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La decisión del jury se
conocerá el 30 de este mes. Pero ya quedó preanunciado que Brusa no
tendría escapatoria: la semana pasada el tribunal decidió, después de
haber oído a menos de la mitad de los 130 testigos citados, suspender el
resto de las declaraciones. El abogado Juan Gersenobitz y los diputados
Melchor Cruchaga (Alianza) y Miguel Angel Pichetto (PJ), que son los
miembros del Consejo de la Magistratura que formularon la acusación por
mal desempeño, sostienen que debe perder sus fueros por "el
desprestigio" que lo envuelve a raíz de su actuación durante el
Proceso y por las sospechas que la propia Justicia tiene de que atropelló
con su lancha a un nadador en la laguna Setúbal, que huyó sin atenderlo
y trató de manipular el expediente en su favor.
Para dar cuenta del punto de partida de "un proceso de 20 años
de deslegitimación social" de Brusa, Cruchaga abrió el Nunca más
en la página 196 y ejemplificó con uno de los relatos referidos a
centros clandestinos de detención de Santa Fe. "En el mes de
noviembre de 1977 Rubén Viola --leyó
el consejero-- es sacado del penal de Coronda para ser trasladado a la
Comisaría 4ª (...) Luego de varias sesiones de tortura es interrogado
por el secretario del juzgado federal Dr. Brusa (Legajo Nº 7474 y Nº
7519) en la misma comisaría; cuando el declarante mencionó al magistrado
los apremios que había sufrido, éste se rió y le aconsejó que no
insistiera en eso porque lo podrían tratar peor aún".
"La conducta de quienes
torturaron o colaboraron con torturas no prescribe", advirtió
Gersenobitz para contrariar argumentos exhibidos con anterioridad por la
defensa. Y dando un salto hacia los hechos de la laguna Setúbal, comparó
la conducta de quien abandonó herido al bañista Miguel Angel Pedernera,
con la de alguien que "se paseaba por centros clandestinos haciendo
firmar declaraciones arrancadas bajo tortura". Al respecto, Pichetto
dijo: "El pasado siempre vuelve. Brusa tenía incorporado el concepto
de impunidad".
Los acusadores también reprocharon a Brusa haberse puesto al
frente de la causa sobre el accidente, en la que él mismo estaba bajo
sospecha. "Fue juez y parte", señalaron, a lo que sumó
maniobras destinadas a que la jueza subrogante renunciara al caso y que se
dilatara el trámite expediente. Todo eso, manifestaron, "acentuó su
actitud desvaliosa" como magistrado. "Un juez que demora a la
Justicia cuando a él le puede llegar, no puede ser juez", exclamó
alzando los brazos, el diputado Cruchaga.
Pese a la gravedad de los cargos, Brusa no dejó de compartir
bromas susurradas con sus abogados, su hermano Horacio, y los defensores
oficiales Néstor Ghirlandenghi y Carlos Casas Noblega. Para ellos al
magistrado cuestionado no lo condena su pasado sino "un producto de
la posmodernidad llamado quinto poder". En su alegato, proclamaron la
inocencia con una compleja explicación que incluyó la proyección de
transparencias referidas al episodio de la laguna. Un despliegue más
parecido a un proceso penal que a un juicio político. Incluso amenazaron
con apelar una posible condena ante la Corte Suprema, tribunal con el que
el Consejo de la Magistratura está en pleno enfrentamiento (ver aparte). "Estoy en el Poder Judicial y anhelo seguir en él", enfatizó Brusa ante el jurado que decidirá su suerte. En las antípodas, los consejeros aseguran "haber acreditado un estado de sospecha, de deslegitimación que no le hace bien a la Justicia por lo que Brusa debe ser desplazado como juez". En ese caso, se trataría del primer juez removido por la modalidad de juicio político que dispuso la reforma constitucional de 1994 para reemplazar el procedimiento que llevaba a cabo el Congreso. Para que se concrete la destitución deberían votar por ella 6 de los 9 miembros del tribunal.
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