Por Fernando Cibeira
 La Ley de Emergencia Económica que se tratará en Diputados �ayer la oposición decidió no dar quórum� le servirá al Gobierno para resolver un problema que desde el 10 de diciembre enrarece el clima de algunos ministerios. Básicamente, se trata de encontrar la forma de quitar del medio a algunos directores nacionales �el primer escalafón luego de los subsecretarios� heredados del menemismo que, aseguran, llegaron a sus cargos gracias a concursos amañados. Cuando sea aprobada la ley que quiere la Alianza, la Emergencia Económica pondrá en disponibilidad a los tres niveles superiores del sector público, poco más de 1200 funcionarios. Como para darle nuevos argumentos a Carlos Menem, quien en la reunión final de su gabinete de las luces denunció que a sus funcionarios se los discriminaba y perseguía.
El lamento fue similar en cada cartera a medida que los hombres de la Alianza se iban enterando de lo que se les dejaba. Muchos directores nacionales aceptaron las sugerencias de las nuevas autoridades: agacharon la cabeza y presentaron la renuncia. Pero algunos otros no y resolvieron atrincherarse en sus despachos escudados en el poderoso argumento de haber llegado a sus cargos a través de los concursos realizados por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa). Y que, por tanto, su estabilidad quedaba resguardada por la Ley de Empleo.
�El objetivo de la ley es que el Gobierno pueda hacer un nuevo proceso de selección en la primera línea gubernamental�, explicó el subsecretario de la Gestión Pública, Leandro Popik, uno de los funcionarios que fue al Congreso a explicar el proyecto y debió esquivar los embates de los legisladores justicialistas. Sobre la legitimidad de los concursos que aprobaron los empleados que serán desplazados, sostuvo que �hay casos en los que se eligió con un criterio arbitrario�.
Los funcionarios aliancistas se sintieron desde diciembre �durmiendo con el enemigo�, pared con pared con personas a las que no les tienen ninguna confianza. Para colmo, como el nuevo organigrama estatal eliminó varias secretarías y subsecretarías, muchas direcciones nacionales asumieron funciones ampliadas. Por eso idearon una forma elegante de despejar el camino a través de la Emergencia, que si bien no sirve para despedir a los cuestionados, sí les quitará funciones y tal vez los convenza de acogerse a un retiro voluntario. Perder las funciones no es gratis: sus haberes pasan de 5800 a alrededor de 2500 pesos. Hay casos en cada ministerio.
u Por ejemplo, en Interior todavía conserva su puesto de director nacional de Población Omar El Kadri. El joven El Kadri supo militar en la misma línea interna del PJ porteño que Carlos Corach. Los aliancistas sumaron dos más dos y sostienen que El Kadri consiguió su puesto gracias a un concurso a medida que le armó Corach.
Quien está a cargo del área, el subsecretario de Interior, César Martucci, buscó correrlo de variadas formas, sin resultado. Martucci no esperó la Emergencia Económica y resolvió expeditivamente. Destinó a El Kadri a un escondido despacho del quinto piso del edificio que el ministerio ocupa sobre 25 de Mayo y creó una nueva dirección �denominada de Investigación Política y Desarrollo Demográfico� que tomó las funciones de la vieja Población.
u Otro caso. En la Secretaría de Seguridad el periodista Juan Carlos Tórtora es director de Asuntos Técnicos de Seguridad. Quienes lo conocen bien sostienen que la principal especialidad de Tórtora es armar campañas sucias y recuerdan que durante el gobierno de Alfonsín fue un entusiasta defensor de las rebeliones carapintada. Además, mantiene una relación personal de años con el ex almirante Emilio Eduardo Massera. Con semejante expediente detrás, en la Secretaría de Seguridad murmuran que la inquietante presencia de Tórtora los obliga a comportarse de modo paranoico. Tratan de no hablar mucho por teléfono y no levantan la voz si discuten algún tema importante en sus despachos.
La Ley de Emergencia que impulsa la Alianza establece que los funcionarios que sean puestos en disponibilidad, en caso de no ser ratificados, tendrán seis meses para decidirse a percibir su indemnización. En caso de no hacer uso de la opción, seguirán cobrando el sueldo básico, esperando su remoción. Según el lento sistema previsto por ley, el proceso para removerlos dura no menos de tres años. Sus reemplazantes se designarán por concursos que, desde la óptica aliancista, serán limpios, aunque la selección la hará el mismo Sinapa que siempre.
| �Extorsión cavallista�
El presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, aseguró que el cavallismo intentó �extorsionar� al oficialismo, ofreciendo sus diputados para debatir la Emergencia Económica a cambio de favores políticos. �El bloque de Acción por la República intentó una verdadera extorsión con la Alianza, ofreciendo siete diputados presentes para favorecer el número a cambio de un lugar en la comisión investigadora de la AMIA. Como no aceptamos, se levantaron y se fueron�, dijo. El jefe del bloque de AR, Guillermo Francos, no lo desmintió del todo. �Lejos de hablar de extorsión habría que hablar de discriminación, porque han retirado de la comisión de la AMIA a uno de nuestros mejores hombres�, respondió. |
EL INTERVENTOR MESTRE SE REUNIO CON MACHINEA Y STORANI
Todos unidos contra �Tato�
Por J. N.
El interventor de Corrientes, Ramón Mestre, se reunió ayer con José Luis Machinea y Federico Storani. Durante el encuentro, los funcionarios conversaron sobre la refinanciación de la deuda de la provincia y terminaron de cerrar la decisión de prorrogar la intervención. Hubo un tema que no se trató, pero que sobrevoló la reunión y que el gobierno nacional viene siguiendo de cerca: la posibilidad de que a mediano plazo la Alianza y el PJ correntinos lleguen a un acuerdo político para enfrentar juntos al partido del caudillo local, Raúl �Tato� Romero Feris, quien está detenido en dependencias de la Gendarmería correntina acusado de malversación de fondos.
La reunión se desarrolló por la tarde en la Casa de Gobierno. Además de Mestre, Machinea y Storani, que recién había llegado de España, participaron el secretario de Coordinación Económica, Miguel Bein, y el de Provincias, Walter Ceballos. Mestre expuso algunas mejoras que se registraron en los números de la provincia. Recordó que en diciembre del año pasado, cuando asumió la intervención, Corrientes gastaba unos 38 millones de pesos por mes y recaudaba apenas 3.800.000. Actualmente la recaudación casi se duplicó �hoy ingresan 6 millones� y los gastos se redujeron a unos 30 millones de pesos. Pero lo más grave es que Corrientes acumula una deuda que supera los 1500 millones de pesos, por lo que tiene embargado el 51 por ciento de la coparticipación. En el encuentro, Mestre y Machinea comenzaron a analizar la posibilidad de refinanciar la enorme deuda, con lo que Corrientes se sumaría a otras siete provincias que ya llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional.
El otro tema de la reunión tiene que ver con los plazos de la intervención. El 15 de diciembre del año pasado, el Congreso aprobó la ley que establecía un período de 6 meses que podría extenderse a un año. Los funcionarios terminaron de decidir ayer que utilizarán la prórroga hasta diciembre. Sin embargo, uno de los asistentes aseguró a Página/12 que con este tiempo no alcanza. �Necesitamos más tiempo para recomponer el sistema institucional y la situación financiera. Por lo menos hasta mediados o fin del año que viene�, aseguró. De esta manera, las elecciones para gobernador se realizarían en diciembre del 2001, en simultáneo con los comicios para senador nacional.
En el gobierno nacional aseguran que para ese entonces ya podrá haber madurado un acuerdo entre la Alianza y el PJ para enfrentar a Raúl �Tato� Romero Feris. Aunque en el Ministerio del Interior aseguran que aún es prematuro, los dirigentes del PJ correntino ya elaboraron un eventual esquema electoral: el justicialismo, que en Corrientes supera en votos a la Alianza, designaría al candidato a gobernador, en tanto que la coalición se quedaría con la candidatura a primer senador nacional.
|
