Por Cledis Candelaresi
 Aerolíneas
Argentinas renovó ayer autoridades en el medio de una profunda crisis:
técnicamente quebrada, con la necesidad de una inyección de fondos
frescos no inferior a 200 millones para poder seguir operando, y con el
compromiso de iniciar una investigación sobre sus gerentes por deficiente
administración. Los pesares y la descomposición de la empresa
privatizada se agudizan vertiginosamente. Los dos directores destituidos a
comienzos de febrero �hombres de American Airlines que ayer fueron
reemplazados� demandaron judicialmente a la compañía y a cada miembro
del directorio por un total de 4,5 millones de dólares, como
resarcimiento por la anulación anticipada de su contrato. Los problemas
de caja, en tanto, anticiparon la amortización de un crédito de 100
millones de pesos con el que el Citibank la auxilió en el invierno
pasado.
La asamblea de ayer despertó en el medio aeronáutico una expectativa
exagerada en relación con lo que finalmente ocurrió. Los temas más
sensibles, como la aprobación de la gestión del directorio anterior y el
balance cerrado el 31 de diciembre, quedaron postergados para la reunión
anual ordinaria, que podría tener lugar en mayo. El cónclave sólo
sirvió para formalizar la designación de un nuevo director por parte del
Estado, y otro por los accionistas, quienes, junto a los diez restantes,
terminarán su mandato a fin de abril.
Uno de los expresos objetivos de la convocatoria era renovar parcialmente
el directorio, del que fueron excluidos Diego Couzinio y David Cash (uno
titular y el otro suplente), cuando American se apartó del manejo de la
compañía. Esta destitución fue resuelta en una decisiva reunión de
directorio del 1º de febrero, en la que también se dispuso realizar una
auditoría para aclarar las cuentas de la empresa y estudiar la
posibilidad de iniciar alguna �acción de responsabilidad� contra los
gerentes responsables de los presuntos desmajenos económicos de la
compañía.
Una de las operaciones sobre las que los auditores pondrán la mira es
sobre el crédito del Citi, solicitado en julio por el management de
American. Ese préstamo fue otorgado a siete años, ligado a ciertas
condiciones de facturación y operatividad de la empresa (por ejemplo:
rutas cubiertas). Si Aerolíneas no las cumple, como de hecho ocurrió, se
activa un mecanismo de cancelación anticipada, por el cual el plazo de
amortización se reduce a sólo dos años.
Para evitar el estrangulamiento de sus cuentas, AA está forzada a
renegociar con el Citi, del mismo modo que debería hacerlo con los
fabricantes de aviones Air Bus y Mc Donnel Douglas, que se encuentran
entre sus principales acreedores.
La deuda total de la empresa que lidera la SEPI �Sociedad Española de
Participaciones Industriales� supera los 800 millones de pesos y, si no
se materializara un aporte irrevocable de 382 millones comprometido, su
patrimonio sería negativo, por un monto cercano a los 200 millones de
pesos. Exactamente la suma que la Secretaría de Transporte considera
imprescindible para que la empresa siga operando.
En este contexto, el recambio de autoridades que se producirá en dos
meses no será una cuestión sencilla. Julio Semería, director por los
trabajadores (que tienen el 10 por ciento del paquete accionario por el
Programa de Propiedad Participada), se dispone a abandonar su cargo para
ocupar otro en el Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Este director fue propuesto por los pilotos y, posiblemente, su reemplazo
podría dar lugar a una pugna entre los gremios del sector.
Pero la perspectiva de la historia de Aerolíneas puede cambiar
drásticamente a partir del 31 de marzo, fecha en la que la SEPI
presentaría su plan rector para salvar a la compañía de la debacle. El
gobierno argentino espera con ansias ese programa, que aceptará gustoso
en la medida que entrañe el compromiso ibérico de aportar dinero fresco
y, al mismo tiempo, evite al argentino la obligación de desembolsar
fondosfrescos. De lo contrario, la tradicional línea de bandera estaría
condenada a la quiebra, y la Secretaría de Transporte buscaría otro
operador del mercado para conferirle el status de aerolínea de bandera.
EL MINISTERIO DEL INTERIOR
AHORA COMPRA MAS BARATO
Los sobreprecios de Corach
El Ministerio del
Interior, conducido por Federico Storani, se apresuró a aclarar que la
repartición ya no paga los astronómicos sobreprecios que se abonaban en
las compras y contrataciones durante la gestión de Carlos Corach.
Página/12 publicó el martes que, entre enero y febrero, la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) había objetado varias adjudicaciones
directas o licitaciones realizadas por distintas reparticiones públicas
porque los precios presupuestados superaban largamente los valores de
referencia (precios testigo) elaborados por el organismo de control.
En el caso específico de Interior, planeaba adquirir artículos de
librería por un valor de 76 mil pesos, pero la SIGEN fijó el monto de
dicha compra en 59 mil pesos, un 23 por ciento menos.
Sin embargo, Rubén Torres, subsecretario de Coordinación del ministerio,
explicó que �en la nota enviada a la SIGEN se consignaron los precios
pagados por la adminstración anterior (Corach), que como eran
considerados muy altos se decidió solicitar precios testigos a la SIGEN.
Por el monto de la compra esto no es obligatorio. Pero igualmente se
decidió pedir la referencia�, afirmó.
Según cuentan los hombres de Storani, �el equipo de compras de Interior
pidió rebaja a los numerosos proveedores a los que se invitó a
participar de un concurso de precios�. Y el resultado fue que las
compras se adjudicaron por un monto de 54 mil pesos, �un promedio
inferior al 10 por ciento del precio testigo�. De otro modo, si se
compara el precio conseguido por la gestión Storani por los mencionados
artículos de librería y los facturados por Corach, la conclusión es
simple: durante la administración del funcionario menemista en este ítem
de librería se pagaron el año pasado sobreprecios del 40 por ciento. El
sobreprecio es �moderado�, si se tiene en cuenta otros puntos oscuros
que detectó la SIGEN de la gestión Corach. Por ejemplo, el año pasado,
Interior compró una fotocopiadora por un valor de 80.231 pesos, lo que
significó haber pagado un sobreprecio del 280 por ciento en relación al
valor de referencia fijado por el organismo de control.
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