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 Las
autoridades de ATC sumaron ayer elementos a los organismos que investigan
el manejo del canal durante los años del menemismo, con el objetivo final
de que la Justicia ordinaria reúna pruebas que le permiten llevar a
tribunales a los ex interventores Gerardo Sofovich, Horacio Frega y German
Kammerath, a quienes se les imputaría administración fraudulenta. El
interventor del canal oficial, Juan Carlos Abarca, remitió ayer a la
Oficina Anticorrupción del gobierno una serie de pruebas de que hubo una
larga lista de operaciones irregulares vinculadas con las emisiones de los
XII Juegos Panamericanos y al funcionamiento del desaparecido ATC Cable.
Por ambos manejos, afirma la actual administración, el canal perdió
veinte de los setenta millones de dólares que son hoy su pasivo. La
denuncia presentada en la oficina aporta una serie de datos que resultaron
de la investigación llevada a cabo por contrato con ATC por la
Sindicatura General de la Nación (Sigen).De acuerdo con la documentación recogida por la Sigen, y trasladada por Abarca a la Oficina Anticorrupción, las irregularidades detectadas contribuyeron a que, tanto el frustrado emprendimiento de ATC Cable como la televisación de los Juegos Panamericanos llevados a cabo en 1995 arrojaran, fueran enormemente deficitarios, casi sin explicación, porque se los presentó como buenos negocios. Los fiscales federales Carlos Rívolo y Claudio Navas ya habían elevado al juez Carlos Liporaci esta semana un pedido de que les tome declaración indagatoria a Sofovich, Frega y Kammerath, como presuntos responsables de administración fraudulenta. El Gobierno no cabía en sí de contento, a tal punto que el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, emitió un comunicado saludando la actitud de los fiscales. Liporaci dijo que estaba a la espera de que la Sigen finalizara su informe de auditoría para llegar a esa instancia procesal. La decisión de la intervención de publicitar un nuevo envío de documentación respaldatoria de sus denuncias periodísticas transparenta hasta qué punto hay una cruzada interna para que los culpables de lo que el Gobierno considera un vaciamiento del canal sean procesados por la Justicia. La semana pasada la Sigen, a instancias de la nueva administración de ATC, remitió a la Oficina Anticorrupción un primer informe donde detalla una serie de desfasajes en las cuentas de ATC. Hay, por ejemplo, 375 mil pesos gastados en derechos de exhibición de films, con un sobreprecio del 100 por ciento. Página/12 ya había anticipado detalles de estas irregularidades: en el último trimestre de 1999 se compraron películas como Mir-tha de Liniers a Estambul y La casa de las siete tumbas a 40 mil y 21 mil dólares respectivamente, cuando esos mismos films habían sido adquiridos ese mismo año a Imagen Satelital por 3 mil dólares cada uno. La investigación de la Sigen descubrió el pago de honorarios por asesoramiento impositivo, laboral y societario (105 mil pesos), por realización de estudios de utilización de la señal en el interior (78.900 pesos), y por trabajos de abogados, sin que haya habido contraprestación de servicios. En otro orden, diputados y senadores del peronismo presentaron ayer sendos proyectos de resolución pidiendo al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación informe sobre la situación que vive actualmente ATC en el plano laboral, luego del despido de un grupo de trabajadores del noticiero, que derivó en un conflicto por el cual desde hace doce días no salen al aire los informativos. El conflicto, intermediado por el Ministerio de Trabajo, no tiene aún resolución.
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