aspecto
que para el ministro de Justicia �no es central� en el combate contra
el delito.
El comunicado que llegó a este diario sostiene que las instrucciones
presidenciales para estudiar propuestas no sólo abarcaron a Gil Lavedra
sino a Mathov. El secretario de Seguridad dijo a Página/12 que no se
entrevistó con De la Rúa sino que se comunicó telefónicamente con él.
�¿Usted le pidió una aclaración sobre lo que él había dicho un día
antes?
�Ni se me pasaría por la cabeza.
En el mismo enredo había quedado envuelto el candidato a jefe de Gobierno
de la Alianza, Aníbal Ibarra, quien el martes tuvo que salir a aclarar
que no había dicho, tal como publicaron todos los medios, que apoyaba la
propuesta para otorgar más atribuciones a la policía. Ayer reiteró que
no está a favor del interrogatorio policial en la detención: �Las
declaraciones son judiciales, según lo establecen las leyes�, aseguró.
BRINZONI OFRECIO UNIDADES
PARA USAR COMO CARCELES
Bullrich en busca de cuarteles
La secretaria de
Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, visitó
ayer al jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni. El temario
de la reunión fue concreto: el militar ofreció a la funcionaria la
utilización de una serie de cuarteles desocupados como cárceles de
regímenes abiertos, como lo son los de baja seguridad y de
autodisciplina. La superpoblación actual en el sistema federal de
penitenciarías está calculada en unos 3 mil internos, y las autoridades
aseguran que alrededor de 600 pertenecen a regímenes abiertos pero por
falta de espacio se encuentran alojados en cárceles cerradas. Los
cuarteles que más interesaron a Bullrich son unos siete u ocho, ubicados
en el interior del país.
La reunión se mantuvo en la sede del Ejército, el edificio Libertador.
Brinzoni ofreció una lista de cuarteles en desuso y Bullrich seleccionó
los que más le interesaban: en principio, la lista estuvo compuesta por
los cuarteles ubicados en Corrientes �Curuzú Cuatiá y la capital�;
La Paz, provincia de Entre Ríos; Las Lajas, Neuquén; Santa Fe; Tucumán
y Catamarca. Según la funcionaria, la iniciativa forma parte de la �redefinición
de la política penitenciaria a nivel nacional. Los cuarteles funcionarán
como cárceles de criterio abierto, como las de baja seguridad y las de
autodisciplina.�
�Se trata de encontrar algunos mecanismos que puedan contribuir a
solucionar el grave problema que vive el país en su estructura carcelaria�,
señaló Brinzoni. El militar negó que entre las posibilidades se haya
barajado algún sector de Campo de Mayo. �No está disponible para otra
actividad que no sea la militar. Allí tenemos escuelas y actividad
operacional. Es un predio de gran importancia para el Ejército�,
sostuvo.
Por su parte, Bullrich explicó que una comisión formada por expertos del
Ejército y profesionales �especializados en arquitectura penitenciaria�
se trasladará a los lugares para evaluar el estado de las instalaciones.
�En unos quince días creo que vamos a estar en condiciones de responder
con certeza cuáles elegimos. Estamos buscando lugares que cubran toda la
geografía del país para que los internos estén cerca de los lugares
donde están siendo juzgados o donde tienen el domicilio. La idea no es
desarraigarlos como lo hacía el antiguo concepto de enviarlos a la
cárcel de Ushuauaia.� Según Bullrich, de los 3000 presos que exceden
la capacidad actual del Servicio Penitenciario Federal, �alrededor de
600 están en condiciones de ser alojados en lugares más abiertos, pero
por falta de instalaciones adecuadas los tenemos en lugares cerrados.
Quizás en algunos de los cuarteles se puedan poner alambres perimetrales
que sirvan para mediana seguridad�.
�Querían que fuera
el motín más largo�
La decimosexta
jornada del juicio a los Doce Apóstoles por el motín de Sierra Chica
entró ayer en una zona tenebrosa cuando llegó el turno a los peritos
Jorge Tonelli y Gerardo Chiodetti. Los dos especialistas relataron que el
horno de la panadería en el que habían sido quemados siete internos
durante el motín, �había sido adecuado especialmente� y que los
cuerpos �fueron fraccionados� para luego someterlos a temperaturas �mayores
a los 850 grados�. También declaró la diputada María del Carmen
Falbo, que era secretaria de Justicia durante la revuelta carcelaria. �(Marcelo)
Brandán no quiso deponer su actitud porque quería que fuera el motín
más largo de la historia�, sostuvo la legisladora.
Falbo, quien participó en las negociaciones con los amotinados, relató
que �teníamos lista un acta para lograr el traslado de los internos que
así lo solicitaran y nos comprometimos a resguardar su seguridad física�.
Pero luego agregó que �Marcelo Brandán, Jorge Pedraza y Miguel Angel
Acevedo eran los líderes. Brandán no quería levantar la revuelta porque
quería batir el record del motín más largo�. También señaló que
habían pedido armas y helicópteros, imitando una fuga que había
ocurrido pocos días antes en una cárcel de Brasil. La actual diputada
bonaerense aseguró que �a través de los familiares, nos llegaban los
comentarios de que mataban presos y que se los daban de comer a otros
internos y nos decían, por ejemplo, que Agapito (Lencina) había �salido
con fritas� y que lo habían hecho comida�.
Al mencionar a Brandán, Falbo sostuvo que �se encontraba en muy mal
estado, no podía mantener el equilibrio, y se le trababa la lengua
mientras decía �nos queremos pirar a la brasileña��. Pero cuando
las autoridades decidieron rechazar el pedido de armas y helicópteros �se
cortó el diálogo. Sólo pudimos recuperarlo a través del
interlocutor-preso Germán Belizan Sarmiento, quien nos aclaró que las
tratativas iban a ser muy difíciles porque �estos pibes no tienen
códigos��, finalizó la ex funcionaria.
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