Página/12 en Perú
Por Carlos Noriega
Desde Lima
 Acosado
por el creciente escándalo de la falsificación de más de un millón de
firmas para inscribir su candidatura presidencial, puesto en el banquillo
de los acusados por la comunidad internacional a causa de las graves
irregularidades que enturbian hasta el límite de ilegitimar las
elecciones del nueve de abril y, desde hace unos días, preocupado por el
espectacular e inesperado crecimiento del candidato Alejandro Toledo (con
el 25 por ciento de la intención de foto), el presidente Alberto Fujimori
(que aún retiene un 39 por ciento de intención de voto) no ha tenido
más remedio que sacrificar a algunos de sus colaboradores para tratar de
calmar las denuncias de fraude electoral y buscar salir del estancamiento
en las encuestas en el que se encuentra. Las cabezas que han rodado han
sido las de los candidatos a parlamentarios Daniel Chuan, nominal
secretario general del fantasmal Movimiento Independiente Perú 2000,
autor de la masiva falsificación de firmas, y el actual congresista Oscar
Medelius, también involucrado en esa falsificación.
Aunque desde el oficialismo se ha buscado descargar toda la culpa sobre el
recién estrenado grupo político de Chuan, ahora separado de la alianza,
el escándalo atraviesa a todo el sector. Esto queda en evidencia si se
tiene en cuenta que Medelius, un notario público paradójicamente
encargado de legalizar firmas, es un connotado miembro del Movimiento
Nueva Mayoría, otra de las cuatro agrupaciones que apoyan la
re-reelección de Fujimori. Y varios de los implicados como organizadores
del fraude están relacionados a una tercera agrupación de la alianza:
Vamos Vecino. Este último grupo fue formado para las elecciones
municipales de 1998 por el asesor presidencial Absalón Vásquez, actual
cabeza de la lista parlamentaria fujimorista, íntimo amigo de Chuan y
sindicado como el autor intelectual de la falsificación de firmas. Desde
que estalló el escándalo Vásquez ha desaparecido de escena y el
gobierno se ha esforzado en mantenerlo al margen de esta denuncia. La
fraudulenta inscripción del partido de Chuan, que en realidad es sólo
una etiqueta sin ninguna organización detrás, ha servido para darle su
nombre �Perú 2000� a la alianza que postula a Fujimori. De esta
manera, el presidente peruano ha podido seguir con su práctica de buscar
reciclarse en cada elección compitiendo bajo un rótulo electoral
diferente.
El escándalo de las firmas falsas también ha salpicado a la propia
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar
las elecciones y responsable del conteo de votos. El jefe de la ONPE en
Arequipa, la segunda ciudad en importancia del país, Rubén Calderón, ha
sido señalado por dos falsificadores arrepentidos que han denunciado el
caso como uno de los encargados de coordinar y supervisar a las más de
400 personas que en tres turnos trabajaban las 24 horas del día
falsificando firmas. Los falsificadores contaban, precisamente, con los
registros de la ONPE, de donde copiaban los nombres, datos y firmas de los
inscritos en el mismo para hacerlos pasar como adherentes de Perú 2000.
Calderón ha sido separado del cargo, pero las dudas sobre la
independencia de la ONPE, que ya estaba bajo sospecha, no han podido ser
contrarrestadas con esta separación. Con estas destituciones, presentadas
como renuncias voluntarias, el gobierno pretende dar por terminado el
escándalo, pero el tema está lejos de estar concluido y sus implicancias
van mucho más allá de las cabezas escogidas para buscar calmar el
agitado ambiente electoral
Interrogado por Página/12 sobre el asunto, el jefe de la misión de
observadores de la OEA, el ex canciller de Guatemala, Eduardo Stein,
señaló ayer que estas destituciones �no son suficientes� porque �este
caso no sólo involucra a una agrupación, sino que tiñe la legitimidad
delproceso electoral. No sólo es un tema penal, sino que hay un delito
electoral�. Stein señaló que el caso, que actualmente es investigado
por la fiscalía, en cuya independencia nadie confía, �debe
esclarecerse pronto�. Fue enfático en afirmar que �a más tardar los
primeros días de la próxima semana deben darse cambios sustanciales en
el proceso electoral. Estos cambios deben darse en esclarecer esta
denuncia de falsificación, pero también en otros aspectos, como el
acceso de los candidatos a la televisión (actualmente los canales de
televisión se niegan a pasar publicidad de los candidatos opositores) y
el uso de fondos públicos para favorecer a un candidato�. ¿Y un retiro
de la misión de la OEA si los cambios que exige no ocurren? Ni sí ni no:
�En estos momentos no estoy en condiciones de responder su pregunta�.
Ahora, si todo sigue igual, el observador evocó dos escenarios posibles:
�Postergar las elecciones o eliminar este proceso y convocar uno
totalmente nuevo�. Pero aclaró: �Son los peruanos los que deben
decidir qué hacer�.
| �Las condiciones no están�
A solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
Relator Especial para la Libertad de Expresión Santiago Canton,
informó sobre la preocupante situación de la libertad de expresión
en el proceso electoral peruano. El análisis de las denuncias permite
concluir que el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en
Perú se ve seriamente comprometido por la utilización sistemática
de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad como
instrumentos de hostigamiento y persecución de periodistas de
investigación y políticos de oposición. A criterio del Relator, �en
Perú no existen las condiciones necesarias para el ejercicio pleno
del derecho a la libertad de expresar ideas políticas de oposición o
críticas a la gestión de gobierno a través de los medios de
comunicación.� El Relator considera que estas limitaciones al
ejercicio de la libertad de expresión en Perú �constituyen un
serio obstáculo para el normal desarrollo del proceso electoral.�
Después de recibir el informe, la CIDH expresó su profunda
preocupación sobre el actual proceso electoral en Perú. |
LOS GUARDAESPALDAS DE ALLENDE
Y UN BUEN MILITAR
Casos Nos. 74 y 75 contra Pinochet
El ritmo al que se
reproducen las querellas contra Pinochet en Chile es vertiginoso. Desde su
detención en Londres en octubre de 1998 hasta su regreso a Santiago el 3 de
marzo pasado fueron presentadas algo más de 50 demandas, que junto a las de
los últimos 10 días ya suman 75. Pero las de ayer tienen un valor extra:
una fue presentada por el Partido Socialista del flamante presidente Ricardo
Lagos por la desaparición de 34 miembros del cuerpo de seguridad del ex
presidente socialista Salvador Allende, más conocidos como GAP (Grupo de
Amigos Personales), después del bombardeo a La Moneda el 11 de setiembre de
1973. La otra fue por el �secuestro agravado� de Carlos Carrasco, un
cabo del Ejército que trabajaba para la DINA, la policía política de la
dictadura, y que habría sido secuestrado por tratar bien a los detenidos en
el campo de concentración Cuatro Alamos.
Carrasco engrosa la lista oficial de 1198 detenidos-desaparecidos, pero
hasta su secuestro era parte de las fuerzas de seguridad regulares, más
específicamente de la guardia de Cuatro Alamos. En marzo de 1975, el joven
de 21 años conocido como �Mauro� desapareció porque, según los
testimonios de ex presos políticos, daba buen trato a los detenidos y
habría sido sorprendido por sus superiores. El abogado Nelson Caucoto, que
presentó la demanda ante la Corte de Apelaciones de Santiago, aseguró que
existen pruebas de que Carrasco pasó por Villa Grimaldi, uno de los más
conocidos centros de torturas de la DINA, aunque después se perdió su
rastro.
De quienes también se perdió la pista es de 25 socialistas miembros del
GAP, que junto a otros nueve �cuyos restos fueron encontrados entre 135
cadáveres exhumados en 1991 de tumbas clandestinas descubiertas en el
Cementerio de Santiago� desaparecieron durante el asalto al palacio
presidencial. �La querella va dirigida contra Pinochet, ya que hay pruebas
concretas de que había órdenes directas para hacer desaparecer y
exterminar a todos los miembros del GAP�, explicó el diputado socialista
Juan Bustos. La demanda quedó en manos del juez Juan Guzmán Tapia, que
lleva adelante la mayoría de las 75 querellas en contra del ex dictador.
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