Por Felipe Yapur
 Alberto
Pierri fue hasta el 10 de diciembre de 1999 el titular de la Cámara baja.
Desde febrero de 1998 hasta que abandonó su cargo, recibió de la
Justicia federal seis solicitudes para que envíe la declaración jurada
que Antonio Bussi entregó en 1994 al Parlamento, cuando fue diputado
nacional. Sin embargo, la declaración jurada nunca fue remitida para ser
utilizada en las causas que se instruyen en contra del ex gobernador
tucumano, luego de que se confirmara la existencia de cuentas bancarias en
el extranjero a nombre del militar. Por eso, la semana que viene el
diputado aliancista Jorge Rivas presentará una cuestión de privilegio
para que se determine si el ex hombre fuerte de La Matanza merece alguna
sanción �por no haber cumplido con los requerimientos judiciales�.
Por otra parte denunciará penalmente a Pierri por encubrimiento, abuso de
autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El 18 de febrero de 1998, cinco días después de que la fiscal suiza
Carla Del Ponte confirmara la existencia de cuentas bancarias a nombre de
Bussi en bancos de ese país, el Parlamento en pleno decidió abrir la
declaración jurada que el militar entregó cuando era diputado. Los
diputados determinaron que Bussi no había consignado sus ahorros en el
exterior. Esto derivó en la apertura de dos causas, una por falsedad
ideológica de instrumento público, y otra por enriquecimiento ilícito.
Para el primer caso la declaración de Bussi es fundamental. Pero desde
que llegó el primer pedido al despacho del titular de Diputados, el 19 de
febrero de 1998, éste nunca respondió y �de manera ostensible �como
sostiene el diputado Rivas� Pierri dilató la respuesta durante dos
años�. Rivas sostiene que la estrategia de Pierri para evitar una
respuesta a los requerimientos judiciales fue la de valerse de la
intrincada burocracia estatal. En primer lugar, remitió el pedido a
diferentes secretarías de la Cámara. En todas ellas la respuesta era
prácticamente la misma: la declaración jurada se abre a solicitud del
interesado o con el voto afirmativo de las dos terceras partes de la
Cámara baja.
Mientras cada secretaría se tomaba su tiempo para estudiar el caso, en el
despacho de Pierri se acumulaban los reiterados pedidos del juez tucumano
Ricardo Maturana, el del fiscal Paulo Starc, el de la entonces legisladora
tucumana y presidente de la Comisión de Juicio Político, Malvina Seguí
y el del fiscal tucumano Carlos Albaca. Un detalle que demuestra la poca
voluntad para satisfacer los pedidos judiciales que le llegaban a Pierri,
es que los requerimientos de Maturana exigían que la respuesta se enviara
en 48 horas.
Otro dato para tener en cuenta: entre febrero y mayo del �98, Bussi
enfrentó además un juicio político. Sus abogados defensores solicitaron
también una copia de esa declaración jurada. Nunca obtuvieron respuesta.
Pasó el tiempo, dos años exactos, elecciones presidenciales y cambio de
gobierno mediante. Fue entonces que el 14 de febrero pasado se presentó
ante la Cámara el hijo del militar, el diputado Ricardo Bussi. El
vástago solicitó que la declaración se abriera para determinar dónde
la había fechado su padre. En principio, con este procedimiento se
determinaba si Maturana tenía jurisdicción en la causa por falsedad
ideológica. La decisión, sin duda, sorprendió a las nuevas autoridades
de la Cámara, pero poco después se develó el misterio. �Aceptó abrir
su declaración porque sabe que ésta caduca a los 6 años, por lo tanto
no puede ser utilizada para determinar que falseó el instrumento público
cuando omitió sus dineros en el extranjero. Bussi delinquió al
confeccionar su declaración jurada, y ese delito, tal como los otros
muchos y terribles que cometió, quedará impune�, se quejó Rivas quien
agregó que �si la Cámara no procede a investigar a fondo la conducta
de quien fuera su presidente, las mismas sospechas que hoy pesan sobre
Pierri, pesarán sobre cada uno de los integrantes del cuerpo�.
JUAN CARLOS CATTANEO Y LA
MUERTE DE SU HERMANO
El juez quiere hacerle unas
preguntas
Por L.V.
Juan Carlos
Cattáneo, el ex subsecretario general de la Presidencia, fue llamado a
declarar en la causa en la que se investiga la muerte de su hermano
Marcelo. Cattáneo deberá testimoniar la semana que viene ante el juez en
lo Criminal y Correccional Mariano Bergés. El ex subsecretario, que fue
la mano derecha de Alberto Kohan y en noviembre del �98 quedó procesado
por cohecho en la causa IBM-Banco Nación, ya había sido interrogado en
relación al supuesto suicidio de Marcelo cuando la pesquisa estaba en
manos de otro magistrado, pero los investigadores consideran que entonces
se le preguntó poco y nada. �Básicamente, no sabemos qué pasó entre
los hermanos luego de que estalló el escándalo de IBM�, resumió una
fuente con acceso al expediente.
Marcelo Cattáneo fue encontrado ahorcado en una casilla de Ciudad
Universitaria el domingo 4 de octubre de 1998. Al igual que Juan Carlos,
estaba siendo investigado por el pago de sobornos en la firma del contrato
entre IBM y el Banco Nación. Meses antes de su muerte, Marcelo había
sido señalado por los ex directivos del Nación Alfredo Aldaco y Genaro
Contartese como la persona que había ofrecido las coimas. El empresario
negó las acusaciones ante la Justicia y entregó a diputados del
cavallismo documentos que apuntaban hacia Juan Carlos como pieza clave de
la maniobra. Se sabe, además, que la relación entre ambos había quedado
resentida desde que estalló el caso y que en el último año
prácticamente no se veían.
La investigación sobre el supuesto suicidio acumula 20 cuerpos y muchas
zonas oscuras. Todavía es un misterio qué hizo Cattáneo en los cuatro
días previos a su muerte. Una sucesión de torpezas y omisiones
acompañaron toda la pesquisa; entre otras cosas, el lugar donde apareció
ahorcado fue pisoteado por policías y curiosos y así se borraron rastros
fundamentales. Nadie se preocupó por levantar los últimos mensajes que
Cattáneo recibió en su celular, que se borraron automáticamente. Dos
testigos contaron que la hija del empresario fue filmada por desconocidos
horas antes de que apareciera muerto, y sus familiares revelaron que
recibieron extrañas llamadas telefónicas. Su viuda, Silvina de la Rúa,
volvió a declarar hace dos semanas e insistió en que descree que su
marido se haya quitado la vida por propia voluntad.
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